El Gobierno defiende que su pacto con el PP no obliga a cambiar el modelo del CGPJ y Feijóo amaga con romperlo

Lo escrito, escrito está, pero las lecturas de las dos partes, Gobierno y Partido Popular, no son coincidentes. Y era previsible que ocurriera con una de las partes medulares del pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que ambos suscribieron el martes en Bruselas: la posibilidad de un cambio del modelo de elección de los 12 vocales del turno judicial. El Ejecutivo defiende que la propuesta de reforma que eleve el nuevo CGPJ en el plazo de seis meses no compromete a los partidos, "no es vinculante", mientras que, para el PP, el órgano de gobierno de los jueces tiene el mandato "imperativo" de construir un nuevo sistema que garantice la "participación directa" de la carrera judicial, y sería "sorprendente" que luego las Cortes hicieran que "les da igual lo que haga". El pacto es "claro", según Alberto Núñez Feijóo, y "o se vota en su totalidad" la proposición de ley que lo vertebra "o no se hará".

El acuerdo firmado el martes por el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, comprende tanto los nombres de los 20 vocales (y 12 suplentes) del nuevo CGPJ como una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del Estatuto del Ministerio Fiscal. El miércoles por la tarde, PSOE y PP registraron la iniciativa en el Congreso. El texto suscrito por los partidos indica, en su disposición adicional que, el nuevo CGPJ, en el plazo de seis meses, elaborará un informe para "examinar los sistemas europeos de elección de los miembros" de los Consejos análogos al español y también "una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados, aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales".

La proposición de ley registrada señala que la propuesta que haga el CGPJ, en el plazo de seis meses, se trasladará a Gobierno y Parlamento para que, "basándose en ella", se redacte una iniciativa para, "en su caso", aprobarla

Una propuesta, continúa esa disposición, que "garantice" la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que, "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine", pase el filtro de la Comisión Europea. Esa propuesta de cambio será "trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, "basándose en ella", "se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación". La clave está, precisamente, en ese inciso, en el "y en su caso", porque en el fondo el texto deja todo abierto.

El Gobierno se aferra a esa redacción literal para defender que no tiene por qué asumir el informe que elabore el nuevo CGPJ. Ayer por la noche en Hora 25 (SER) y este jueves por la mañana en La hora de La 1 (TVE) y en Al rojo vivo (La Sexta), Bolaños insistió en que la propuesta que eleve el órgano de gobierno de los jueces "no es vinculante". Demandó "dejar trabajar a los nuevos vocales del CGPJ" y que hagan su planteamiento "con ese consenso reforzado", ya que han de aprobar esa propuesta por una mayoría de tres quintos. Consenso que "garantiza que tenga que haber personas con diferentes sensibilidades", y eso en sí mismo "es un valor". Es decir, que los 10 vocales conservadores no podrán imponer su modelo ni el que anhela el PP, que defiende que sean los jueces los que elijan a futuro a los 12 vocales del turno judicial (los otros ocho son juristas de reconocido prestigio, como indica la Constitución).

Para Feijóo, el acuerdo es "muy claro" y obliga al CGPJ a elaborar una propuesta de reforma de la le que concrete la "mayor participación" de los jueces en la elección del Consejo a futuro

Feijóo, en una entrevista en esRadio, replicó al ministro que el acuerdo sellado en Bruselas es "muy claro" porque la proposición de ley registrada el miércoles en el Congreso mandata al CGPJ entrante a que "en seis meses emita una propuesta de reforma de la ley de acuerdo con los estándares europeos al objeto de concretar la mayor participación" de los jueces. "Al señor Bolaños lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro: es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno", subrayó, para reconocer que esta era una de las cuestiones que les llevó "más tiempo" redactar y consensuar.

Al preguntar al líder del PP por las palabras del ministro de que este acuerdo no compromete al PSOE en el cambio de elección de los vocales jueces, señaló que comprende que el modelo del partido del Gobierno "no es el protagonismo de los jueces en la elección de sus pares en el Consejo". "Esa no es la postura del Partido Socialista. Eso es evidente. La nuestra sí que la es", enfatizó, para añadir que la disposición adicional citada apunta que se mandata al nuevo CGPJ a elaborar esa propuesta, informa Europa Press. El Consejo entrante, siguió, tiene un "mandato imperativo, que es que tiene que hacer eso [la propuesta de reforma]". "Por lo tanto, sería muy sorprendente que se le diga al Consejo, haga usted eso y que nos da igual lo que haga", expuso. A partir de ese informe del nuevo CGPJ, el PSOE "lo votará o no lo votará y Europa hablará y Europa hará su informe de Estado de derecho". "Si no comparte lo firmado, haberlo pensado antes", despachó a su vez Pons en el patio del Congreso, quien recordó que una copia de lo escrito lo tiene en depósito la UE y "repasará el cumplimiento" por las dos partes.

"Estoy sorprendido"

"Lo que hecho es decir lo que dice la disposición adicional pactada", defendió de vuelta Bolaños en Al rojo vivo. El ministro recordó que la proposición de ley está firmada por los dos grupos y ya se registró ayer en el Congreso, "y dice exactamente lo que dice, que hay un plazo de seis meses", que el Consejo entrante ha de estudiar el Derecho comparado y redactar "una propuesta de mejora" que habrá de enviar al Gobierno y a las dos Cámaras para que elaboren un texto que debatan "y en su caso aprueben". "Es lo que se registró. Estoy sorprendido. No hago más que explicar lo que dice el texto y es lo que se pactó". El Ejecutivo advierte además de que el texto especifica, como no puede ser de otra manera, que son los titulares de la iniciativa legislativa (Gobierno y Parlamento) los facultados para registrar esa eventual reforma.

Bolaños recalca que la literalidad de la disposición adicional no obliga a que los partidos asuman el informe del nuevo CGPJ: "Hago mía cada palabra de esa disposición"

Respecto a la amenaza de romper el pacto de Feijóo —"o se vota en su totalidad [la proposición de ley] o nada"—, Bolaños recalcó que la iniciativa ya está en la Cámara baja, y es la misma que la que firmó el martes con Pons. "Esa disposición adicional ha sido una de las más debatidas y más negociadas. Hago mía cada palabra de esa disposición adicional. Es lo que está en tramitación parlamentaria y lo que se aprobará", garantizó.

"Por supuesto, si se puede mejorar el modelo, hagámoslo, pero lo esencial de ese acuerdo es que basa en un amplio consenso", incidió el ministro. Bolaños recordaba en TVE, como hiciera anoche en la SER y el martes en Bruselas, que el actual modelo se basa en un pacto de Estado alcanzado por el Ejecutivo del PP y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2001, que fue actualizado en 2013 —con Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia— y ratificado ahora otra vez. Es decir, que si se diese vida a un nuevo sistema, este ha de gozar como poco de ese apoyo mayoritario.

Los dos partidos mantienen su disposición a pactar más nombramientos. "Deberíamos hablar y lo vamos a hacer en los próximos días", indica el ministro. El escollo mayor, RTVE

En el fondo, ambas partes están diciendo lo mismo, solo que ponen el acento en el punto que más les interesa. El Gobierno subraya la idea de que el informe que habrá de elaborar el CGPJ no compromete a las Cortes y Feijóo, que el órgano está obligado a elaborar esa propuesta de cambio que contenga una "participación directa" de los jueces. Y es que para los populares era vital este punto, una reforma garantizada del sistema de elección. Pero no lo consiguieron. Al final, la redacción es semejante a la que pactaron los dos partidos en octubre de 2022, pero en aquel momento el acuerdo saltó por los aires porque el PP se echó atrás en el último momento aduciendo que el Ejecutivo no se apeaba de su reforma del delito de sedición, que a su vez había apalabrado con ERC. El PP presume de haber logrado además la despolitización de la Justicia, pero a cambio ha promovido para la vacante que había de cubrirse en el Tribunal Constitucional a José María Macías, vocal del CGPJ saliente y miembro del ala dura de la derecha judicial.

Más allá del Poder Judicial, está pendiente la renovación de varias instituciones, y las dos partes muestran disposición. Feijóo indicó que lo lógico es que su partido acuerde con el Gobierno que este nombre al gobernador del Banco de España —como impone la ley— y que el PP proponga al subgobernador. Bolaños explicó que todavía no hay conversaciones pero las habrá: "Deberíamos hablar y lo vamos a hacer en los próximos días. Vamos a intentar mantener el clima de diálogo". El escollo parece encontrarse en RTVE, que tiene a cinco consejeros caducados y uno más, el expresidente de la Corporación José Manuel Sánchez Tornero, que renunció a su cargo. "Hay consejeros en funciones y tenemos que intentar ese pacto", sostuvo el ministro, que recordó que la afirmación de Feijóo de que RTVE está funcionando en la "ilegalidad" es falsa, porque el Tribunal Supremo avaló a finales de mayo el cambio de estatutos que hizo el Gobierno para que Elena Sánchez pudiera ser presidenta interina tras la dimisión de Tornero. Por lo tanto, las funciones de su sustituta, Conchi Cascajosa, son "conforme a Derecho", ya que "el Supremo ha hablado".