El pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado certificaba el arranque de la trayectoria de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. 63 páginas para una orden ministerial, la firmada por la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, que todavía no tiene una estación final. Ni está claro que la tenga este año. Porque el devenir de la legislatura sigue estando sujeto —y eso no lo ha cambiado, obviamente, el pacto con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial— al futuro de Cataluña, y ahora mismo la posibilidad de una repetición de los comicios el 13 de octubre no es una hipótesis lejana.

A comienzos de año, recién investido de nuevo como presidente Pedro Sánchez y su nuevo Gobierno conformado, Montero tenía claro, como por otra parte ha defendido siempre, que solo llevaría las cuentas del Estado al Congreso en caso de tener los apoyos de sus socios amarrados. En aquel momento todavía estaba en tramitación la ley de amnistía en la Cámara baja, y había que esperar. Y justo la víspera de que aprobase la medida de gracia para su envío al Senado, el 13 de marzo, el president Pere Aragonès convocó las elecciones autonómicas catalanas para el 12 de mayo. Esa misma tarde, el Ejecutivo paralizó la elaboración de los Presupuestos de 2024, en los que había estado trabajando en las semanas anteriores. No tenía sentido seguir adelante, defendió entonces la vicepresidenta, con la campaña prácticamente encima, en la que se alimentaría, como así ocurrió, la competencia salvaje entre ERC y Junts, los dos socios imprescindibles de Sánchez.

Por lo menos, que tengamos los apoyos encauzados, que sepamos de antemano que superamos las enmiendas de totalidad", explican en Hacienda: atar los apoyos es capital

Ahora, el Ejecutivo confía en tener las cuentas de 2025 aprobadas "en tiempo y forma" —como presumía el presidente en la pasada legislatura, para enfatizar la estabilidad de la coalición—, pero el camino será proceloso y, sobre todo, incierto. En la Moncloa ya asumen que puede que Cataluña vuelva a las urnas en otoño, y en ese escenario se dificultaría la presentación del proyecto de ley en octubre, porque las formaciones independentistas volverían a entrar en campaña y subirían el precio de su apoyo. Porque lo que sí tiene de nuevo claro Hacienda es que no llevará los Presupuestos al Congreso si no tiene los respaldos garantizados, según confirman fuentes próximas a la vicepresidenta. "Eso es seguro. Por lo menos, que tengamos los apoyos encauzados, que sepamos de antemano que superamos las enmiendas de totalidad", explican.

Y es que esa es la frontera clave. Si el Gobierno viese tumbadas sus cuentas en el primer paso de la tramitación parlamentaria, en el debate de totalidad, Sánchez se vería abocado a la convocatoria electoral. Eso fue lo que justificó el adelanto de las generales del 28 de abril de 2019, y lo que también sirvió a Aragonès para motivar la cita con las urnas del pasado 12 de mayo. El proyecto de Presupuestos se considera la ley más importante del año para un Ejecutivo, con la que dibuja sus prioridades, y encajar una derrota conduce, casi inexorablemente, a nuevas elecciones. Como le ocurrió a Felipe González en su último mandato: las urnas de 1996 era la respuesta a la devolución de los PGE a su Gabinete.

Orden HAC/641/2024, de comienzo de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025Descarga

Un sudoku difícil de encajar

Montero ya tiene parte del trabajo de negociación avanzado. Las conversaciones fueron madurando para los Presupuestos de 2024, así que las demandas de sus socios se materializarán en las cuentas del próximo año. La previsión de Hacienda es que ya el proyecto salga rumbo al Congreso con esos deseos de los aliados parlamentarios incluidos o bien con el compromiso de sumarlos a través de las enmiendas parciales. Montero tiene que tejer un complicado equilibrio: no solo ha de atraer a ERC y Junts, sino también a PNV y Bildu, BNG y Podemos, y quizá Coalición Canaria. Y antes habrá de cerrar un acuerdo con su socio de coalición, con Sumar.

La vicepresidenta querría llevar los PGE a primeros de octubre al Congreso, a fin de tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre

La vicepresidenta ya avanzó la semana pasada que su intención es llevar el proyecto a la Cámara baja a principios de octubre, a fin de que puedan estar aprobados antes de final de año y puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Pero si hay elecciones en Cataluña el 13 de octubre y ERC y Junts suben su apuesta, el Gobierno asume que todo se "complica" y no tendría más remedio que aplazar la presentación de los PGE hasta unos meses después, cuando se resuelva quién se hace con la Generalitat. Sería un revés para Sánchez, que necesita dotar a la legislatura de estabilidad, que realmente solo puede conseguir con unas primeras cuentas aprobadas, y que le proporcionarían combustible al menos para dos años.

El Ejecutivo sostiene que el pacto con el PP para la renovación del Poder Judicial, bloqueada durante más de cinco años y medio, da "profundidad a la legislatura" porque supone que Alberto Núñez Feijóo reconoce, implícitamente, que no habrá nuevos comicios pronto y que, por tanto, Sánchez continuará en la Moncloa. Esa idea, la de la "profundidad de la legislatura", la repetía este domingo el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una entrevista con el diario El País, donde apuntaba también como faceta "muy positiva" del acuerdo el hecho de que "consigue rebajar ese clima tóxico" que ha presidido la política española en los últimos meses.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons (i); la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Věra Jourová (c), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), durante la firma del acuerdo para la renovación del CGPJ, en el Parlamento Europeo, el pasado 25 de junio de 2024, en Bruselas. | COMISIÓN EUROPEA

Pero el ministro también deja abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno aguante aun con las cuentas prorrogadas de 2023, porque al fin y al cabo fueron redactadas por el Ejecutivo de coalición antes de la disolución de las Cortes. Es decir, que son su marca, y por tanto no sería dramático para Sánchez no disponer en plazo de unos nuevos PGE aprobados. "Tenemos Presupuestos. Podíamos tener un problema en 2018 cuando heredamos unos Presupuestos del PP. Pero hoy son nuestros, son progresistas, son expansivos. El Gobierno va a continuar tres años más, y además tendremos Presupuestos para 2025". La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en elDiario.es, explora esa misma idea: el "interés y la voluntad" de disponer de unos nuevos PGE es "absoluto", afirma, el Gobierno trabaja con la "posibilidad" de que los haya.

ERC se da un mes de plazo para llegar a un preacuerdo o con el PSC o con Junts, para no llegar al límite legal del 26 de agosto. Sigue exigiendo una financiación propia: el concierto

Este mes permitirá divisar si los Presupuestos se alejan. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, fijó de plazo hasta finales de julio para lograr un preacuerdo bien con el PSC o bien con Junts, para no apurar el límite legal, ya que el 26 de agosto, si no hay nuevo president, el Parlament se disolverá y Cataluña acudirá a nuevas elecciones. Es decir, que en apenas cuatro semanas los socialistas sabrán si la legislatura entra en un nuevo parón o si Salvador Illa logra hacerse con la Generalitat. Los republicanos exigen una "financiación singular" para Cataluña. O sea, un concierto económico análogo al que opera en Euskadi o Navarra, pero Montero y el resto del Ejecutivo han reiterado que esa condición es inasumible, aunque Hacienda sí se abre a explorar "fórmulas imaginativas" que no detalla para no enturbiar la negociación. En la Moncloa se refuerza la impresión de que ERC no dará su brazo a torcer por estar muy presionada por Junts y al no disiparse la expectativa de una repetición de los comicios.

La orden publicada el pasado jueves en el BOE supone que los ministerios tienen que remitir al ministerio que dirige Montero sus prioridades antes del 8 de julio. El siguiente paso será la revisión del cuadro macroeconómico —la previsión de crecimiento del Gobierno para 2024 era de un 2%, pero se acercará al 2,5%, vistas las buenas perspectivas que dibujan los organismos internacionales— y la confección de la senda de estabilidad. Los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027 serán primero aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a Gobierno y comunidades autónomas, pero en el que Hacienda cuenta por sí misma con la mitad de los votos. La senda, junto con el límite de gasto no financiero para 2025 —el llamado techo de gasto—, es a continuación aprobado por el Consejo de Ministros. Ambos son remitidos a las Cortes, pero lo que requiere de aval parlamentario son los objetivos de estabilidad. Del techo de gasto el Ejecutivo simplemente informa a las Cámaras, pero estas no lo votan.

Un obstáculo menos para estos PGE

Para los PGE de 2025, el Gobierno contará con un obstáculo menos. Desde que Mariano Rajoy impulsara la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en 2012, la senda tiene que pasar por Congreso y Senado, pero si una de las dos Cámaras la rechaza es devuelta al Ejecutivo. El Gobierno de Sánchez introdujo una enmienda en la ley de paridad —también de rango orgánico— para eliminar esa "anomalía" y hacer que si los objetivos son tumbados por el Senado, vuelvan al Congreso para que sea este quien levante el veto, como ocurre con todas las leyes. La reforma quedará lista, previsiblemente, el 23 de julio, tras su paso por las dos Cámaras. La senda de estabilidad podría llegar al Parlamento a últimos de este mes o bien, sostiene Hacienda, a primeros de septiembre. No importa ese pequeño retraso porque no afecta al calendario de tramitación de los PGE, señalan en el ministerio.

Este mes el Gobierno ya tendrá resuelto un escollo que arrastraba desde hace años: el veto del Senado a la senda de estabilidad. Una enmienda en la ley de paridad le quita ese poder

Con los objetivos aprobados, el siguiente paso sería ya posible para el Ejecutivo. Aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley y llevarlo al Congreso a primeros de octubre, y en algo más de dos meses la tramitación estaría liquidada. Pero si hay elecciones en Cataluña y el Gobierno observa que no es posible amarrar los apoyos de ERC y Junts, la presentación se pospondría.

Lo que Hacienda da por prácticamente por imposible es un acuerdo con el PP para la reforma de la financiación autonómica. Montero quiere sacarla adelante con el concurso de Feijóo, porque su partido lidera 11 comunidades, y cogobierna en Canarias. Lo que denuncia el Gobierno es que el jefe de los populares es incapaz de ahormar una postura única en su formación, una que puedan compartir desde Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, hasta Isabel Díaz Ayuso (Madrid) o Juanma Moreno (Andalucía).

En el Ejecutivo aducen que el problema con la financiación autonómica no lo tiene el PP con el PSOE, sino en su interior, y Feijóo, denuncian, no está "ejerciendo de árbitro" y unificando posturas

"El problema que tiene el PP con la financiación autonómica no es con el PSOE. Es interno. No vemos posibilidad de acuerdo porque Feijóo no quiso", sostienen desde Hacienda, recordando que en la reunión que mantuvo con el presidente el 22 de diciembre en el Congreso, el primero le propuso crear una comisión que trabajara discretamente en el cambio del modelo, "y Feijóo no quiso", reiteran. "Están en el PP en posiciones de máximos, se dedican a la confrontación. Feijóo tiene que ejercer de árbitro, y no está para eso", concluyen en el Gobierno.

Obturada la vía de una reforma global del sistema, al Ejecutivo le quedan esas "fórmulas imaginativas" que ofrecer a ERC a través del PSC. Los socialistas tienen por delante cuatro semanas para intentar seducir a los republicanos y evitar la repetición electoral y un nuevo parón en la legislatura nacional.