La historia, algo más de un año después, se repite para Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo falla en contra de la interpretación del delito de malversación que buscaba el Gobierno. En 2023, los magistrados dejaron en nada la reforma del Código Penal que el Ejecutivo había pactado con ERC, y que le ocasionó un fortísimo desgaste.

Ahora, el mismo Supremo propina el mismo revés a los socialistas por el mismo delito, la malversación. Porque considera que no es amnistiable ya que los líderes del procés sí obtuvieron un beneficio personal al sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017 con fondos públicos, no de su bolsillo. El Gobierno ya barruntaba que la aplicación de la amnistía iba a tropezar con severas "resistencias" por parte de los tribunales, pero cree, igual que el PSC, que las consecuencias políticas de la decisión del TS no serán graves: esgrime que, a fin de cuentas, ha cumplido su parte del trato con ERC y Junts, y el despliegue de la medida de gracia, como siempre dijo y consta en la propia ley, compete exclusivamente a los jueces. La primera prueba de fuego sería la investidura de Salvador Illa, ya muy escarpada, y los socialistas estiman que "no tiene por qué" dificultarse más con este revés del TS.

La Sala de lo Penal y Llarena consideran que sí obtuvieron un beneficio personal los líderes del 'procés', razón por la que también se mantienen activas las órdenes de detención contra Puigdemont, Puig y Comín

El Gobierno mantuvo este lunes silencio en público tras conocerse la decisión del Alto Tribunal de no aplicar la amnistía frente a los informes favorables tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado. También la dirección socialista rehuyó una valoración. La portavoz de la ejecutiva, Esther Peña, alegó que no había podido conocer en profundidad los autos del Supremo, dictados por la Sala de lo Penal y por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, hechos públicos apenas unos minutos antes de su comparecencia en la sede de Ferraz. Tanto la Sala como Llarena consideran que no es aplicable la amnistía al delito de malversación, y por esa misma razón no levanta las órdenes de detención que pesan contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Sí hubo un voto discrepante, de la magistrada progresista Ana Ferrer, por excluir la malversación de la amnistía, que entiende que sí cabría una cuestión prejudicial ante la Justicia europea.

"Hicieron [los líderes del procés] con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio —razonan en su auto de 61 páginas los magistrados de la Sala de lo Penal, encabezados por el ponente, Manuel Marchena—. Destinaron aquel a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos dejan de tener esa vertiente particular o sectaria [...]. La financiación de campañas electorales, de metas con significación política [como el referéndum del 1 de octubre de 2017], de propaganda o la implementación de las propias ideas políticas, incluso aunque tenga una vertiente idealista, no deja de reportar también un beneficio personalísimo que adquiere carácter patrimonial cuando ha reportado un ahorro significativo". Es decir, que los dirigentes independentistas tenían dos caminos para financiar el 1-O: o disponían de fondos públicos de la Generalitat o lo pagaban de su bolsillo, y eligieron la primera opción, por lo que no vieron decrecido su patrimonio.

Los responsables políticos que disponían de "ingentes partidas presupuestarias y dispusieron de ellas" para el 'procés' "no vieron alterado su patrimonio": emplearon "el dinero de todos"

El Supremo entiende que el delito de malversación entra dentro de las excepciones que contempla la propia ley. Y razona que sí hubo enriquecimiento, por lo que no se cumple la previsión de la norma, que sí admite el perdón si no hay lucro personal: los responsables políticos que disponían de "ingentes partidas presupuestarias y dispusieron de ellas" para favorecer el objetivo de la independencia de Cataluña "no vieron alterado su patrimonio", porque emplearon "el dinero de todos". "En definitiva, obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial". Echaron mano del patrimonio público y no vieron mermado el suyo propio, argumentan los magistrados en su auto, de 61 páginas, y que es recurrible en súplica ante la misma Sala y después ante el Constitucional. Esta interpretación la avalan cinco togados, frente a la discrepante Ferrer.

Una "línea jurisprudencial más que centenaria"

Es lo mismo que alegó el Supremo cuando el Gobierno aprobó la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación. Los jueces aducen que su lectura forma parte de "una línea jurisprudencial más que centenaria" y que implica que el beneficio patrimonial no es sinónimo solo de enriquecerse.

No podía pillar por sorpresa a nadie que hubiera estas resistencias a la ley", alegan en Ferraz. En Gobierno, PSOE y PSC consideran que era "previsible" la decisión del Supremo

Por eso tanto en el Gobierno como en el PSOE y en el PSC reconocían en privado este lunes que la decisión del TS era "previsible", por su propia doctrina. "No podía pillar por sorpresa a nadie que hubiera estas resistencias a la ley", alegaban en Ferraz. Pero no era un escenario que antes se verbalizase. Cuando se aprobó definitivamente la amnistía, en el Ejecutivo señalaban que "por supuesto" que los tribunales desplegarían la norma, aunque hubiera paralizaciones por las dudas que elevasen tanto al Tribunal Constitucional (TC) como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "La ley es la ley", recordaban. El propio Sánchez advertía de que tenía que tenerse en cuenta la "voluntad del legislador", de "superar todos los hechos vinculados con el procés y que tanta confrontación trajeron". Pero el Supremo ha optado por la vía rápida: no aplica la amnistía y tanto la Sala como Llarena preguntan a las partes si debe plantearse una cuestión de inconstitucionalidad por el delito de desobediencia. No se elevan prejudiciales ante el TJUE.

Pese al evidente revés, en la Moncloa y en la dirección de Illa sostienen que los independentistas no pueden hacer reproches a los socialistas. "Cada uno cumple con su papel y su trabajo. El nuestro acabó con la aprobación de la ley de amnistía. Ahora la norma en manos de los jueces", recuerdan fuentes del Ejecutivo. "Nosotros hemos llegado donde hemos podido y la aplicación descansa en los jueces en cuyo criterio, nos guste o no, no podemos entrar", ratifican en el PSC. Por eso no hay "ningún margen para reformar la ley de amnistía", añaden en Ferraz. Esa vía, la de retocar la norma, sería tal vez poco útil porque el TS viene apuntalando su doctrina sobre la malversación, ya muy aquilatada.

El Gobierno espera ganar la batalla en el TC, por la mayoría progresista. "Los independentistas no pueden reprocharnos nada, el texto estaba pactado con ellos", dice una ministra

No obstante, la ley, como sí se preveía desde su gestación, acabará en el TC. Y es ahí, en la estación (casi) final —porque también cabría el pronunciamiento del TJUE— donde el Gobierno espera ganar la batalla, dada su mayoría progresista. "El TC probablemente dirá que sí hay que aplicar la amnistía. En todo caso —apunta un miembro del Consejo de Ministros—, los independentistas no pueden reprocharnos nada, porque el texto estaba pactado con ellos" hasta el final, tanto con ERC como con Junts. Y eso explica que se atornillara cada coma durante meses. También en lo relativo a la malversación.

Esta misma fuente añade que el no del Supremo "es incluso más seguro", porque al no elevarse prejudiciales ante el TJUE, tendrá que decidir el TC, que no tendría por qué tardar mucho tiempo en dictar sentencia, dado el "carácter preferente y urgente" que tiene la aplicación de la norma. "El TS cumple con su parte. Por un lado, es coherente con su doctrina sobre la malversación y, por otro lado, juega a que el TC se retrate. El coste evidente es que su sentencia vuelva a evidenciar la fractura del tribunal" entre magistrados progresistas —siete, encabezados por el presidente, Cándido Conde-Pumpido— y conservadores —cuatro, pero que en julio, tras la renovación pactada con el PP y la incorporación de José María Macías, serán cinco—.

ERC y Junts claman contra el Supremo por su resolución "surrealista", por saltarse la amnistía "para seguir haciendo de justiciero", pero por el momento no disparan contra el Ejecutivo

Por el momento, ni ERC ni Junts cargaron contra el Gobierno. Los republicanos ya anticiparon que acudirán al TC por el posicionamiento "surrealista" del Supremo y un "intento claro de saltarse la ley". Lo que hacen los magistrados, a juicio de ERC, "no es ya reinterpretar la ley, reinterpretar la malversación, reinterpretar el enriquecimiento, sino intentar derogar y no aplicar una ley vigente", denunció la dirigente Marta Vilaret en unas declaraciones remitidas por el partido. "Es insultante, gravísimo y actuaremos en consecuencia", advirtió. El hasta el mes pasado líder de ERC, Oriol Junqueras, también es afectado por la decisión del TS, ya que al no poder perdonarse la malversación no se le levanta su inhabilitación hasta el 17 de julio de 2031.

"Son procesos diferenciados"

"La toga nostra", escribió Puigdemont en su cuenta de X. La decisión, dijo más tarde el secretario general de Junts, representa un "golpe de toga" al Estado, una decisión "muy grave" que "vulnera el Estado de derecho": "El Supremo se salta la amnistía para seguir haciendo de justiciero", recalcó en rueda de prensa en la sede del partido, informa EFE. "La intención del Supremo no es solo la de frenar la amnistía, sino interferir en el calendario político. Le decimos al Supremo que desde Junts mantendremos todos los compromisos adquiridos hasta ahora y no dejaremos que ningún juez interfiera con el calendario político ni los compromisos adquiridos", sostuvo.

Ferraz carga contra el Supremo por sus "consideraciones políticas", que exceden su función jurisdiccional: son, subraya, "sorprendentes e innecesarias"

Los socialistas confían en que las resoluciones del Supremo no interfieran en sus relaciones con sus socios independentistas. Y también esperan que no dificulte más el camino hacia la investidura de Illa. "No tiene por qué" obstaculizarla, aseguran fuentes muy próximas al primer secretario del PSC. "No puedo darle una valoración sobre lo que ha pasado, sobre futuribles y sobre cómo puede afectar [los autos del Supremo a las negociaciones para la formación de Govern en Cataluña]. Entiendo que nada, porque son procesos diferenciados", aseveró lacónicamente desde Ferraz la portavoz del PSOE, Esther Peña. "Calma, veremos a ver cuáles son esos efectos políticos. Puigdemont está intentando sobrevivir y nosotros estamos trabajando para que haya un acuerdo", añadieron fuentes de la dirección socialista.

Después de la comparecencia de Peña, fuentes de Ferraz lanzaron un comunicado por el que mostraron su "respeto" a las resoluciones judiciales pero, sobre todo, dejaban ver sus discrepancias con los argumentos del Supremo y por las "consideraciones políticas" que incorporan los magistrados, "sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada". Es "en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas".

Auto de la Sala del Tribunal Supremo por el que decide no amnistiar la malversación del 'procés'Descarga

Y es que los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo se quejan de las "dificultades" de interpretación a las que han tenido que hacer frente, por la "visible distancia" entre la redacción inicial y la finalmente publicada. También cargan contra la "precipitación" con que la ley "ha visto la luz" y llaman la atención el esfuerzo de la UE por no dejar márgenes de impunidad y la "lenidad" o benevolencia "del legislador español", que no ha dudado en perdonar graves delitos.

Un "sistema garantista"

Los socialistas consideran "clarísimo" el artículo 1.4 de la norma, porque incide en que "no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos" para el procés cuando no haya "tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". Justo el argumento que el Supremo rebate. No obstante, el PSOE proclama su confianza "absoluta" en el Estado de derecho, porque España "es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales, tal y como ya han hecho otros tribunales como el TSJ de Catalunya", que sí ha aplicado la medida de gracia, también para la malversación.

En el PSOE destacan que ni el PP ni sus gobiernos autonómicos han presentado todavía su recurso contra la amnistía ante el TC

Fuentes oficiales de Ferraz también destacaban el hecho de que el PP y sus gobiernos autonómicos —más el socialista de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page— no han presentado todavía ningún recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía ante el TC, cosa que debieran haber hecho "con urgencia", ironizan, si la situación fuera tan grave.

Auto del juez instructor del 'procés', Pablo LlarenaDescarga

El Supremo introduce un elemento de distorsión en las ya atribuladas relaciones del PSOE con sus socios. Y uno no menor. La amnistía puede quedar en papel mojado. Al menos, hasta que se pronuncie el Constitucional.