Este lunes todos los eurodiputados electos, salvo el fugado Toni Comín y la socialista Alícia Homs, han adquirido plenamente su condición tras el acto de jura o promesa en el Congreso de los Diputados. Comín no ha venido a España dado que el juez Pablo Llarena mantiene viva la orden nacional de detención contra él por malversación, mientras que Homs se encuentra en avanzado estado de gestación. Así, una vez constituidos los grupos parlamentarios de la Cámara de Estrasburgo el siguiente paso consiste en la constitución de la propia Eurocámara con la elección de su presidenta, la popular Roberta Metsola, y de Ursula Von der Leyen para repetir al frente de la comisión.

A partir de ese momento comienza la carrera por el reparto de las presidencias de las comisiones parlamentarias, batalla en la que los populares tienen especial interés para hacerse con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, tradicionalmente presidida por los socialistas. La estrategia del Génova y del grupo capitaneado por su cabeza de delegación, Dolors Montserrat, es convertirla en uno de los frentes anti-amnistía, según ha podido saber El Independiente.

Pero para ello tiene que arrebatar la comisión al bloque de los socialistas europeos, en general, y al PSOE en particular, pues esta última legislatura ha estado presidida por el exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. De hecho, ya la presidió en la legislatura 2009-2014, fue miembro de la misma entre 2014 y 2019 y volvió a ser reelegido en 2019. La vicepresidenta ha sido otra española, pero del Grupo Liberal en calidad de diputada de Ciudadanos, en concreto Maite Pagazaurtundua, que ya no concurrió a las elecciones europeas.

La comisión aprobó la prohibición de indultos y amnistías por corrupción

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, "es responsable de salvaguardar los derechos fundamentales, promover la privacidad y la protección de datos, y gestionar la migración y el asilo". Impulsó el reciente Pacto Migratorio de la Unión, atiende a cuestiones candentes como la ciberseguridad, la protección de datos o la Inteligencia Artificial (IA) y también "desempeña un papel clave en la protección de los derechos de la ciudadanía", según explica la propia página web del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, y es en ese punto en el que inciden los populares por entender que la ley de amnistía no sólo perdona delitos graves, sino que atenta contra la igualdad de los ciudadanos.

De hecho, fue en el seno de esta comisión que el pasado mes de enero se aprobó en Estrasburgo la prohibición de indultos y amnistías para los delitos de corrupción, enmienda de los populares españoles que se incorporó en el proyecto de directiva de lucha contra la corrupción. La enmienda fue firmada por Dolors Montserrat y por el eurodiputado Javier Zarzalejos, que forma parte de dicha comisión, además de por el presidente del grupo, Manfred Weber, perfectamente alienado a la posición de Alberto Núñez Feijóo con respecto a la ley de impunidad para los protagonistas del procés independentista. La enmienda contó, en cambio, con el voto negativo de los socialistas.

El PP aspira también a presidir Agricultura

El PP aspira a poder presidir esta importante comisión de la Eurocámara, además de la de Agricultura, según explican fuentes populares a El Independiente. El problema reside en el sistema de reparto, que sigue un criterio similar al de la Ley d'Hondt. El primer grupo parlamentario en elegir es el del PPE y, en concreto, los alemanes, que suelen escoger la comisión de Asuntos Exteriores. El segundo, por representación, es el socialista, y ahí eligen los italianos al tener la delegación más numerosa del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Si optan por presidir Libertades Civiles y Justicia, el PP puede perder toda esperanza, a pesar de ser los terceros en elegir. Y ahí es donde están presentando batalla en ese delicado juego de equilibrios y pactos que son los pasillos del Parlamento Europeo.

Los socialistas italianos pueden estar interesados en la comisión que lleva los temas migratorios como una punta de lanza de oposición a la primera ministra Giorgia Meloni, por el mismo motivo que los populares la quieren "para hacer cuanto más ruido mejor" con el asunto de la ley de Amnistía. Porque a pesar de haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados, aún queda un larguísimo periplo para que personajes como Carles Puigdemont o el propio Comín puedan beneficiarse de ella y regresar a España sin asuntos penales pendientes, si es que llega a producirse esa eventualidad.

Los populares han llevado este asunto no pocas veces al Parlamento Europeo y cuentan con que el informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE recoja, en el capítulo dedicado a España, alguna alusión a la ley de Amnistía, una vez que ya existe un texto legal aprobado. No obstante, también es posible que haya más adelante un pronunciamiento "monográfico" sobre ese asunto por parte de la Comisión Europea, según apunta un destacado miembro del Grupo del PPE. En todo caso, el nuevo informe no se conocerá hasta la constitución de la Eurocámara y los principales nombramientos que ésta deba hacer, lo que nos lleva a la cuarta semana de este mes.

Sin fecha para presentar el recurso ante el TC

Además, los populares mantienen la amenaza de llevar la ley ante el Constitucional, pero, de momento, "no hay fecha concreta" para acudir al tribunal de garantías. Están a la espera de ver cómo se va resolviendo la aplicación de la ley, que ayer vivió un importante tropiezo con la decisión del Supremo. Contra el criterio de la Fiscalía, defiende que no es amnistiable el delito de malversación de fondos públicos por entender que "el que se apodera de bienes ajenos –en este caso, patrimonio público– comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista. El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por 'quedarse con las cosas del otro', sino por 'quitarle a otro las cosas'".

Además, sobre el horizonte planean las cuestiones prejudiciales que puedan llegar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). De hecho, el Tribunal de Cuentas recomendó recientemente ir por esa vía. Las espadas siguen en todo lo alto y el PP mantiene el frente europeo abierto.