Nadie se atreve a dar por seguro nada. A dar por hecho que cuajará, esta vez sí, el acuerdo de Gobierno y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero a lo que sí apuntan ambas partes es a que esa posibilidad, la de un pacto para desbloquear un órgano que lleva más de cinco años y medio con el mandato vencido, está más cercana. Incluso inminente. Que el consenso puede cerrarse "dentro de unos días". El mundo judicial está a la expectativa, ahogado por una situación límite, por las decenas de plazas sin cubrir y un enorme desgaste. Por eso mismo también empuja a favor del acuerdo, para que no haya más "demoras".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó en TVE un ultimátum a Alberto Núñez Feijóo apenas tres días después de las europeas del 9 de junio, la última meta volante electoral de este año —salvo repetición de las autonómicas catalanas el 13 de octubre—: o accedía a renovar el CGPJ en este mes o directamente el Ejecutivo llevaría al Congreso una iniciativa de PSOE y Sumar, socios de coalición, para desproveer al órgano de gobierno de los jueces de su facultad más apetitosa para los partidos, su capacidad para nombrar a la cúpula judicial. Ese plazo concluye el próximo domingo, día 30. Y aunque los socialistas no quieren hablar ahora de la palabra "ultimátum", en principio mantienen su intención de respetar ese deadline dado por el presidente.

La portavoz del PSOE expresa su "optimismo" y "confianza" en llegar a un acuerdo "más pronto que tarde", para que "dentro de unos días" la renovación del CGPJ sea "una realidad"

Ya en los últimos días el clima parecía haber cambiado, porque el PP mostraba una mayor predisposición —"Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo [el Gobierno] como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar", decía Feijóo el pasado miércoles en el Congreso—, aunque el Gobierno se quejaba de que no veía avances. Pero este lunes esa atmósfera más positiva se hizo más patente este lunes. Por parte de Ferraz y de Génova, las sedes nacionales de los dos partidos. En las declaraciones públicas y en las privadas.

La portavoz de los socialistas, Esther Peña, mostró en rueda de prensa en la sede federal su "optimismo" y su "confianza" en un acuerdo con el PP, que pueda materializarse "más pronto que tarde", de forma que "dentro de unos días" la renovación del CGPJ, después de más de 2.000 días de bloqueo, sea "una realidad". Eso sí, apeló a la "discreción" para que las negociaciones culminen con éxito. La dirigente reconoció que "en las últimas horas, en los últimos días" se están produciendo contactos con los conservadores. En la cúpula socialista insistieron en ese mensaje de optimismo y añadieron incluso que esperan que no sea necesario agotar el plazo.

Génova, dice su portavoz, mantiene su "buena voluntad" para cerrar un pacto, pero no se va a "bajar" de su exigencia de que los jueces elijan a los 12 vocales del turno judicial

Los populares siguen con "buena voluntad" para llegar a cerrar un nuevo CGPJ, señaló desde Génova el portavoz del PP, Borja Sémper. Eso sí, recuperó el avisó de que para su partido es un requisito irrenunciable un cambio del modelo de elección del CGPJ, de tal manera que los jueces elijan a los 12 vocales del turno judicial —los otros ocho son juristas de reconocido prestigio— para garantizar la "independencia" del Poder Judicial. Una posición, añadió, de la que el PP no se va a "bajar".

No hay más detalles por ahora porque las conversaciones están rodeadas de un enorme hermetismo. Ambas partes se han afanado por blindarlas, precisamente para intentar que salgan adelante. No hay fecha tampoco de una siguiente reunión de los negociadores —el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons— con la Comisión Europea, que desde finales de enero estaba ejerciendo una labor de mediación a petición de Feijóo.

No cabe el 'cherry picking'

Lo único que sí han deslizado los dos partidos es que ahora mismo se está hablando del relevo del CGPJ, no del resto de instituciones y organismos pendientes de renovación, como el Banco de España, RTVE, el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Gobierno sí había lanzado ya el aviso de que todo estaba "relacionado", pero "no condicionado". Es decir, que el desbloqueo del CGPJ no condiciona el resto, pero sí influye. Lo decía este lunes en Hoy por hoy (SER) el ministro Carlos Cuerpo: no cabe hacer, apuntaba, lo que los ingleses llaman cherry picking, es decir, que el PP elija cuándo y cómo se renueva una institución que quiere que se renueve porque le conviene. Por eso pedía un marco de negociación conjunta que incluya al Banco de España, la CNMC y la CNMV.

Hasta que no haya acuerdo, dar nada por sentado es imposible. Lo que sí parece es que si sucede puede ser pronto", asegura un ministro

En el núcleo duro de Sánchez la expectativa de que es posible un acuerdo para el relevo del CGPJ ha crecido. Aunque con máxima prudencia, porque en otras ocasiones —la última, en octubre de 2022— también se tocaba el pacto con la punta de los dedos y finalmente se frustró por la negativa del PP. "En este tema, hasta que no haya acuerdo, dar nada por sentado es imposible. Lo que parece es que si sucede puede ser pronto. Desde luego, antes del 30 de junio seguro. Si es que sucede. Si veo el acuerdo, me lo creeré", sentencia un ministro de peso. "Esto se puede cerrar en 15 minutos. Lo que hace falta es tener voluntad", insisten por su parte fuentes de la Moncloa.

En el PP, mientras, opinan que ahora, sin un horizonte electoral a corto plazo, más allá de una posible repetición de comicios catalanes a mediados de octubre, y con las vacaciones de verano de por medio, este puede ser el momento de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, aunque insisten en que el Ejecutivo debe atender sus "exigencias" sobre la despolitización de la Justicia.

En el PP opinan que ahora, sin elecciones a la vista (más allá de una eventual repetición en Cataluña) y las vacaciones de por medio, sí puede ser un buen momento para el acuerdo

No desvelan tampoco la fecha del encuentro a tres con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders —que volverá a su puesto esta semana después de su excedencia para hacer campaña por el puesto de secretario general del Consejo de Europa— o, en su defecto, con la vicepresidenta de la Unión,  Věra Jourová, pero admiten que están hablando con el PSOE, que "siempre hubo" contactos, a pesar del larguísimo ciclo electoral, que culminó el 9-J y cortocircuitó cualquier posibilidad de acuerdo en ese periodo. En todo caso, la desconfianza hacia el Gobierno "no ha desaparecido" y han sido muchas las veces en que el acuerdo estuvo al alcance de la mano y acabó malográndose.

La clave para el PSOE es "quién tomará la decisión" en el PP

Quizá el eslabón más crítico con ese acuerdo sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no pocas veces ha defendido con vehemencia su posición contraria a negociar cualquier pacto con el Ejecutivo de Sánchez. De viaje estos días en Alemania, el miércoles de la semana pasada hizo balance de su primer año de mayoría absoluta tras las elecciones locales y autonómicas del 28-M y entonces dejó muy claro que había que "acertar" con el hipotético acuerdo —"nos va la democracia en ese cambio"— y, desde el momento en que el órgano de gobierno de los jueces haga nuevos nombramientos para el Supremo, "es para siempre, no podemos fallar". "Si esa renovación no se hace a través de la modificación del sistema, va a hacer que nos arrepintamos. Sería la estocada final para la separación de poderes y contra el Poder Judicial que está entredicho y dividido por el propio Gobierno". Así se lo habría trasladado a Génova, relató.

La presidenta madrileña ha advertido de que si no hay un cambio del modelo el PP se arrepentirá: "Sería la estocada final para la separación de poderes"

De hecho, desde el PSOE siempre apuntaron a Ayuso y al entorno mediático del PP de "reventar" el acuerdo de octubre de 2022, adonde parece que se podría volver con un pacto que incluyera también medidas contra las puertas giratorias o periodos de carencia para pasar de la justicia a la política y viceversa, aunque desde entonces, "el Gobierno ha tomado un sin fin de decisiones contrarias a ese espíritu" y la desconfianza sigue viva, sostienen en el PP.

En el Gobierno y en el PSOE, de hecho, preguntan a Feijóo qué hará esta vez, si cumplir la Constitución o atender a "sus jefes": Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar y Santiago Abascal. "¿Ya sabe el líder del PP si va a tener autonomía para decidir si accederá a la renovación del CGPJ? ¿Ha hablado con Aznar y con Ayuso para ver si le dejan? Porque una clave es quién va a tomar la decisión", concluyen fuentes del Ejecutivo. Si esta vez tampoco no prospera el acuerdo, la lectura de los socialistas será clara: significará que Feijóo ha vuelto a sucumbir a la presión de los halcones del PP, comandados por la presidenta madrileña.

Barones moderados del PP entienden que no se puede seguir arrastrando este tema, pero que hay que cobrar "algún tipo de pieza" al Ejecutivo para vender la "despolitización" de la Justicia

Y es que si bien la posición de Ayuso es maximalista, otros barones territoriales del sector moderado entienden que no hay que seguir arrastrando este asunto, pero advierten de que hay que cobrar al Gobierno "algún tipo de pieza" para poder trasladar el relato de la "despolitización" de la Justicia y justificar por qué ahora es posible lo que no ha sido en los cinco años y medio anteriores.

El precedente fallido de 2022

Para hallar la última intentona negociadora hay que retrotraerse a octubre de 2022, cuando el Gobierno jugó al despiste ocultando, según la versión del PP, su pacto con ERC para hacer desaparecer del Código Penal el delito de sedición y la creación de un tipo atenuado de malversación de fondos públicos, siempre que este no estuviera vinculado al lucro o enriquecimiento personal. El PP se apoyó en que el ministro Bolaños lo había negado, hasta que fue una llamada a Feijóo de Sánchez, que estaba viajando desde Johannesburgo hasta el aeropuerto de Pretoria (Sudáfrica), la que desbarató el pacto. El Gobierno siempre sostuvo que la reforma de la sedición estaba en su programa legislativo y que incluso la número dos del PP, Cuca Gamarra, había dicho apenas unos días antes que sedición y CGPJ eran "dos cuestiones distintas". Para los socialistas, lo que ocurrió es que Feijóo no supo "aguantar el tirón" frente a la derecha "más reaccionaria", frente a su derecha mediática, política y económica.

El PP se sintió engañado por el presidente hace casi dos años, mientras que el PSOE atribuyó la ruptura de la negociación a la falta de cuajo de Feijóo frente a su derecha mediática y política

Entonces en Génova sostuvieron que muy probablemente el ministro de la Presidencia —que todavía no lo era de Justicia— desconocía el alcance real del acuerdo con ERC. Del mismo modo, especulan ahora con que Bolaños "no estaba al tanto del ultimátum del jefe del Ejecutivo" anunciado en una entrevista en el programa La hora de la 1 de TVE del pasado 12 junio cuando anunció que, de no haber acuerdo antes de finales de este mes, activaría un plan b, unilateral, para modificar las competencias del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el ministro era y sigue siendo una de las personas de máxima confianza de Sánchez.

El anuncio de Sánchez en la tele pública hizo creer a algunos sectores del PP que quien no quiere ahora el acuerdo "es el PSOE". También por el hecho de que, de repente, lo vincularan a la renovación de otros organismos como el consejo de administración de RTVE, el Banco de España, el TC, la CNMC y la CNMV. El primer partido de la oposición ha desvinculado la negociación del CGPJ del resto. La respuesta y la caída del secreto, en cualquier caso, debe producirse pronto. Para bien y para mal.