Semana complicada para los socios de gobierno nacionales del PSOE y regionales del PP. El pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha desbloqueado el organismo tras cinco años de tiranteces entre los dos brazos del bipartidismo, ha hecho percibir —o al menos así lo quieren trasmitir a sus audiencias— a partidos como Podemos o ERC una ligera vuelta al estilo político de hace dos décadas, de colaboración con los pequeños partidos para temas menores, mientras que los dos grandes pactaban lo realmente importante a través de acuerdos de Estado. Vox sigue homologando a PP y PSOE como partidos similares.

Sumar, congratulado en un inicio por el paso adelante dado, incluso participando con en la elección de dos de los diez vocales elegidos por los socialistas, pasó en menos de 24 horas a criticar el aspecto que deja a los jueces elegir el propio modelo de elección y que tendrá que pasar por las Cortes Generales como proposición de ley orgánica. Aunque los magentas dejaban en el aire la posible "o no" aprobación una vez llegase a la Cámara Baja, voces autorizadas del PP aseguran que existe "un tercer documento" que compromete a Félix Bolaños con la comisaria de justicia europea Věra Jourová a no entorpecer. Si para Junts el acuerdo es "una conservación de poder" para repartirse la justicia cuando se exige respetar la separación, Vox fue más allá y consideró una "estafa" el consenso cuando los populares "han estado sacando a la gente a la calle" para protestar contra el "asalto" a la justicia del Gobierno a través de la amnistía.

Si bien estas cuestiones no han requerido de quite por parte de PSOE y PP, que han restado importancia o han señalado, en caso de los segundos, que los ultraconservadores están en la permanente negativa, incluso con un pacto "bueno para España" que mejora las condiciones de la justicia "pese al enviste constante de Sánchez" contra ella, no ha sido el judicial sino el tema de la extranjería el que amplifica la brecha. Y mediante la cuál Vox pasa a vincularse a la estrategia del ultimátum en la que está instalada Junts. De, o se cumple esta exigencia, o quedas en minoría y el control político cae.

Va un paso más allá de la simple retórica sostenida hasta ahora. En el caso de Vox es más duro, puesto que a diferencia de Junts, sí toca parcelas gubernamentales directamente. En Aragón, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Murcia. En Baleares controla desde fuera.

Hasta la fecha Vox solo apostaba por la retórica con el PP, diferenciando Génova de sus aliados territoriales

Pacto a pacto para sostener a Sánchez

Ya amagaron con dejar en minoría al Gobierno los neoconvergentes en enero, en el superpleno parlamentario trasladado al Senado por reformas en el Congreso, y que albergó la votación de varios decretos ley. Para su aprobación, al menos el escudo social, que ahora se renueva, y el ómnibus, que incluía un paquete de ayudas de 10.000 pendientes de la UE, el Gobierno tuvo que comprometerse a transferir las competencias de inmigración a Cataluña para que Junts no votase y desequilibrase la escueta pero suficiente suma. Pero ahora, con una propuesta de pacto para la reforma de la Ley de Extranjería y para un reparto de menores migrantes que se encuentras en Canarias tras oleadas de llegadas masivas de pateras, la alerta y el enviste se plantan en Junts y Vox. A petición del presidente canario Fernando Clavijo, y trabajada con el ministro de Política Territorial, el también canario Ángel Víctor Torres, el partido de Carles Puigdemont ve peligrar ese acuerdo.

El principio de acuerdo migratorio y para la reforma de la legislación de extranjería conllevaría un reparto regional de jóvenes migrantes. Los neoconvergentes ya han exigido dejar al margen a la autonomía para apoyar la norma, aunque la aparente disposición popular no pondría en peligro la mayoría necesaria, absoluta. En el PP, fuentes consultadas por El Independiente aseguraban durante la semana que es estaba "lejos" de un acuerdo de Estado en este asunto, que debe pasar por una conferencia sectorial de debate autonómico también. Pero este viernes, mientras el líder de Vox daba un aviso más explícito al PP apuntando a esa ruptura, Feijóo garantizaba la "solidaridad" de las regiones bajo control popular. Tanto esas fuentes como el propio Feijóo señalaban la condición más crucial: la financiación, que capacite las infraestructuras y contar con la capacidad de atención necesarias para asegurar condiciones "dignas".

La exclusión de Cataluña, vía disposición adicional, en palabras de Torres, "no es aceptable". Lo dijo este viernes, pidiendo "sentido común" a todos los partidos. Pero Junts no ve lógico que haya imposiciones, dice, cuando en estos momentos sigue negociando esas transferencias de inmigración. Respecto a esa demanda de altura de miras, los de Puigdemont entienden la complicada situación canaria, pero alertan de que en Cataluña también tienen un problema migratorio. Y que ha sido uno de los principales destinos —poca capacidad económica y presencia de centros — anteriormente. De las 6.000 personas que ya se distribuyeron por la Península, un tercio fueron a la comunidad. Ello, con una dotación de 1,8 millones frente a los 50 que se destinaron a Canarias. Son 900 euros por cada uno. Hay que matizar que la diferencia para atender a cada migrante es de 350 euros aproximadamente, un total de 1.250 para cada uno. Ahora bien, la presión migratoria llegó a casi 40.000 personas solo el año pasado. Este año superan las 8.000 personas añadidas a las anteriores.

Para evitar fisuras más allá de la negativa a refrendar el texto definitivo que se eleve al Congreso o por el reparto, algo probable en vista a la tendencia de apretar-soltar por la que apuesta Junts, sobre todo vislumbrando una posible repetición electoral a finales de año en Cataluña, el PSOE empieza a tener algunas consideraciones con ellos. Y con el resto de socios desencantados con el pacto de esta semana, como ERC y el PNV. Ya se ha derogado la trasposición europea [el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil] que podía poner en peligro la aplicación de la amnistía frente a cuestiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la UE. También el nuevo decreto anticrisis incluye la supresión del IVA en el aceite de oliva para paliar la escalada de precios, algo que Junts exigió en enero.

Con el PNV se han desarrollado reuniones para abordar varias carpetas pendientes, en materia de Hacienda o de Transporte. Aitor Esteban y el ministro Óscar Puente conversaban este miércoles en las dependencias del hemiciclo, durante el pleno de control al Gobierno, de hecho. Con ERC se quiere reactivar ya la mesa bilateral con el Govern saliente de Pere Aragonès para abordar la condonación parcial de la deuda pactada para la investidura. La cifra asciende a 15.000 millones de euros. Algo que se hace, además, para ganarse la confianza y el posible apoyo a Salvador Illa para la investidura. El reloj ya ha echado a correr.

Sin juego de equilibrios para el PP

A diferencia de estas dotaciones, que se puede permitir el Gobierno con sus socios, complicado tiene el PP hacer guiños a los de Abascal. Podría haber mandato desde Génova para que sus aparatos regionales fueran algo más complacientes en otros asuntos con Vox. O que partiera de las propias administraciones locales. El problema que tienen los ultraconservadores es que han depositado su prosperidad electoral en este pasado ciclo en la cuestión migratoria para diferenciarse notablemente del PP. Ha monopolizado su discurso considerablemente. Por eso, al plantear este cisma con los de Feijóo, haya compensación o no, aceptar y resignarse a acogidas, por gestionar las carteras competentes el PP, podría acarrearles problemas con sus votantes. Irían contra uno de sus principales ejes. El ultimátum de Abascal, en este caso, tiene poca salida alternativa que no pase porque el PP asuma su petición.

El posicionamiento de Feijóo no apunta a ello, desde luego. Dependerá, en última instancia, de cómo venda Bambú el resultado final del tema. El reproche de la migración ha sido una constante de Vox al PP nacional, con quien, tras un acercamiento corto para la investidura fallida de Feijóo en agosto de 2023, en el que consiguió ganarse el reconocimiento y respeto de Génova, terminó rompiendo a finales de año. Por su negativa a "una acción coordinada" contra el Gobierno de Pedro Sánchez [ha habido intentos de aproximación, la última una carta de Abascal a Feijóo tras la misiva de Sánchez, como guiño]. Y contra temas como la amnistía. Se le ha reprochado por el plano europeo, tras aprobarse el Pacto Migratorio [que apoyó Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, y no Vox] de la mano de populares y socialistas europeos. Pero también por votar a favor de iniciar los trámites parlamentarios, es decir, el debate, para la regularización de casi medio millón de inmigrantes ya presentes en España, que trabajan.

El PP argumentó que quiere abrir el debate con el Gobierno, pero que en ningún caso estaba asumiendo la iniciativa al completo. El tema migratorio es espinoso para Génova. Que, de cara a la campaña electoral, y viendo peligro en Vox o complicado darle el ansiado [y logrado sorpasso], empezó a vincular las irregularidades con la inseguridad para catapultar la candidatura de Alejandro Fernández. El silencio sobre la materia volvió a caer al acabar la campaña. Está por ver qué efectos a medio plazo tienen estos toques de atención.