Es evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez no está conforme con la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación en el procés y de aplicar una lectura restrictiva, cuando tanto la ley como sus objetivos son “claros”, pero lo que no quiere pasar por alto son las declaraciones de “extrema gravedad” del líder del PP al dudar de la “imparcialidad” del Tribunal Constitucional, el que tendrá la última palabra sobre el encaje de la medida de gracia en la Carta Magna. Un foco, la acusación al PP, mucho más cómodo para el Ejecutivo. Porque le permite además contrastar su actitud de “respeto” a las instituciones y a las resoluciones judiciales con el cuestionamiento de la “legitimidad” del TC, por el que se deslizó Alberto Núñez Feijóo este martes.

Apenas habían pasado 24 horas desde que el TS decidió no aplicar la amnistía a los líderes del procés al entender que el delito de malversación entra dentro de las excepciones que la propia ley fija, un razonamiento que también ha hecho que se mantenga activa la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. El Gobierno no había expresado públicamente su opinión sobre los autos de la Sala de lo Penal y del magistrado instructor, Pablo Llarena —sí lo hizo ayer lunes el PSOE—, así que tenía que hacerlo este martes, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y respondió por partida doble. Por un lado, la portavoz, Pilar Alegría. Pero también, y de forma imprevista, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, más contundente que su compañera de Gabinete, sobre todo por la crítica al PP por aupar al Tribunal Constitucional a José María Macías, un magistrado del ala conservadora dura y miembro del Poder Judicial saliente, precisamente cuando Feijóo proclama la necesidad, recordó, de “no politizar” la Justicia.

Alegría tilda de “muy preocupantes” las observaciones de Feijóo, y cree grave que “ponga en cuestión la legitimidad de las instituciones”, sea la Fiscalía, Hacienda, el Congreso o el TC

Alegría cargó directamente contra las palabras de Feijóo a primera hora de este martes en Onda Cero, en el programa Más de uno. El líder de los conservadores aseguró que en su partido tiene “dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional” porque ven “absolutamente inmoral” un órgano de garantías “trufado de dos cargos del Gobierno”, informa EFE. Se refería a los magistrados Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de Sánchez entre enero de 2020 y julio de 2021, y Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa hasta abril de 2022.

Son unas manifestaciones, dijo Alegría, de “extraordinaria gravedad” y “muy preocupantes”. Ya era consciente el Gobierno de que Feijóo “desconfía prácticamente de todo”, pero considera muy grave que “esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones en nuestro país, ya sea la Fiscalía General del Estado, la Agencia Tributaria, el Congreso o ahora el propio TC”.

La portavoz recordó que ya el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a llamar “cáncer del Estado de derecho” al tribunal de garantías, una afirmación que luego tuvo que rectificar. “Seguramente el señor Feijóo vive una crisis de confianza dentro de su partido, pero lo que no puede es trasladar esta desconfianza a las instituciones”, recalcó Alegría, con evidente indignación. La ministra pidió entonces al jefe de los populares que “rectifique de forma inmediata” sus palabras, porque además “atentan contra el Estado de derecho”.

Seguramente el señor Feijóo vive una crisis de confianza dentro de su partido, pero lo que no puede es trasladar esta desconfianza a las instituciones”, destaca la portavoz

Alegría recordó que hace una semana Gobierno y PP firmaron su pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, “un buen acuerdo no solamente para la Justicia de nuestro país, sino para el país en su conjunto”. Un consenso, insistió, que costó cinco años y medio alcanzar porque “para Feijóo lo normal es pactar con la ultraderecha, y lo extraordinario cumplir con la Constitución”. “Les digo esto porque cumplir con la Constitución también es respetar y legitimar las instituciones de nuestro país. Le pido una rectificación inmediata sobre las graves acusaciones y afirmaciones sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional”, reiteró la portavoz.

Ley aprobada por “la mayoría absoluta del Congreso”

Sobre la decisión del TS de no aplicar la amnistía a los líderes del procés, Alegría, como era esperable, fue menos lejos que su partido ayer. Pero el sustrato era el mismo: evidenciar la discrepancia con los magistrados del Alto Tribunal. La portavoz expresó primero el “respeto” del Ejecutivo a las resoluciones judiciales. Pero luego recordó que la ley de amnistía fue aprobada “por la mayoría absoluta del Congreso” y su texto “es muy claro”. “Y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley”, recalcó, para glosar la “eficacia” y los “efectos positivos” que el Gobierno siempre ha defendido que reportaría la medida de gracia. “Y por tanto”, remachó, “lo que tiene que suceder ahora es que los jueces apliquen la ley”.

La portavoz recalca los “efectos positivos” de la amnistía. “Lo que tiene que suceder ahora es que los jueces apliquen la ley”, advierte al TS

No hubo forma de que la portavoz fuera más allá, por más que los periodistas le preguntaron. Pero lo que estaba deslizando era un reproche implícito al Supremo por no tener en cuenta el espíritu y la letra de la ley de amnistía, la voluntad del legislador, el propósito de superar el procés y de declarar extinguida toda la responsabilidad penal de quienes participaron en él. Incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

La cuestión de los autos del Supremo y las palabras de Feijóo surgieron en el primer turno de preguntas de los informadores. Pero quien fue interrogada fue la portavoz. Pero Díaz aprovechó que se le había preguntado por los plazos para cerrar la negociación de la reducción de la jornada laboral para ofrecer su radiografía del Poder Judicial, para emitir una opinión, la de Sumar, distinta a la de su socio de coalición y antes incluso de que se expresara Alegría. Para discrepar, también, de una parte del acuerdo para el desbloqueo del CGPJ asumida por el PSOE. En concreto, con la designación de Macías para el TC.

A juicio de la vicepresidenta segunda, que dude Feijóo de la imparcialidad del tribunal de garantías “cuando ha designado al señor Macías” como magistrado “se descalifica por sí mismo”. “Por decir alguna cuestión de lo que plantea el propio PP y su vocación de no politizar los órganos judiciales de este país. La evidencia palmaria de lo que hace el PP cuando designa magistrados o juristas de relevancia en nuestro país”, reprochó. Una crítica directa a uno de los nombres pactados por los dos grandes partidos que no se había escuchado al ala socialista del Ejecutivo. También el socio mayoritario es consciente de que tuvo que tragarse el sapo de contar con Macías para el TC, pero ese era, explicaban en la Moncloa, uno de los peajes del acuerdo.

Díaz cuestiona la idoneidad para el TC del magistrado Macías. Fuentes de la Moncloa apuntan que más allá que “puedan gustar más o menos” ciertos nombres, el Gobierno no cuestiona la legitimidad del tribunal

Sobre la decisión de los magistrados, Díaz ironizó con que lo “positivo es que si el Supremo pensase que la ley de amnistía fuera inconstitucional, seguramente la llevaría al TC”. La vicepresidenta pasó a destacar algunas “cosas extrañas” que pasan en la judicatura: que el CGPJ emitiese informes “para los que no tenían competencias”, que emitiese su opinión sobre la ley de amnistía cuando ni siquiera se había registrado la iniciativa en el Congreso o que jueces y magistrados salieran a la calle para manifestarse contra la norma “cuando ni siquiera conocían su contenido”.

A su derecha, Alegría, con un cierto rostro de circunspección. Fuentes de la Moncloa indicaron que lo expresado por Díaz era una opinión, pero que la voz oficial del Gobierno es la que expresa su portavoz. “Más allá de que haya miembros que puedan gustar más o menos, lo que nadie pone en duda es la legitimidad del TC. Y este Gobierno no la pone en duda, como tampoco cuestionamos las sentencias. Lo está haciendo el PP”, incidían. En el entorno de Díaz se añadía que esta no pactó sus declaraciones con la parte socialista del Ejecutivo: simplemente buscó descargarse.

Durante la rueda de prensa, cuando se le preguntó a la titular de Trabajo si está previsto que se incluyan medidas relativas a la Justicia en el plan de regeneración democrática que el presidente Sánchez presentará en el Congreso el próximo 17 de julio, ella contestó que la coalición sí tiene una “reflexión compartida sobre la necesidad de cambiar el Poder Judicial”. Uno de los puntos que mentó es la necesidad de reponer la responsabilidad civil directa de los jueces, que eliminó Mariano Rajoy en 2015, porque “es el único cuerpo que no rinde cuentas de lo que hace”. “Hay muchísima tarea por hacer. Cuando hablamos de democratizar nuestro país, también hablamos de esto, y yo creo que son reformas que está esperando la ciudadanía. Pero tenemos una legislatura”, señaló, dando a entender que puede haber un segundo paquete de medidas de regeneración para más adelante.  

Respecto a la investidura, Alegría mantiene que es un proceso separado. El Ejecutivo mantiene su "confianza" en que Illa será investido, pero pide "prudencia", dejar a los interlocutores conversar

Respecto a la investidura de Salvador Illa, Alegría reiteró que las negociaciones tienen su propio camino: los "pasos" que hayan de darse tendrán como escenario el Parlament. El Gobierno, dijo, mantiene su "confianza" en que las conversaciones concluyan con Illa como president, porque así lo expresaron los catalanes en las autonómicas del 12 de mayo, pero también en las europeas del 9 de junio y en las generales del 23 de julio de 2023, todas ganadas por el PSC. La ministra recetó también "prudencia" y puso de ejemplo lo ocurrido en Euskadi, que cerró su nuevo Gobierno a los dos meses de los comicios.