El presidente de Vox, de momento, omite anunciar una ruptura con el PP en las seis regiones en las que los populares dependen expresamente de ellos para gobernar. Cinco directamente en coalición y cuatro con vicepresidencias. Pero sí pide a esos ejecutivos que pongan "todo lo que está en su mano" para rechazar cualquier compromiso migratorio adoptado desde el Gobierno. Para, con ello, poder cumplir los compromisos en materia de inmigración ilegal adoptados el verano pasado en todos los enclaves, bajo firma de acuerdo de PP y Vox. A la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería y al reparto de menores migrantes desde las Islas Canarias a otros puntos geográficos de la Península, para descargar la saturación en la que se encuentra la administración insular, se ha referido el líder de Vox desde la sede nacional de Bambú, este viernes.

"Estamos plenamente dispuestos a cumplir con total fidelidad los pactos, porque nosotros tenemos palabra. Pero le pedimos al PP lealtad con esos pactos. Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos el compromiso con nuestros votantes y nuestra palabra", ha expresado Abascal, abonando ese ultimátum de romper si el PP pacta algo en materia migratoria con el Gobierno nacional.

Abascal lo ha hecho durante su intervención, a puerta cerrada y solo para militantes, en la Asamblea General Ordinaria del partido, que se ha encargado de aprobar las cuentas anuales de la formación. Hay que recordar que ya en enero el partido celebró una con carácter extraordinario, donde el de Amurrio revalidó la presidencia y donde se renovaron y ampliaron órganos de dirección como el máximo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Éste se ha reunido a las nueve de la mañana para valorar el acuerdo de esta semana entre PP y PSOE para la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo. Algo que no ha gustado en Vox.

Paralelamente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido al asunto en una visita a un campamento urbano con niños en Torrejón de Ardoz. Aunque no ha querido valorar singularmente el órdago de Vox, sí ha defendido que en los gobiernos regionales "vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores para acoger cualquier necesidad y contingente". Ello, no obstante, destacando que "hay un problema evidente de una falta de política migratoria del Gobierno y la falta de fondos o el ataque al problema en origen". Dando por entendido su apoyo a "un proyecto que sea viable" y que palie las deficiencias, sobre todo la económica y de financiación para que las comunidades tengan recursos para el asilo. "La solidaridad de las comunidades del PP está garantizada, pero es hora de que pongan recursos y medios. Si no es así, el problema lo tenemos todos" frente a un Ejecutivo que, por el momento, "solo distribuye el problema".

Cuentas aprobadas

Sin conocer estas declaraciones, Abascal ha incidido, por otro lado, en el trabajo interno para el "crecimiento" de la formación en los últimos procesos electorales. Ello, frente a quienes dice, querían y quieren "matar a Vox". "No han entendido por qué nos apoyan tantos españoles": "esos ataques son la mejor prueba de que estamos haciendo lo correcto". Abascal da por descontada la fortaleza de futuro del proyecto, reivindicando su utilidad frente a PP y PSOE, por ejemplo, por "el reparto de los jueces". El vicepresidente Ignacio Garriga, ha insistido en ello, afirmando que "Vox es mucho más fuerte de lo que creen y de lo que dicen, por eso vamos a seguir creciendo gracias a todos vosotros".

El partido ha aprobado sus cuentas con el 91,47% de participación de aquellos afiliados con derecho a voto en una jornada en la que el Tribunal de Cuentas amenaza con sanciones a la entidad, así como a los comunes y Sortu, por ocultar la identidad de sus donantes. Recientemente, tras publicarse, y reflejarse que Vox tiene un patrimonio de 6,8 millones —contemplándose gastos e ingresos pendientes de unos quince millones por los procesos electorales— de euros y que gastó medio en litigios judiciales o que donó 2,5 millones a su Fundación Disenso, el eurodiputado Luis (Alvise) Pérez, denunció por sus canales de redes sociales presuntas irregularidades en las cifras que Vox, rápidamente, se apresuró a desmentir. En el partido siempre insisten que "todo está auditado por el Tribunal de Cuentas".

Abascal ha valorado estos "bulos y desinformación" sobre Vox. Tachando todas las publicaciones que van en contra del partido como noticias "falsarias". Incluso ha invitado a los afiliados a comprobar si se presta tanta atención al resto de cuentas de otros partidos. Sobre todo las de PP y PSOE.