Hasta ahora, para el Gobierno solo cabía un escenario. Investidura de Salvador Illa. Muy al límite de plazo, cierto. Pero investidura. Ya ese campo de juego, sin embargo, no está tan claro. En el Ejecutivo reconocen ahora que la repetición de las elecciones en Cataluña es posible, aunque están convencidos de que ERC, de quien depende la gobernabilidad en la comunidad, cometería un error. Y en esa hipótesis, la de unos nuevos comicios autonómicos el 13 de octubre, la legislatura en España seguiría incapaz de escapar de su stand by, porque con otro proceso electoral en marcha la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, el instrumento que necesita Pedro Sánchez para dotar a su coalición de un horizonte de estabilidad, sufriría un nuevo retraso. Es decir, que la expectativa de poder llevar las cuentas al Congreso entre septiembre y octubre se diluiría. El proyecto de ley podría llegar a la Cámara unos meses más tarde, alargando así la parálisis legislativa del Gobierno.

El PSC ha navegado en los últimos meses en la cautela. Aferrado a una prudencia que es la marca de la casa de Illa. En la campaña el partido evitó entrar en un estado de euforia pese a que las encuestas avanzaban una victoria clara del candidato, triunfo que las urnas hicieron más holgado y contundente. Y con el escrutinio sobre la mesa, no quiso dar por hecho que ERC cedería sus 20 votos para investir a Illa como president. Ferraz y la Moncloa veían el camino más asfaltado. Pero ahora son conscientes de que se ha empedrado, hasta el punto de que nada se puede dar por seguro.

Los socialistas entienden la "financiación singular" como la compensación a Cataluña por sus competencias propias, pero insisten en que no cabe un 'cupo catalán'

A la cesión de la presidencia de la Mesa del Parlament a Junts, a la dramática división interna en ERC, a la marcha de Oriol Junqueras del liderazgo del partido —y él ha probado ser el máximo dirigente más proclive al entendimiento con los socialistas—, o a la incertidumbre sobre la respuesta de las bases —las que tendrán la última palabra sobre la gobernabilidad en Cataluña—, se ha sumado un elemento central. La financiación singular. ERC la entiende como sinónimo de un sistema de concierto, análogo al que funciona en Euskadi y Navarra. Los socialistas, como la compensación a Cataluña por su "singularidad", por sus competencias propias, como Mossos o prisiones.

Ese es el nudo gordiano de la negociación PSC-ERC. Y, por ahora, no hay "avances", según reconocen fuentes del Ejecutivo. Hacienda está dispuesta a explorar "fórmulas imaginativas" que puedan convencer a ERC y que supongan el reconocimiento de la "singularidad" catalana. Fórmulas que, por ahora, se niega a revelar para no entorpecer las conversaciones. "Lo importante es sacarles de la casilla del concierto económico, casilla en la que están tanto ERC como Junts", explican fuentes gubernamentales. Ese objetivo no se ha cumplido. Los republicanos no se apean, de momento, de su exigencia de sacar a Cataluña del régimen común. Lo decía el pasado lunes la portavoz del partido, Raquel Sans: quieren "la llave de la caja", que la Generalitat recaude todos los impuestos, para luego para participar en la solidaridad interterritorial. "Si ERC se mantiene en el cupo, entonces habrá elecciones", concluyen en el Gobierno, que siempre ha repetido que no cabe un concierto catalán, por insostenible e insolidario y por su dudoso encaje constitucional.

El Ejecutivo mantiene su tesis de reforma multilateral del modelo de financiación con el PP, pero no ve que tenga disposición al acuerdo

Hacienda no descarta que esa "fórmula imaginativa" de la que habla se trate de una salida que no implique tocar el sistema de financiación autonómica. Pero, en ese caso, el alcance sería menor. Dicho a la inversa, una modificación estructural del modelo obligaría a reformar el marco multilateral, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y para ello el Gobierno tendría que garantizarse los apoyos, bien de la mayoría de investidura o bien del PP.

"Es imperativo"

La vicepresidenta primera del Ejecutivo y titular de Hacienda, María Jesús Montero, siempre ha sostenido que quiere contar con los populares para una reforma del modelo. Y mantiene esa tesis, confirman fuentes muy próximas: "El cambio del sistema de financiación lo queremos hacer con el PP. Es que es imperativo", porque la formación de Alberto Núñez Feijóo preside 11 autonomías y gobierna en una más, Canarias. "La financiación singular para Cataluña es otra cosa", añaden las mismas fuentes. El Gobierno podría inyectar más recursos para Cataluña vía a través de transferencias consignadas en los Presupuestos del Estado para compensarla por esas competencias exclusivas, pero esa sería una salida puntual, no estructural, que además no sería vinculante si hubiera un cambio en la Moncloa y pasara a ocuparla el PP.

En el Ejecutivo aseguran que, a fin de cuentas, es ERC quien tiene que resolver su dilema, si quiere investir a Illa o elecciones. Y creen un "error" si se lanzara a una lista conjunta con Junts

En Hacienda no aprecian ninguna disposición por parte del partido de Feijóo a negociar un modelo de financiación autonómica que reemplace al vigente, aprobado en 2009 y caducado desde 2014. "El PP no quiere entrar y lo que pretende es usar esto como un arma de confrontación. Busca foco, cuando esto se tiene que discutir discretamente porque si no no sale". Los populares han pedido una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La habrá en julio, ha confirmado Montero, pero la vicepresidenta espera que allí todas las comunidades, especialmente las del PP —solo hay dos del régimen común que gobierne el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha— mantengan "sus posiciones de máximos". Y así, entienden, el acuerdo es imposible. En Hacienda admiten que ahora las CCAA no tienen muchos incentivos para dar paso a un nuevo sistema, porque la bonanza económica ha hecho que las arcas se llenen y haya más dinero para repartir. Es decir, que un ciclo económico positivo "hace que el modelo tenga mejor rendimiento" y la urgencia no es tanta. El problema llega, agregan, cuando vienen periodos de vacas flacas, de crisis, como sucedió en la década pasada, y ahí las autonomías sí estaban muy ahogadas.

El Gobierno tiene, pues, un estrecho y difícil margen para convencer a ERC por la vía de la financiación. Pero, como indican en el equipo del presidente Sánchez, la pregunta a la que tienen que responder los republicanos es si desean investir a Illa o bien ir a elecciones. "¿Y le interesa a ERC ir a una repetición? Tendrá que calibrar. Le interesa a Junts. Por eso es ERC quien tiene una encrucijada que ha de aclarar", resuelven desde el círculo de confianza del jefe del Ejecutivo, donde apuntan que sería un "error histórico" que los republicanos accediesen a integrarse en una lista conjunta con los posconvergentes en esas eventuales segundas elecciones. "Los dos partidos defienden modelos de sociedad distintos y no puede quedar la cuestión identitaria por encima de la ideología. El más vulnerable en esa repetición sería ERC", al salir más débil de las elecciones del 12 de mayo, en las que perdió 13 escaños (bajó de 33 a 20), explican.

El presidente del Parlament, Josep Rull (d), durante su reunión con el primer secretario del PSC, Salvador Illa (i), en su ronda de contactos para la propuesta de candidato a la investidura, el pasado 19 de junio de 2024, en Barcelona. | EFE / QUIQUE GARCÍA

Con todos estos elementos sobre la mesa, en el equipo de Sánchez quieren "confiar en que haya un acuerdo con ERC". "La repetición les reventaría —señalan—, pero no se puede descartar, por eso con ellos nunca se puede apostar". Es decir, que en el Gobierno asumen que la negociación con los republicanos puede fracasar. Algo que hasta ahora no figuraba con nitidez en su hoja de ruta.

En el círculo de Sánchez dan por hecho que lo que ocurra en Cataluña será al límite del plazo, cerca del 26 de agosto, cuando se disolverá la Cámara si no hay un nuevo 'president'

Lo que tienen claro en el Ejecutivo es que lo que ocurra en Cataluña, tanto si prospera la investidura de Illa como si se encamina hacia unos comicios en otoño, se resolverá muy tarde. Al filo del plazo. La cuenta atrás de dos meses arranca el próximo miércoles, 26 de junio. Si el lunes 26 de agosto el Parlament no ha elegido un nuevo president del Govern, la Cámara se disolverá y los catalanes deberán votar de nuevo a los 47 días. El 13 de octubre. Por tanto, la gobernabilidad se desanudará, anticipan en el Gobierno, "el último día, con la campana". En la Moncloa repiten una y otra vez que las conversaciones las conducirá el PSC: "Todo pasa por Illa. Que todo va a estar alineado y coordinado con el PSOE, también".

Si finalmente hay anticipo electoral, en Hacienda asumen que la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "se puede complicar". "Habrá que ver qué planteamiento tienen los socios. Nosotros no apostamos por eso, pero todo podría ser", indican fuentes próximas a Montero. En realidad, la situación de marzo se reproduciría: justo entonces el Gobierno estaba trabajando con sus aliados parlamentarios las cuentas del Estado para 2024, pero en cuanto Pere Aragonès convocó los comicios del 12 de mayo, Sánchez desistió de presentarlos para concentrarse en los de 2025. La razón era simple: con Junts y ERC en campaña y rivalizando entre ellos y los dos con el PSC, sería imposible acordar nada. "Y si vamos a elecciones", continúan en Hacienda, "Junts y ERC entran en competición entre ellos de nuevo, y no hay que olvidar que es a [Carles] Puigdemont a quien le interesa ir a elecciones para intentar hacerse más fuertes".

Consejo de Política Fiscal en julio

En caso de repetición de las elecciones, el Gobierno sondeará de nuevo a sus socios para ver su disposición al pacto. Hacienda podría optar por cerrar el proyecto de ley con Sumar y con el resto de aliados no catalanes para luego acabar de perfilarlo pasados esos hipotéticos segundos comicios. La ventaja del Ejecutivo, relatan, es que el ajuste estructural será "más suave" al haber salido España del procedimiento de déficit excesivo, lo que permitirá confeccionar unos Presupuestos más expansivos, y eso podría facilitar los acuerdos.

Si hay nuevos comicios, la tramitación de los PGE se puede "complicar", admite Hacienda, porque ERC y Junts entran de nuevo en competición

El calendario tentativo que maneja Montero es que en julio el Consejo de Ministros apruebe y remita a las Cortes el techo de gasto y la senda de estabilidad, previo acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno no tendría que encontrar problemas en el Congreso, pero sí en el Senado, que de hecho ya tumbó los objetivos de déficit de las cuentas de 2024, finalmente no presentadas. Este último escollo ya pronto se va a diluir porque el pleno de la Cámara baja aprobará el jueves próximo la enmienda introducida en la ley orgánica de paridad para arrebatar al Senado la capacidad de vetar la senda, una facultad que realmente no tiene en ninguna otra norma.

En condiciones normales, el Gobierno llevaría al Congreso sus Presupuestos entre finales de septiembre y mediados de octubre, para que pudiesen entrar en vigor el 1 de enero. Pero si finalmente hubiera repetición electoral y ERC y Junts pidieran un parón, los PGE de 2023 serían prorrogados por segundo año consecutivo y los de 2025 no se podrían aprobar hasta entrado el nuevo año.

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès (d), conversa con la diputada de ERC Marta Vilalta (c), tras la ejecutiva del partido, el pasado 17 de junio de 2024, después de que más de 300 militantes de ERC, entre ellos seis miembros del Consell Executiu en funciones, hubieran suscrito un manifiesto que, en pleno debate sobre el futuro de la formación, aboga por abrir un proceso de "renovación general de la cúpula dirigente" que culmine en el congreso nacional del 30 de noviembre. | EFE / QUIQUE GARCÍA

Sánchez necesita, por tanto, que se aclare el campo de juego en Cataluña para que la legislatura pueda avanzar. Pero si se repiten los comicios la cierta parálisis se prolongará unos meses más.

Fuentes muy próximas a Illa aseguran que las negociaciones con ERC "saldrán bien", porque hay "camino" para el entendimiento. En el PSC recuerdan que quedan dos meses de diálogo, y eso es una "eternidad en política"

En el círculo de Illa están seguros de que las negociaciones con ERC, que acaban de empezar, "saldrán bien". Porque "hay camino" para el entendimiento. Pero recetan "discreción" y "calma". Pero otros miembros de la ejecutiva del PSC son más negativos y creen que pinta "regular", que el escenario es "complicado" por el conflicto interno en ERC. "Nosotros contemplamos la posibilidad de ir a elecciones desde el primer momento. Pero a quien más perjudica es a ERC y a Cataluña —asegura un cargo institucional de primer nivel del partido—. Pero ahora ERC tiene el doble reto de sobrevivir y decidir quién dirigirá el partido. Todo a la vez". Otro relevante mando institucional, miembro también de al cúpula del PSC, pide sosiego, porque el escenario final es imposible de prever ahora mismo: "Quedan dos meses. Y eso es una eternidad en política".