El nuevo modelo de financiación autonómica va a ser el gran caballo de batalla de esta legislatura una vez que el Gobierno se comprometió, a cambio del voto de ERC y de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, diseñar un sistema "singular" para Cataluña. El término se le ha atragantado no sólo a las Comunidades gobernadas por el PP, sino también a las pocas que tienen al frente presidentes socialistas, especialmente al castellano-manchego Emiliano García-Page -con excepción de Navarra y País Vasco, dado su específico sistema fiscal- y a no pocos socios del Gobierno.

El peso de esa negociación recae sobre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que intenta estos días desligar la palabra "singular" de la de privilegio al tiempo que hace equilibrios en el alambre para que los compromisos adquiridos con ERC y Junts sean compatibles con un nuevo modelo que satisfaga a todos los territorios ya en pie de guerra. La ministra convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio, foro multilateral de negociación y al que no suele acudir Cataluña.

Siendo consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía en el último gobierno de Susana Díaz parecía tener mucho más claro que las Comunidades más ricas no tenían porqué ser las que más recursos recibieran, sino que el modelo debía regirse por los principios de equidad e igualdad de los ciudadanos independientemente de dónde vivieran. De hecho, apenas tres meses antes de desembarcar en Madrid llamada por Pedro Sánchez, los socialistas aprobaron en el Parlamento regional un dictamen sobre financiación autonómica elaborado por una comisión de expertos en el que se manejaban conceptos no muy distintos a los que enarbola ahora el PP.

El PSOE-A encargó un dictamen sobre financiación a un grupo de expertos

Por partes. Dicho dictamen lo encargó la Comisión de Hacienda y se publicó en el BOPA (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía) el 9 de marzo de 2018, estando entonces en el gobierno central Mariano Rajoy. Entre sus primeras consideraciones destacaba la exigencia de que el nuevo modelo "debe contar con un elevado consenso político y territorial, ha de ser justo y aceptable para todos y ser capaz de hacer efectivo el principio de equidad". En este sentido, agregaba el dictamen, "los recursos que proporcione a cada comunidad autónoma deben estar en consonancia con sus necesidades, independientemente de su capacidad tributaria, para que todas puedan prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, dado un mismo esfuerzo fiscal".

dictamen de la comisión de HaciendaDescarga

Los socialistas andaluces, entre ellos la consejera de Hacienda de entonces, hacían suyas las consideraciones del grupo de expertos que insistían en que la financiación -cuyo sistema llevaba entonces ya cinco años 'caducado'- "ha de ser justa y aceptable para todos, ha de ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos" y, a lo sumo, admitía el concepto de "diversidad", opuesto al de "singularidad".

A renglón seguido los expertos defendían que para ello "hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios. No son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino los ciudadanos que residen en ellos", concepto que se repite varias veces a lo largo del texto donde no se ahorran críticas a la pretensión de las "comunidades autónomas más ricas" de tener más recursos, ni al llamado "principio de ordinalidad", esto es, la posición que debe ocupar ocupa cada territorio en función de su recaudación fiscal.

No es defendible que las comunidades autónomas más ricas tengan más recursos"

Un torpedo en la línea de flotación sobre esa "financiación singular" lo constituye la afirmación tajante de que "no es defendible que las comunidades autónomas más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos, del mismo modo que sería inadmisible que un ciudadano, por disponer de más renta y pagar por consiguiente más impuestos, recibiera servicios públicos en mejores condiciones que otro con menores recursos".

Por ello, la capacidad fiscal de los territorios "no debe condicionar de ninguna manera el cumplimiento de la equidad en la prestación de servicios públicos. Una comunidad con un nivel de renta relativamente bajo debe poder ofrecer los mismos servicios que otra con más renta". Además, el Parlamento de Andalucía consideraba entonces que el criterio de ordinalidad -la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranquin de las mismas en términos de capacidad fiscal- "puede poner en peligro el principio de equidad", concepto que también se repite con insistencia en el texto. En definitiva, "igual financiación por habitante (ajustado) para cualquier ciudadano español, con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo esfuerzo fiscal", sentenciaban los expertos.

El PSOE andaluz también criticó el sistema de funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Incluso los socialistas andaluces suscribieron las críticas que ahora hace el PP respecto a los mecanismos de funcionamiento interno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que Montero va a convocar para el próximo mes de julio. El dictamen de los expertos habla de "deficiencias en su función de coordinación y en la toma de decisiones" si bien creen que es un foro de debate adecuado.

En este caso recomendaban que, con la negociación del nuevo modelo de reparto financiero, se abordara otra "del reglamento de régimen interior de este órgano para actualizarlo y darles más participación a las comunidades autónomas", incluyendo el "sistema de votación para establecer reglas que fomenten un consenso suficiente y una mayor participación real de las comunidades autónomas, lo que debe redundar en mayor corresponsabilidad fiscal y mayor transparencia en las decisiones".