La Fiscalía Anticorrupción no ve delito de estafa en la investigación sobre el 'pelotazo' por la adjudicación del Puerto de Quetzal (en Guatemala) a la empresa de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura. Después de analizar la documentación del país guatemalteco el Ministerio Público no cree base para este delito, pero las pesquisas siguen adelante por cohecho nacional por un lado –tras la contratación del comisario José Manuel Villarejo– y cohecho internacional por el otro. El juez Manuel García Castellón pretende dar un empujón a esta y a otras ramificaciones de la macrocausa antes de jubilarse después de verano.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional llegó a abrir casi medio centenar de piezas separadas del caso que comenzó cuando en 2017 el comisario jubilado fue detenido. Cada proyecto para el que había sido contratado desde particulares hasta empresas del Ibex-35 ha sido analizado por la Fiscalía y sólo se han celebrado dos juicios de todos.

Algunas de las ramificaciones de las pesquisas han sido archivadas, por ejemplo el 'caso Dina' sobre el robo de la tarjeta del móvil a la exasesora de Pablo Iglesias o la pieza que indagaba las actividades del Rey Juan Carlos I y las confesiones de Corinna Larsen. Pero otras seguían en instrucción y tanto García Castellón como el Ministerio Público pretenden dar un impulso procesar a la mayoría de ellas para que esta fase no se alargue mucho más. El juez se jubila en unos meses y la intención es que el que venga no tenga que resolver demasiadas cosas pendientes en un tema que le pillará de nuevas.

Por eso, el Juzgado ha tomado declaración en las últimas dos semanas a una treintena de personas, según confirman fuentes jurídicas, entre las que hay testigos o policías investigados de los que sacaban datos de las bases del Ministerio del Interior para ayudar a Villarejo en sus trabajos de espionaje con la empresa privada Cenyt.

Por su parte, Anticorrupción ha ido presentando escritos en las distintas piezas. Hace unas semanas lo hizo en las pesquisas sobre BBVA, las cuales el juez dio por zanjadas precisamente este jueves proponiendo juzgar al expresidente del banco Francisco González y a la propia entidad.

En el último informe que ha presentado en el caso de los Pérez Maura (proyecto conocido como 'Pit') y, al que ha tenido acceso El Independiente, el fiscal da por "concluida la fase de instrucción" y señala que no queda acreditado el delito de estafa. "Sin perjuicio de que se hayan podido incumplir las cláusulas relativas a las garantías de los vendedores" [...] "no queda acreditado el elemento objetivo del engaño", expone.

Bajo el foco estaba el contrato de compraventa de acciones que los hermanos Pérez Maura –a través de su empresa Pérez y Cía S.L.– a la naviera APM Terminal que les reclamaba en un procedimiento arbitral una indemnización de 41,8 millones de euros más 14,6 millones además. Pero ese arbitraje quedó suspendido en enero de 2017 cuando comenzó el procedimiento penal.

El fiscal Jorge Andújar ha analizado si en el contrato de 2015 por el que los hermanos Álvaro y Ángel Pérez Maura vendieron a APM Terminal el proyecto "medió engaño al ocultarse" que ellos habían pagado comisiones presuntamente ilegales a los dirigentes guatemaltecos para hacerse con esa adjudicación en el puerto de Guatemala. Los españoles pagaron 30 millones de euros al que entonces era presidente del país Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Rosana Valdeti que fueron posteriormente detenidos.

La Fiscalía ve sobrados indicios para enjuiciar un cohecho nacional y otro internacional, pero sin embargo considera que no se incurrió en una estafa, sino que se trata de una cuestión civil esa que deberá ser suscitada en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, donde se había suspendido el proyecto a la espera de la resolución penal. "En el presente estadio procesal la Fiscalía Especial entiende que existen sobrados elementos tales como para formular acusación respecto delito contra las transacciones comerciales internacionales que fue inicialmente instruido", refleja el informe.

El juez decidió a principios de año no ampliar másla prórroga de la investigación sobre el proyecto de contratación de Villarejo que se encamina ya a juicio con delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y organización criminal, y, en cambio, desgajar la parte de transacciones comerciales internacionales y los delitos fiscales.

Como en otras piezas del caso, el principal investigado es Villarejo, y en esta ocasión a su nombre se suman los de los hermanos Pérez-Maura, el socio del comisario Rafael Redondo, su hijo José Manuel Villarejo Ruiz, el ex Director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, el exinspector de la Policía Antonio Bonilla y el empresario Adrián de la Joya, entre otros.