96 horas después de lanzar un órdago de ruptura regional al PP, Vox sigue sin mover ficha ni dar un paso atrás. Pese a ello, el amago de separación vigente ha pasado a un segundo plano para que predomine la alerta, desde este sábado, de que la disposición manifiesta de Alberto Núñez Feijóo a la acogida, por "solidaridad", aunque ello ligado a la financiación autonómica para ese cometido en las comunidades que dirige el PP, es un golpe a la "estabilidad" de los cinco ejecutivos que codirigen. Baleares, donde proporcionan apoyo externo al PP, va añadido.

Todos los barones autonómicos —el partido evita ese término, al oponerse al sistema de autonomías— y el líder nacional de Vox, han insistido en ello de forma generalizada en redes sociales el fin de semana. Sobre todo en X. El vicepresidente valenciano, Vicente Barrera, compartiendo las palabras de Feijóo este viernes orientando a su partido a ese compromiso de acordar un marco migratorio claro frente a la "improvisación" del PSOE, escribía: "El intento de Feijóo de imponer sus políticas socialistas a nuestra Comunidad Valenciana en materia de inmigración ilegal supone un ataque a la estabilidad de nuestro gobierno de coalición. Valencia no es moneda de cambio para sus chanchullos con Sánchez".

Al sur, en la Región de Murcia, el vicepresidente José Ángel Antelo, hablaba de "delirios socialistas" los de Feijóo e intensificaba la dureza de su posición. No solo no garantiza ese reparto porque "rechazamos la inmigración ilegal", sino que ha "elevado al Consejo de Gobierno y se ha aprobado pedir el cierre del CETI de Cartagena". Aludía igualmente los términos "moneda de cambio" y "chanchullos". En Aragón, Alejandro Nolasco, el primer y último vicepresidente que sentó al PP a una revisión del pacto en febrero tras la llegada de migrantes desde Canarias, y que terminó con un compromiso mutuo para no fomentar la inmigración ilegal, advertía también: "Feijóo no tiene mayoría absoluta en Aragón, no es quien para garantizar nada. Gobiernan gracias a que hay un pacto con Vox en el que acordamos la lucha contra el tráfico de personas". "Vox cumple lo firmado, pese al afán del PP en imitar al PSOE". En esa línea, pero aludiendo a Alfonso Fernández Mañueco, se pronunciaba el castellano y leonés, Juan García-Gallardo, que remarcaba "el ataque a la estabilidad de nuestro gobierno".

Abascal avalaba cada uno de esos pronunciamientos. También el vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, que, mediante un vídeo que muestra a dos supuestos ladrones de origen extranjero y vecinos de un barrio barcelonés enfrentándose a ellos, reivindicaba que "si los políticos nos llenan las calles de inmigrantes ilegales y nos condenan a la indefensión con leyes buenistas... ¡Nos protegemos!".

En Cataluña, durante la campaña electoral, el partido terminó de implementar un giro estratégico claro para distanciarse de un PP centrado en la amnistía que empezó produciéndose en Galicia y con mayor claridad en País Vasco, de cara a esos primeros procesos de comicios de este año. Bilbao fue uno de los focos más señalados, especialmente por el aumento de la criminalidad, que se ligó a la presencia de la inmigración. Se añadieron reproches a las ayudas sociales destinadas a los migrantes, como la Renta Activa de Inserción (RAI). El ataque a EH Bildu, sin una campaña soberanista pero sí centrada en los servicios sociales, solo dejaba opciones de competencia a los de Amaia Martínez en ese intento de tender puentes entre temas.

Tras los ensayos, que proporcionaron ligeras crecidas en voto, no en representación, en Galicia y Euskadi, el despliegue fue completo de la mano de Garriga para optar a la Generalitat. Monopolizó todo el discurso. Incluso hizo que el PP catalán [más propicio] y Génova compraran parte de ese discurso, ligando la inseguridad o la okupación a la alta tasa de ilegales. Todo ante una preocupación social que se cuela entre las más importantes y ante un aumento notable de la criminalidad. Si bien hay datos como que el 49% de los reclusos en Cataluña son extranjeros, y que Vox los usa para ligar inmigración ilegal a delincuencia, éstos no suponen más de 2.000 personas aproximadamente.

El peso del relato

Cumplimiento del programa y gestión, en política, a veces no van de la mano. Por falta de voluntad o por dificultades para llevar a cabo lo que propusiste en una coyuntura distinta a la que se pensaba afrontar. El peso dado por Vox a la inmigración, a diferencia de otras cuestiones, deja un escenario difícil al partido y sus liderazgos, sobre todo a Abascal, si, tras este importante órdago, que deja atrás sólo la retórica de los últimos meses, todo queda en nada. Más tras distinguir una relación dual con el PP de Génova, mala, y con las regiones, cordial, que puede interpretarse como una forma de mantener los cargos gubernamentales regionales. Con el ultimátum de Abascal dado este viernes durante su discurso de cierre de la Asamblea General Ordinaria, cualquier escusa que no pase por un cambio de posición del PP les retrataría.

"Estamos plenamente dispuestos a cumplir con total fidelidad los pactos, porque nosotros tenemos palabra. Pero le pedimos al PP lealtad con esos pactos. Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos el compromiso con nuestros votantes y nuestra palabra", ha expresado Abascal, abonando ese ultimátum de romper si el PP pacta algo en materia migratoria con el Gobierno nacional.

Pesan, igualmente, las críticas a la disposición popular a iniciar los trámites y el debate parlamentario para la regulación de casi medio millón de extranjeros que ya trabajan en España, y el rechazo de Vox. Como en el Parlamento Europeo, contra el Pacto Migratorio alcanzado para que haya cuotas de reparto o, en su defecto, pagos por cada migrante que se rechace. De unos 20.000 euros por persona. Algo que sí ha apoyado la italiana Giorgia Meloni. En las europeas de junio, junto a la agricultura, este ha sido el gran tema para la ofensiva de los de Jorge Buxadé a los de Dolors Montserrat. Por ello, a diferencia de otros ejemplos de reconducción del relato, como Pedro Sánchez con la amnistía que antes de las generales negó y de la que dependió para gobernar, el tema influye directamente en Vox. Sánchez se presentó contra la ultraderecha y en pro del bienestar social. La amnistía no cambia eso. Un giro en Vox, sí tergiversa su papel.

Si no hay replanteamiento del PP y Génova, Vox tendrá que abandonar los ejecutivos [está por ver si también los municipios que comparten]. Perdiendo a si sus máximos de poder histórico logrados. Cabe la tercera vía: la de intentar erigirse como único partido de control que puede evitar un giro completo en las políticas del PP en esos gobiernos, intentando reconstruir el discurso y reivindicando que esto dar por acreditado que PP y Vox "son partidos distintos", como muchas veces expresan. Ante la lejanía de comicios, los de Castilla y León y Andalucía en 2026, el riesgo sería caer en votos entonces. Aunque, dados los rápidos cambios que se experimentan en política, podría no influir nada. Capital será si hay repetición a finales de año o no en Cataluña, con un probable avance o aprobación ya de reparto migratorio.