El PSOE muestra su "respeto" a la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación en el procés, pero discrepa profundamente de ella. Y lo hace porque entiende que los magistrados penetran en terreno político y se salen de su marco puramente jurisdiccional al "opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas".

La portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Esther Peña, no quiso pronunciarse en Ferraz, a preguntas de los periodistas, sobre la postura final del Supremo, comunicada apenas unos minutos antes de su comparecencia. En síntesis, los magistrados consideran que no es amnistiable el delito de malversación en el procés, por el que fueron condenados varios de los líderes independentistas —entre ellos, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, hasta el pasado 10 de junio líder de ERC— y por el que se halla procesado el expresident Carles Puigdemont. El tribunal mantiene además activa la orden de detención nacional contra este último, por lo que si regresara a España el jefe de Junts sería apresado. La magistrada progresista Ana Ferrer suscribe un voto particular discrepante con excluir de la amnistía el delito de malversación y apoya plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los magistrados lamentan las "dificultades" a las que han tenido que hacer frente, debido a los "ritmos de alta velocidad" de la tramitación legislativa. Y reprocha la "lenidad", la benevolencia a los malversadores

Ferraz lanzó después un comunicado a los medios. Primero, muestra su "respeto, como siempre" a las resoluciones judiciales. "Aunque discrepemos con argumentos de la decisión acordada hoy [por este lunes". "No entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el TS, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas", sostiene el PSOE.

La cúpula de Pedro Sánchez se queja así de los reproches que incluye el auto de la Sala de lo Penal del TS. Los magistrados, encabezados por el ponente, Manuel Marchena lamentan las "dificultades" a las que han tenido que hacer frente, también por los "ritmos de alta velocidad" en la tramitación legislativa de la ley de amnistía. "Entre la voluntad política que anima una determinada reforma y los enunciados normativos mediante los que esa voluntad pretende llevarse a cabo ha de existir una coherencia precisa, exacta, que sea fiel reflejo del solvente manejo de las categorías conceptuales que son propias de la dogmática penal". La ley de amnistía, siguen, "no se ajusta a esa premisa". "La precipitación con la que este texto legal ha visto la luz, reflejada entre otros aspectos en la visible distancia entre la redacción inicial y la que finalmente ha sido publicada, contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa", alega la resolución.

El PSOE recuerda la literalidad del artículo 1.4 de la ley de amnistía, compara con la actuación del TSJC y se felicita de que aún no se haya cuestionado la constitucionalidad de la norma

También el auto del Supremo ataca la "condescendiente lenidad del legislador español frente a malversadores condenados en sentencia firme", que se halla "en llamativo contraste" con el refuerzo que ha hecho la UE en la persecución de este tipo de delitos. Para los magistrados, resulta "difícil conciliar" ese esfuerzo de Bruselas por eliminar "márgenes de impunidad para los malversadores" con la voluntad del legislador de "dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad". También atacan a las Cortes por "rectificar una línea jurisprudencial más que centenaria en lo que ha de entenderse por ánimo de lucro". "El legislador ha estimado necesario abrir un paréntesis a cien años de jurisprudencia y hacerlo para unos hechos y unos protagonistas muy concretos", paréntesis que "volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos que han sido condenados por un delito de la misma naturaleza", confrontan los magistrados capitaneados por Marchena.

Son ese tipo de observaciones del Supremo contra las que el PSOE carga. Ferraz recuerda, en ese sentido, la literalidad del artículo 1.4 de la ley de amnistía, que para los magistrados no es suficiente para amnistiar la malversación del procés: "No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

Los socialistas también recuerdan que "en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía Europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE". Pero es que los delitos del procés se cometieron en 2017, antes de que la Fiscalía Europea fuera creada en 2021.

"La confianza en el Estado de derecho de nuestro país es absoluta. España es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales, tal y como ya han hecho otros tribunales como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya", que la semana pasada sí decidió aplicar la amnistía a varios implicados en el procés, entre ellos el exconseller Miquel Buch, el exescolta de Puigdemont y una quincena de manifestantes. Y entendió que la malversación sí era amnistiable al no existir un beneficio patrimonial.

Auto de la Sala del Tribunal Supremo por el que decide no amnistiar la malversación del 'procés'Descarga

Por último, los socialistas consideran "una buena noticia que no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE". "El TS no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia. Además, el TS renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE", concluye el comunicado de Ferraz.