El Gobierno no ha querido esperar más. Intentó negociar con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso una vuelta atrás de la reforma regresiva de las leyes trans y de protección de las personas LGTBI que la Asamblea de Madrid aprobó en diciembre del año pasado. No fue posible. Así que la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez es la de llevar a los tribunales a Ayuso. Los dos ejecutivos añaden por lo tanto un nuevo frente de conflicto.

El Consejo de Ministros acordó este martes interponer sendos recursos de inconstitucionalidad contra las dos leyes de la Comunidad de Madrid (la 17/2023 y la 18/2023), con el aval del Consejo de Estado. Las dos normas autonómicas serán suspendidas por el Tribunal Constitucional en cuanto este acepte las impugnaciones. La primera, la 17/2023, se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans, y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto. Las dos modifican las leyes madrileñas 2/2016 y 3/2016, aprobadas en la época de Cristina Cifuentes (PP) como presidenta regional.

El Ejecutivo se suma al Defensor del Pueblo, que recurrió un punto de una ley porque entendía que exigía requisitos "patologizantes y desproporcionados" a los menores trans

Los dos recursos ante el TC fueron anunciados en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y detallados por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a tres jornadas del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra este viernes 28 de junio, aunque las celebraciones en la capital, en Madrid, serán la próxima semana. El Gobierno no es el primero que acude al TC contra la contrarreforma madrileña. Ya en abril interpuso su propio recurso el Defensor del Pueblo contra un inciso de la ley 17/2023, porque entendía que exigir a los menores que deseen someterse a un tratamiento farmacológico a recibir apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, y mantenerlo durante todo el proceso. Además, se exige a los que padecen alguna enfermedad un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías. Ambos requisitos, encontraba el Defensor, son "patologizantes y desproporcionados".

Redondo explicó que las dos leyes, la 17/2023 y la 18/2023 "limitan, reducen e imponen nuevos requisitos" para el ejercicio de los derechos que ya se reconocían en las dos normas autonómicas de 2016 que se aprobaron con Cifuentes como presidenta. Además, ambas suponen un "recorte de derechos" que estaban reconocidos en la ley trans estatal (la 4/2023). La ministra apuntó que "por lealtad institucional" la normativa autonómica tendría que ir justo en el sentido contrario al impuesto por Ayuso. Es decir, que las dos leyes tendrían que haber ampliado derechos reconocidos en la ley estatal, apurando las competencias de las CCAA, yendo más allá "en la defensa de las garantías y derechos de los ciudadanos". Sin embargo, las dos leyes madrileñas son "regresivas" y "limitan y vulneran" los derechos que ampara la norma estatal, impulsada por el Ministerio de Igualdad cuando era dirigido por Irene Montero.

"No deja dudas" de la prohibición de las terapias de conversión

El Gobierno no impugna las dos leyes al completo, sino solo aquellos elementos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado. Son cuatro los puntos que se llevan al TC. Uno, la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión. La ley estatal "no deja dudas", prohíbe este tratamiento, y sin embargo Madrid permite "el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que a menudo son formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias".

Igualdad considera que Madrid también invade las competencias del Estado al excluir a las organizaciones LGTBI en procedimientos penales y administrativos sancionadores

Segundo motivo, la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición. Afecta "de forma profunda" a derechos reconocidos en la ley estatal y que llevó el Defensor a su recurso, ya admitido a trámite, explicó Redondo.

Tercera razón: se impugna la contraposición discriminatoria que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos "sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres". Redondo subrayó que garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro ni limita los derechos de otras personas. Es una previsión "claramente discriminatoria".

Por último, el Ejecutivo de Sánchez también considera que las dos leyes invaden las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito. Al limitarse sus derechos, "atenta y afecta a la distribución de competencias que la Constitución establece", acabó.

Redondo hace hincapié en que una vez el TC admita los recursos, quedarán suspendidas las leyes madrileñas hasta que haya sentencia

El Gobierno abrió la vía del diálogo con la Comunidad de Madrid —la que posibilita el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional— para buscar una modificación de ambas leyes. Se inició la negociación pero no hubo "avances" ni "ninguna comprensión conjunta". Por eso Igualdad ha decidido llevar al Gobierno de Ayuso al TC antes incluso de que concluyera el plazo máximo de seis meses que prevé el 33.2 para negociar.

"Los derechos de las personas trans y LGTBI no pueden seguir esperando y es competencia del Gobierno garantizar que en todo el territorio del Estado se pueden disfrutar estos derechos en igualdad", subrayó Redondo, para resaltar la ventaja que tienen los recursos presentados por el Ejecutivo central: la suspensión de las leyes impugnadas en cuanto lo admite el TC, que se mantendrá, si lo consideran los magistrados, hasta que se resuelva el fondo del asunto. "No puede haber diferenciaciones entre las personas LGTBI de Madrid y las del resto de España", acabó.