En el fondo, todo sigue (casi) igual. El Gobierno, con su fragilidad parlamentaria. Los socios, a veces distantes, a veces más próximos, pero sin incentivos para hacer descarrilar la legislatura, al menos por ahora. Y el PP, en el mismo rumbo de oposición. El pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial —y la cobertura de una vacante en el Tribunal Constitucional— no cambia sustancialmente el ecosistema y las dinámicas de la legislatura. Lo cree el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que no quita, agrega, para que, derribado el escollo más importante, ahora se perciba más cercana la posibilidad de acordar con los populares el relevo de otras instituciones y organismos caducados o próximos al vencimiento de su mandato. En cualquier caso, en la Moncloa sí están satisfechos con los resultados de un pacto que han tardado más de cinco años y medio en conquistar y que supone, abundan en en Ferraz, que "la legislatura se afianza y coge tracción", porque ya hasta el PP "parece abandonar la perspectiva de un adelanto electoral".

En cuanto el ministro Félix Bolaños y el dirigente del PP Esteban González Pons firmaron en Bruselas, bajo la tutela de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la UE, Věra Jourová, los socios parlamentarios de la coalición gubernamental expresaron sus recelos, su malestar. Sus avisos al PSOE. Los más beligerantes, ERC y Podemos. Consagra "la pulsión constante del PSOE y de Sánchez de caminar hacia una gran coalición" cambiando de aliado, apuntó el portavoz republicano, Gabriel Rufián. El PSOE va camino de la "rendición al PP y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática", se sientan las bases de "una gran coalición", dijo Ione Belarra, líder de los morados. Es lo que PSOE y PP llevan haciendo 40 años, "un reparto de poder", resumió Míriam Nogueras, la representante de Junts. Sorpresa también en el PNV. "No resuelve el problema de fondo", consideró Bildu. Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, sí aplaudió el acuerdo, del que estuvo informado y que se ha traducido en la inclusión, en el nuevo CGPJ, de un vocal de su sensibilidad, el magistrado Carlos Preciado, y de otra pactada con los socialistas, la fiscal Inés Herreros.

Los socialistas rechazan la crítica de que esto es el inicio de "una gran coalición" con el PP. La agenda social saldrá adelante, recuerdan, con el bloque de investidura

Era la reacción "normal", la que esperaba el Gobierno, según indican fuentes muy próximas al presidente. "Excepto Podemos, que se ha pasado de revoluciones, lo demás es normal. Críticas. Nuestros socios no quieren que pactemos con el PP. Se celan porque creen que influyen menos. Pero lo entendemos con deportividad", añaden.

En el Gobierno y en Ferraz, por tanto, minimizan las quejas de los socios. Entienden que las alianzas están amarradas y que, aun con muchas dificultades —sobre todo por el comportamiento imprevisible de Junts—, la aprobación de la agenda social saldrá adelante con ellos, aunque no con la velocidad de la legislatura pasada, en la que los socialistas podían jugar con la geometría variable. De hecho, este jueves, las críticas de los aliados comenzaron a atemperarse. Podemos, por ejemplo, ya no hablaba de que la estabilidad parlamentaria esté en riesgo, informa EFE, aunque seguía cargando contra el PSOE por haber roto la mayoría de investidura.

En Sumar señalaban que el acuerdo suscrito con el PP el martes era, en sus grandes líneas, semejante al que en octubre de 2022 estuvo a punto de firmarse con Alberto Núñez Feijóo, cuando quien estaba en el Gobierno era Unidas Podemos. El socio minoritario de la coalición, como el PSOE, no cree que el pacto con el PP para el CGPJ afecte a la legislatura. "Todos sabemos a lo que hemos venido", advertían. Tampoco ERC, PNV o Bildu iban más allá, pese a dejar patentes sus críticas.

Sumar tampoco cree que afecte en nada a la legislatura el desbloqueo del CGPJ con el PP. Ya Podemos estaba en el pacto fallido de 2022, dicen

Una prueba de que los puentes siguen, por ahora, intactos, la dio el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban. Durante el pleno en el Congreso, esperó a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, y juntos despacharon en la zona reservada al Gobierno en el palacio de la carrera de San Jerónimo. A la salida, la ministra dio carácter de plena normalidad al encuentro: "Siempre tenemos cuestiones con los grupos que se discuten y que se interesan de cómo van".

"Predisposición positiva" de los grupos para las cuentas

Pero la vicepresidenta sobre todo quería adelantar a los medios que este jueves se publicará en el BOE la orden que da "el pistoletazo de salida" a los Presupuestos Generales del Estado para 2025, orden por la que Hacienda reclama a los distintos ministerios que especifiquen, hasta el 8 de julio, sus necesidades y prioridades, "habitualmente demandas muy ambiciosas porque todo el mundo quiere hacer muchas cosas".

Montero anuncia que este jueves el BOE publicará la orden ministerial para que arranque la elaboración de los Presupuestos de 2025

Es un trámite normal, que no reviste de mayor importancia y que simplemente supone el arranque de la tramitación de las cuentas del Estado, primero a nivel interno, dentro del Gobierno, pero al que Montero quiso dar empaque precisamente para poner el foco en las alianzas con los socios de investidura. El Ejecutivo confía en que los grupos tengan en mente que "España necesita unos nuevos Presupuestos" y cuenta con que "su predisposición va a ser positiva". Hacienda, apostilló, acudirá "con el ánimo de poder pactar".

Para los PGE de 2025, cuya viabilidad está sujeta a la resolución de la gobernabilidad en Cataluña, los socialistas cuentan por tanto con sus socios. En absoluto con el PP.

El Ejecutivo asume, en ese sentido, que la relación con Feijóo se puede hacer algo más fluida, traducirse en más pactos para la renovación de instituciones, pero poco más. Para la Moncloa, de hecho, fue muy indicativo el tono duro que empleó el líder del PP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El dirigente gallego marcó distancias, recalcó que no había firmado el acuerdo del CGPJ para "ayudar" a Sánchez, sino para poner "límite a la voracidad del Gobierno en controlar las instituciones del Estado", y le exigió la dimisión del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

En la Moncloa prevén que el PP continuará con "el mismo hilo de oposición". "Les da miedo pactar con nosotros. Lo normal es que hagan aspavientos para calmar al ala dura"

La previsión en la Moncloa es que el PP "continuará con su senda, no va a soltar el mismo hilo de oposición". "Les da miedo pactar con nosotros por la reacción en el interior del partido. No esperamos que el PP se vaya a transmutar de repente. El discurso de Feijóo de hoy [por este miércoles] en el Congreso es más de lo mismo. Él tiene que calmar a Vox y al sector duro de su partido, eso lo entendemos. Lo normal incluso es que ahora mismo Feijóo haga aspavientos para diferenciarse de nosotros y tranquilizar a esa ala dura. Es que lo vimos igual con Pablo Casado", reflexionaban fuentes de primer nivel del Gobierno. Ni siquiera aprecian en el núcleo duro del presidente una ventana de oportunidad para volver a llevar a la Cámara la reforma de la ley del suelo o la abolición de la prostitución, dos batallas que perdió antes de las europeas y para las que necesita al PP.

En definitiva, "el pacto para el CGPJ no cambia nada en la legislatura. No tendrá ninguna repercusión", resumen en el primer círculo de confianza de Sánchez.

Lo que sí queda pendiente es el resto de la renovación institucional pendiente. Y ahí el Gobierno confía en que el clima positivo que se ha instalado con el PP tras el pacto del Poder Judicial se extienda y no se marchite. El paso siguiente, espera, sería el del Banco de España, sobre el que ya está hablando con Génova. El jefe del Ejecutivo, según dispone la ley, propone el nombre del gobernador y tradicionalmente se ha consensuado con el primer partido de la oposición el de su número dos. Economía tiene cierta urgencia en elegir al próximo gestor del BdE, porque el mandato de Pablo Hernández de Cos concluyó el 11 de junio y su subgobernadora, Margarita Delgado, aunque ejerce ahora el cargo en funciones, no tiene derecho a voto en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

El relevo más 'conflictivo', RTVE

El ministro Carlos Cuerpo querría que para el 18 de julio, cuando está programada la siguiente reunión de política monetaria del BCE, el supervisor bancario dispusiera de un nuevo gobernador. En la Moncloa deslizan que podría procederse por tanto ya al nombramiento de este cargo y dejar para un poco más adelante el del subgobernador, acordado con el PP, porque Delgado no cesa hasta el 11 de septiembre.

Todavía no ha llegado a las Cortes el proyecto de ley que restablecerá la Comisión Nacional de la Energía, cuya cúpula también será nombrada

La cobertura de las vacantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) —en este caso, la prisa es menor, porque los cargos de presidente y vicepresidente caducan en diciembre— tampoco debería revestir demasiada complejidad, a ojos de los socialistas. Pero sí puede ser más conflictivo el relevo en RTVE, de cuyo consejo de administración, de diez miembros, hay cinco con el mandato vencido —tres promovidos por el PP, uno por el PSOE y otro por el PNV— y una renuncia, la del expresidente José Manuel Pérez Tornero, elegido en la cuota socialista. Para el Gobierno, se debería respetar el peso de cada sensibilidad, que fue acordado con el PP en la renovación de 2021, "y distinto sería que se quiera cambiar a las personas o las normas de funcionamiento", el modelo.

A todos estos organismos se debería sumar la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE). El Consejo de Ministros aprobó en febrero pasado el anteproyecto que restablece la CNE como autoridad regulatoria independiente en materia energética, separada de la CNMC. El texto no ha llegado aún al Congreso para su tramitación parlamentaria, y cuando se culmine y se dé vida a la nueva CNE habría que nombrar a su cúpula. "No tenemos calendario aún para la renovación de instituciones. Al PP le interesa llegar a acuerdos con nosotros en este ámbito, y nosotros estamos dispuestos. Si todo fuera como la seda, intentaríamos tener todo pactado antes del verano, a finales de julio, pero si no después de las vacaciones. No es perentorio", señalaban desde el Ejecutivo, llamando a la calma.

La legislatura se afianza y coge tracción. Tras pasar el ciclo electoral, se logra traer al PP a un pacto al que se resistía durante los últimos cinco años y medio, y se siguen llevando iniciativas", celebran en Ferraz

Un mensaje que la Moncloa ya deslizó al cerrar el acuerdo con el PP por el CGPJ es que se ha probado la "profundidad de la legislatura". Es decir, que si Feijóo sospechara que puede haber un adelanto de las generales próximo "no habría pactado". Idea que repetían en Ferraz: "La legislatura se afianza y coge tracción. Tras pasar el ciclo electoral, se logra traer al PP a un pacto al que se resistía durante los últimos cinco años y medio, se siguen llevando iniciativas, algunas tan importantes como las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania en los precios, en la factura de la luz, la ley de paridad, más fondos para ciencia…".

Más velocidad legislativa en julio

En la dirección socialista advierten de que con el arreón legislativo que se prepara para julio —se habilitarán al menos cuatro plenos, los días 4, 11, 17 y 23, para tramitar los nombramientos del Poder Judicial, aprobar de forma ultrarrápida la proposición de reforma consensuada con el PP (registrada por cierto este miércoles por la tarde en el Congreso), y avanzar en el debate de leyes— se seguirán "aprobando medidas para la mayoría". "Es muy importante que el PP no se encuentre en el extrarradio de la política española, y eso es compatible perfectamente con el mantenimiento de la mayoría de la investidura, que es la que aprueba esos avances sociales. La legislatura tiene recorrido, contenido, objetivos y retos muy importantes. En eso vamos a centrarnos", apuntan desde Ferraz.

La oferta del Gobierno a ERC para que invista a Illa es explorar otras vías, "fórmulas imaginativas", pero no aceptará el concierto

No obstante, la legislatura sigue pendiendo de un hilo por Cataluña. Y ahí el escenario se ha vuelto poco a poco más sombrío. En el Ejecutivo perciben a ERC con su posición muy enquistada: no se apea de su exigencia de un concierto económico para Cataluña, que para los socialistas es inasumible, como de hecho verbalizó este miércoles en el Congreso Montero en su respuesta a una pregunta de ERC. En la Moncloa insisten en que no aceptarán un cupo catalán y en que su oferta a los republicanos es explorar otras vías, "fórmulas imaginativas".

Pero el escollo principal, para el equipo de Sánchez, es que no se ha diluido la perspectiva de una repetición electoral en Cataluña. Si se hubiera despejado esa opción, "habría más posibilidades" de entendimiento con los independentistas, "pero ERC está preocupada porque Junts apuesta fuerte por el concierto". En el fondo, lo que está detectando el Ejecutivo es la dificultad de sellar un acuerdo con los republicanos que permita la investidura de Salvador Illa, porque la amenaza de unos segundos comicios continuará presente, ya que Carles Puigdemont busca ese escenario, esa segunda vuelta.

La Moncloa observa que si se disipara la perspectiva de una repetición electoral en Cataluña sería más fácil pactar con ERC

Y si no se desatasca Cataluña, la suerte de los Presupuestos de 2025 corre peligro. Si hay urnas de nuevo, el Gobierno podría tener que retrasar la tramitación de las cuentas del próximo año. La sensación de incertidumbre persiste, aunque haya elementos que se enderecen. Como la ansiada renovación del CGPJ, con la que "por fin se entra en la normalidad institucional", que permitirá previsiblemente allanar el camino hacia el relevo de otras instituciones. Pero la arquitectura de la legislatura es la que es y eso no lo cambia el pacto suscrito por Bolaños y Pons. Todo sigue (casi) igual.