El presidente del Gobierno se comprometió en el pleno del Congreso del pasado 12 de junio a presentar ante la cámara un "paquete de medidas de regeneración democrática" antes de que termine el mes de julio. ¡Estamos en puertas!

Esa ofensiva tendría como fin, según su promotor, la "defensa de la veracidad" en los medios de comunicación y acabar de una vez por todas con los bulos que se difunden desde la "máquina del fango".

Viniendo de quien viene esa iniciativa hay que ponerse en lo peor.

El preámbulo de este anuncio, que en tono amenazante se hizo justo después de las elecciones europeas, es la publicación por algunos medios de comunicación de informaciones que llevaron a un juzgado de Madrid a abrir diligencias y a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Que hay una relación causa efecto entre una cosa (la imputación) y la otra (el paquete de regeneración) no es sólo la constatación de una sucesión temporal de hechos, sino que viene corroborada por la publicación de dos cartas a través de la red X (antes twitter) en las que el presidente reconocía sentirse abrumado por los ataques que estaba sufriendo su esposa. Es más, estuvo a punto de dimitir por ello.

Por tanto, hay que pensar que lo que tiene en mente Pedro Sánchez (y a eso estarán dedicados sesudos abogados y expertos de todo tipo) es poner una barrera para que lo que le ha sucedido a su esposa no vuelva a ocurrir. Lo cual es bastante difícil, si uno no quiere coartar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información. Que todo podría ser.

La coartada para restringir esos derechos sin que lo parezca consiste en que hay unos periodistas y unos "pseudomedios digitales" que se dedican a propagar informaciones falsas, que dañan la buena imagen de determinadas personas, obedeciendo a oscuros intereses siempre ligados a la extrema derecha. En efecto, hay ciertos periodistas que se inventan cosas, pero ese no es el caso de lo publicado sobre Begoña Gómez, que, en lo sustancial, es cierto.

En los próximos días, el Gobierno presentará su paquete de regeneración democrática. Los medios amigos no tienen nada que temer.

Y, para que la coartada cumpla el requisito de la legitimidad supranacional, el presidente se apoya en el reglamento europeo sobre los medios de comunicación que debe estar implantado en los 27 países de la UE en agosto de 2025.

Lo que llama la atención es que, en el caso de la esposa del presidente, ésta no haya recurrido a la justicia para demandar a los medios que, en su opinión, han vulnerado su derecho al honor. El pasado jueves, Oscar Puente, ministro de Transportes, y político combativo donde los haya, explicó en Onda Cero que este tipo de demandas suelen eternizarse en los jugados, además de que es difícil ganarlas porque los jueces priorizan siempre el derecho a la información sobre la veracidad. Es decir, que los políticos no tienen suficiente protección porque hay un derecho superior, según los jueces.

La ley 1/1982 que regula la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, permite a cualquier ciudadano recurrir a la justicia en caso de haber sido victima de una información falsa. Hay muchas sentencias condenatorias, y la última la hemos conocido esta semana (Albise frente a Ana Pastor).

Lo que no puede exigir la ley es la verdad absoluta. Por eso son los jueces los que deben interpretar los hechos, hasta el punto de que lo más importante a la hora de determinar la culpabilidad o la inocencia es que el periodista haya demostrado su labor de contrastación verificable antes de publicar una información. El requisito de veracidad pesa más que la inexactitud de un dato, siempre que éste no sea sustancial. Este criterio está avalado por la doctrina del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Cualquier modificación en la ley vigente que restrinja tanto el derecho a la información, como a la libertad de expresión, puede ser declarada inconstitucional.

Por ello, no creo que el Gobierno quiera meterse en ese berenjenal, aunque tampoco pongo a mano en el fuego.

Más bien, creo que los tiros irán por la creación de un órgano administrativo, participado por periodistas, con capacidad para dictaminar sobre la veracidad de una información y la potestad para la imposición de sanciones. Una especie de tribunal de la verdad para el que no faltarán candidatos dentro de la profesión deseosos de cortar las cabezas de los difusores de bulos. Así el Gobierno se lava las manos y consigue su objetivo, que no es otro que se extienda la autocensura cuando se trata de publicar cosas complicadas de gente relevante, sean o no políticos.

El Gobierno afirma que la aplicación de la norma comunitaria exigirá a los medios transparencia respecto a sus socios y su financiación. Bienvenida sea. Aunque ya es posible saber quiénes componen el capital de los medios a través del registro mercantil. Pero no seré yo el que ponga trabas a la transparencia.

Pero, puestos a ser transparentes, y de eso también habla la norma europea, el Gobierno debería predicar con el ejemplo. Bastaría con que hiciera pública la distribución de la publicidad institucional. Eso es secreto de estado. Me temo que si se hiciera pública esa información, al fin y al cabo se trata de dinero público, podríamos saber si el gobierno está subvencionando de manera encubierta a los medios que le son afines. Viendo lo que ocurrió recientemente en el Ministerio de Fomento (respecto al tratamiento según cada medio del llamado Delcygate) no es difícil de imaginar cómo actúan algunos gabinetes de comunicación de los departamentos y empresas públicas.

Intentar blindar a los políticos o a sus familias de las fauces de los medios y los jueces es un viejo sueño. Pero hacerlo realidad sólo es posible en un estado autocrático, en una dictadura. Por eso, me temo, que el paquete de regeneración democrática va a tener escasos efectos prácticos. A no ser que los medios y los periodistas renunciemos definitivamente a nuestra responsabilidad con los ciudadanos y con la democracia.