Ninguno de los documentos de gobierno vigentes y acordados entre PP y Vox en seis comunidades autónomas impide explícitamente dar acogida a migrantes menores no acompañados. El partido de Santiago Abascal, al considerarse desde el Gobierno a finales de la semana pasada que eran los únicos no dispuestos a negociar un reparto migratorio que rebaje la presión de llegadas en Canarias, situó automáticamente al PP en el cupo de todos los partidos con voluntad de dialogar. Se encendieron las alarmas de Bambú. Voces como la de Pepa Millán, primero, y luego Abascal, advirtieron al PP: si se pacta con el Gobierno una distribución en la próxima reunión multilateral de la Conferencia Sectorial del 18 de julio en Tenerife, los populares estarán incumpliendo los acuerdos de los respectivos ejecutivos y se "revisarán" los mismos.

En ello han insistido en Vox en las últimas horas. El último, el propio presidente, en una entrevista en El Toro TV este martes. "No queremos que Canarias sea una cárcel y el mar un cementerio", pero "eso lo generan PSOE y PP, que fomentan el efecto llamada", dijo Abascal, aludiendo al inicio de la tramitación que aún debate el Congreso para la regularización de medio millón de inmigrantes ya presentes y que trabajan en España. "Queremos que el PP [hace la distinción de Génova, a la que omite por no estar gobernando con Feijóo, y los barones, "que fueron conscientes de la necesidad de pactar con Vox"] haga todo lo que esté en su mano para evitar el reparto en los territorios", porque los acuerdos "implican una posición contra la inmigración ilegal y la inseguridad en los barrios". Otras figuras del partido inciden en que hay compromiso implícito con las rúbricas de los acuerdos para no promover esa inmigración. Aunque esto ya entra en el terreno interpretativo.

Hay un matiz importante a destacar en esas apreciaciones. Más cuando este martes, también fuentes de Vox trasladaban que "hay una cláusula" que se repite en todos los acuerdos "que hace imposible" que el PP acuerde una distribución de menores. Un compromiso con los populares de "hacer lo posible y también lo imposible" para evitar fomentar la inmigración ilegal. Ahora bien, tras revisar El Independiente los seis documentos, no figura nada parecido.

Los documentos acordados con Mañueco y con Prohens pueden ser los más interpretativos por parte de Vox

No hay alusión alguna a la inmigración -sí a la ocupación y la inseguridad- en el acuerdo que dotó de un consejero a Vox en el Gobierno extremeño de María Guardiola. En el de Murcia, en el punto 15 se habla de la "coordinación" de las policías locales y estatales para "luchar contra las mafias de la inmigración ilegal". En la sección novena del documento aragonés, se menciona el veto de acceso a subvenciones para quien no resida legalmente en la comunidad. "Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos", versa. En el caso valenciano, en el apartado de Seguridad y el punto 48, se acuerda que le Generalitat, "dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento" de las autoridades "los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas". "De igual manera, eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas", añaden.

Más interpretables pueden ser el primer acuerdo alcanzado en Castilla y León en 2022, y el de apoyo externo al Govern de Baleares el verano pasado. En el caso del primero, los de Juan García-Gallardo, en el último punto, el 32, acuerdan la promoción de "una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro" de la autonomía. Al estar convocada una mesa de diálogo sectorial para un consenso autonómico, de llegar a un pacto general, eso podría interpretarse como "ordenado". Ello, considerándose que el posible pacto aborda a un colectivo específico, el de los menores, de los que no hay mención en dichos documentos.

El más complejo es el balear, pese a no dotar de representación interna a Vox. Hay tres puntos: el primer eje descriptivo, y los puntos 105, 106 y 107. Se acuerda restringir ayudas sociales a no residentes o a las ONG que colaboren con los rescates, y perseguir las mafias de tráfico de seres humanos. Ello "garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir", lo que justificaría un acuerdo Gobierno comunidades, dado este enfoque. Aunque luego se insta a "la identificación" y "repatriación" de acuerdo a la ley. Eso, no obstante, corresponde al Ejecutivo nacional y a sus delegaciones. Y el procedimiento no es inmediato, tiene unos cauces legales muy amplios y en la práctica es complicado poner negro sobre blanco. Hay mención a reclamar a Moncloa un reforzamiento fronterizo en Baleares, ante los incrementos de llegadas en los últimos años.

Un resquicio para el PP

El fino equilibrio entre lo descrito en los pactos y esa capacidad de interpretación, deja un resquicio de justificación a los líderes autonómicos del PP, de terminar consensuándose un reparto con el Ejecutivo. Ahora bien, fuentes populares nacionales bien posicionadas aseguran que para que haya consenso, aparte de que haya voluntad de todas las partes para llegar al mejor acuerdo posible, es fundamental un compromiso de Moncloa para atajar los problemas de origen de esa migración. Fijan en el objetivo el combate a las mafias que trafican con personas, algo que sí se repite en todos los acuerdos con Vox. "En España, a diferencia de otros países, no se está haciendo nada para frenarlas", dicen, resaltando aspectos como que los jóvenes que llegan acumulan deudas con ellas y eso les perjudica para el futuro. La no actuación, contemplan, les permite que sigan "creciendo" y "tiene que haber voluntad desde Exteriores" para trabajar junto a los países de partida.

Esta exigencia se une al tema de la financiación, ya manifestada a varias escalas por integrantes del partido. Desde las siglas populares se advierte de que la labor de los servicios de menores autonómicos están destinados para chavales que han perdido a sus padres, o a los que se les ha retirado la tutela. Pero no para absorber múltiples llegadas. Sobre todo, si no hay disposición para contenerlas de cara al futuro como ya se apunta.

En el PP rehúyen, no obstante, de la singularización que se está haciendo al poner el foco en sus gobiernos con Vox, y, dejando constancia del compromiso, dicen, generalizado que existe en las regiones, prefiere que se aborde el tema con todas las comunidades como protagonistas. Trasladan que existe irritabilidad, primero por "la intención del Gobierno" de querer modificar aspectos de la ley de extranjería para "imponer" ese reparto de forma forzosa. Una vía de difícil aplicación, contemplan, al corresponder el tutelaje a los centros autonómicos. Que supone que, cuando otra región supere, como Canarias, el 150% de presión migratoria, se active la recepción obligada. En segundo lugar, por el rechazo de regiones como Cataluña a un reparto equitativo. En plena negociación para la cesión de las competencias migratorias.

Fuentes populares abogan por combinar esa actuación en el origen con la ya demostrada voluntariedad y la "solidaridad" expresada por Alberto Núñez Feijóo el pasado viernes. El canario Fernando Clavijo, dicen sus socios de gobierno, está por la labor. Pero no lo ven tan claro por parte de Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, más próximo a "imponer". Esta preparación del terreno hecha por los populares, aderezada por el rechazo de enclaves como Cataluña, dejan poco margen para que se salga con un acuerdo sectorial a mediados de mes. La alternativa, al no contar el Gobierno con el apoyo de Junts, clave, les dejaría solo con capacidad de aprobar un real decreto ley para hacer efectivo ese reparto. Este desenlace, es el que más prevé Vox. Y el que permitiría zanjar, al menos temporalmente, el debate de ruptura que ya casi alcanza una semana. Porque no sería un consenso, sino "una imposición más del Gobierno". Con opción a recurso al Constitucional de forma posterior.

Vox, por la presión de los barones a Génova

Fuentes nacionales de Vox insisten que las líneas fijadas en el acuerdo conciernen a este tema, porque es "una de nuestras principales preocupaciones y en la que insistimos". Y el PP "tiene que demostrar que va a hacer lo imposible" por defender los pactos. No dudan, incluso, de que "se va a plantar" ante Torres, porque, aceptar esas distribuciones suponen "traer problemas" a las regiones. No descartan que Feijóo tratase el lunes en Salamanca, en una reunión sobre la EBAU, ello con todos sus barones. "Nadie quiere centros de menas", añaden. Otras fuentes también de Vox indican que ya hay muchos centros de menores con problemas en Extremadura, Valencia o Murcia.

Con una petición ya de cierre del CETI de Cartagena elevada por el líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, al Consejo de Gobierno, y aceptada según Vox, el partido ha desplegado este martes un registro en todos los parlamentos autonómicos de iniciativas para que se cierren los centros y que se repatrie a los jóvenes al país de origen. El Estado es quien decide sobre las repatriaciones, pero solo cuando hay voluntad del menor y hay comunicaciones claras con los familiares, lo que da pie a una amplia gama de grises que complica esas acciones. Ante la pregunta reiterada a múltiples figuras de Vox, "si el PP incumple", será el Comité de Acción Política quien determine el proceder.