La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a denegar al presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonè, los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje al que estuvo sometido entre 2019 y 2020.

En un auto del pasado 11 de junio, consultado por El Independiente, los magistrados rechazan dar más información sobre los expedientes del CNI. A mediados de enero, el Consejo de Ministros desclasificó tres documentos a petición del juez de instrucción de Barcelona que lleva el caso de Aragonès. Lo hacía "a petición" del magistrado y sin afectar "en ningún caso" la seguridad nacional.

La información desclasificada trata sobre el proceso adminsitrativo del aval judicial que el CNI necesita para poder intervenir las comunicaciones de cualquier persona. Este proceso depende de un juez del Tribunal Supremo, Pablo Lucas. Uno de los tres documentos era el permiso que desde los servicios secretos se pedía para intervenir un móvil oficial asignado a Aragonès y que antes había sido usado, presumiblemente, para coordinar a los Comités de Defensa de la República, surgidos para defender el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los otros dos escritos eran sendas prórrogas de la intromisión en el dispositivo.

El juez de Barcelona quería saber más, como por ejemplo quién había comprado el software Pegasus al fabricante, Israel. El Gobierno se negó aduciendo la seguridad del Estado. No se quitada el sello de secreto, por lo tanto, al resultado de la operación de los servicios secretos. Pero el abogado de la Generalitat quería toda la información.

Expediente completo

El 24 de abril presentó un recurso "para que complete el expediente administrativo en los términos interesados, y una vez completado el expediente, se nos dé traslado del expediente completo". A finales de mayo, el día 28, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS resolvió dando la razón al Gobierno sobre la desclasificación parcial y que en los expedientes no tenía por qué contenerse la información clasificada.

Tras el pronunciamiento de la Sala, el abogado de la Generalitat insistió, presentando un escrito en el que señalaba que los magistrados habían "omitido pronunciarse sobre la solicitud de complemento del expediente administrativo en cuanto a la información sobre las actividades del CNI relacionadas con determinado número de teléfono".

Ahora la Sala deniega de nuevo "el complemento solicitado del auto del 28 de mayo" porque "ni sobre lo uno ni sobre lo otro ha dejado de pronunciarse (...) como se desprende de la simple lectura del mismo". "Sobre los citados autos del Magistrado encargado del control del CNI dijimos que ya están a disposición del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona, por lo que las partes en el procedimiento que allí se sigue tienen acceso a los mismos. Y sobre la información atinente al número de teléfono dijimos que se trata de una solicitud genérica y que, además, el Abogado de la Generalitat de Catalunya no explica por qué esa información habría debido formar parte del expediente administrativo", añade el nuevo escrito.

El espionaje al independentismo

El 1 de octubre de 2017, y los posteriores altercados tanto ese año como los de 2019 cuando se conoció la sentencia del procés, marcaron un antes y un después para los servicios de información españoles. Las investigaciones sobre los CDR o Tsunami Democràtic coparon los despachos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La Benemérita llevó a cabo los informes judiciales sobre estas dos causas. El control de las comunicaciones, los seguimientos y las detenciones corrienron de su cuenta. Excepto en el caso de Pere Aragonès y otros 17 independentistas, tal y como reveló la anterior jefa del CNI, Paz Esteban, en la comision de secretos oficiales.

Como ya publicó El Independiente de fuentes del servicio secreto, la decisión de espiar al todavía presidente de la Generalitaf fue "política" y partió de Moncloa. Por eso se encargó del mismo el CNI y no la Guardia Civil, a pesar de que las razones esgrimidas es que desde un telégono de Aragonès se había coordinado a los CDR.

El comienzo del espionaje a Aragonès data, según lo desclasificado, de julio de 2019 con Pedro Sánchez ya en la Moncloa. Aquel año se celebraron elecciones primero en abril y más tarde noviembre, al no alcanzar un acuerdo. Los resultados mostraron la necesidad de llegar a pactos entre varias formaciones, con un Congreso multifragmentado. Era la primera vez que el PSOE iba a necesitar de la confianza de distintas formaciones políticas, incluidas las independentistas, para conseguir investir a su candidato.

Las negociaciones con ERC empezaron a mitad de noviembre de ese mismo año. Había pasado tan solo un mes desde la primera prórroga que el CNI pidió al juez de Supremo para seguir controlando el móvil de Aragonès. Aunque se negó que los indultos a los líderes del procès, entre ellos el de Junqueras, jefe del por aquel entonces vicepresident, fuesen un punto a debatir, ERC terminó confirmando que lo fueron desde un primer momento. Las escuchas terminaron en marzo de 2020, justo el mes del primer decreto de estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.