En cuanto el Tribunal Supremo dio a conocer su lectura de la ley de amnistía, su interpretación de que no es aplicable a los delitos de malversación del procés, la pregunta ya estaba encima de la mesa. Si los magistrados consideran que los líderes independentistas no se pueden beneficiar de la medida de gracia, ¿cabría una reforma de la norma para afinarla más, para pulirla más y pasar el filtro del Alto Tribunal? La respuesta tajante que dan Gobierno y PSOE es una: no. El Ejecutivo no se plantea en absoluto un retoque de la ley de amnistía. Ese escenario, aseguran fuentes de la Moncloa, queda "descartado".

Hay varias razones que ayudan a entender por qué los socialistas rechazan una modificación de un texto que está en vigor desde el pasado 11 de junio, después de una tramitación parlamentaria de más de seis meses. La primera es que consideran que "el legislador ya ha hecho su trabajo". Es decir, que Gobierno y partido han cumplido su parte del trato tanto con ERC como con Junts. Con ambos Pedro Sánchez se comprometió a sacar adelante una ley de amnistía y con ambos pactó cada artículo, cada coma. La versión final, el texto que se aprobó el 14 de marzo en el Congreso —y que quedó validado definitivamente en la misma Cámara baja tras su paso de dos meses por el Senado—, consignaba las últimas cesiones a los de Carles Puigdemont, porque los republicanos se daban por satisfechos con la redacción de enero, la que los posconvergentes rechazaron porque consideraban que no blindaba suficientemente al expresident.

El legislador ya ha hecho su trabajo", recalcan en el Ejecutivo. Y es que la versión final consignó las últimas cesiones a Junts en lo relativo a terrorismo, alta traición y malversación

En el texto final, repasado por cierto tras el informe de la Comisión de Venecia, no solo se tocaron los aspectos relativos al terrorismo y a la alta traición al Estado. También se afinó la cuestión de la malversación, precisamente para garantizar (teóricamente) una interpretación favorable de los tribunales: el delito de malversación quedaba cubierto por la amnistía si se dirigía a financiar o sufragar el procés siempre que no hubiera habido "propósito de enriquecimiento". Y no existe enriquecimiento, dice la ley, si no se ha producido un beneficio personal de carácter patrimonial".

El Supremo tumba esa lectura, aferrándose a su propia jurisprudencia. Consideran la Sala de lo Penal y el instructor, Pablo Llarena, que los condenados y los procesados por el procés utilizaron fondos públicos para hacer frente a los costes inherentes a la celebración del referéndum del 1-O, y no echaron mano a su bolsillo. Y al no tirar de su propio dinero no sufrieron merma en su patrimonio, por lo que sí hubo, entienden los magistrados, un beneficio personal. Y también consideran que se dañaron los intereses financieros de la Unión Europea —otra de las excepciones de la ley— porque la "ruptura de la integridad territorial de Europea" encerró un "grave peligro de afectación de los intereses financieros" del club comunitario, aunque esa desconexión "durara solo unos pocos segundos".

El Supremo deja poco margen de maniobra porque dicta que hay malversación aunque no haya habido lucro personal y porque se afectaron los intereses financieros de la UE

El Gobierno considera que la partida judicial tendrá su batalla clave en el Tribunal Constitucional, que es el que al final tendrá que resolver todos los recursos de inconstitucionalidad que se presenten —el PP apurará el plazo para la impugnación y además, alegó Alberto Núñez Feijóo este martes, duda de la "imparcialidad" del tribunal de garantías— y las peticiones de amparo de los afectados. Y el Ejecutivo siempre ha contado con que el TC dictará sentencia a su favor. La clave está en que el órgano tiene una mayoría progresista, de siete magistrados a cuatro, que se equilibrará mínimamente a finales de este mes —pasará a un 7-5—, cuando se incorpore José María Macías, el juez elegido por el PP y aceptado por el PSOE. Aunque se apartasen de las deliberaciones el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, el 5-5 lo desempataría el voto de calidad del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.

"Todo se dirimirá en una instancia superior"

Fuentes del Ejecutivo recordaban este martes tras la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que al final será el TC el que decidirá. El propio Sánchez, el pasado 12 de junio, cuando ya se atisbaba una lectura contraria por parte del Supremo, ya subrayó que al final "todo se dirimirá en una instancia superior", el TC, quien "interprete en base a la Constitución y, por tanto, así se tendrá que aplicar". Sánchez pedía "tranquilidad" a los ciudadanos, pero ese mensaje también iba dirigido a sus socios independentistas. El mensaje era evidente: la batalla más importante se dará en el tribunal de garantías.

La voluntad del legislador, había afirmado Sánchez, era la de "superar todos aquellos hechos vinculados con el 'procés' que tanta división trajo a Cataluña y España"

"El trabajo de este Gobierno y el PSOE ha quedado meridianamente claro y hay cosas que ya no nos corresponden a nosotros", indican fuentes de la Moncloa. Es decir, como ya informaba este diario, que el Ejecutivo considera que ha cumplido su parte del pacto.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, fue muy insistente en su mensaje a los jueces cuando fue preguntada por los periodistas tras la reunión ordinaria del Gabinete. Tras mostrar su "respeto" a las decisiones judiciales, sí reiteró una y otra vez que la norma no arroja sombras de duda. "El texto de la ley de amnistía es absolutamente claro y meridiano. La voluntad del legislador también. Tan clara como las letras y el texto de la propia ley", subrayó la portavoz del Ejecutivo. La amnistía "funciona como cualquier otra ley", y ahora "les corresponde la aplicación a los jueces".

Era un reproche implícito a la actuación del TS, al reiterar que los tribunales han de tener en cuenta tanto la letra como el espíritu de la norma, la voluntad expresa del legislador, que era —dijo Sánchez el 12 de junio— la de "superar todos aquellos hechos vinculados con el procés que tanta división y tanta confrontación trajeron a Cataluña y España". Dicho de otro modo, el Parlamento buscaba la amnistía total, la extinción de la responsabilidad penal de todos los implicados en el proceso separatista. Así lo interpreta la Fiscalía —con una fortísima división interna—, la Abogacía del Estado o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya —que perdonó al exconseller Miquel Buch, al exescolta de Puigdemont o a manifestantes condenados— o un juez de Barcelona, que amnistió este martes a 46 policías de una tacada.

El Ejecutivo muestra su irritación con el cuestionamiento del TC por parte de Feijóo, al dudar de su "imparcialidad". Alegría le pide que rectifique sus palabras de "extrema gravedad"

Por tanto, el Gobierno no considera que haya habido errores de redacción en la ley, o que contenga grietas. La norma es "clara", y "lo que tiene que suceder ahora es que los jueces apliquen la ley". Una tesis que también comparte el PSC. ERC y Junts han cargado contra el Supremo por "saltarse" la norma, por hacer de "justiciero", pero no han reclamado a los socialistas, al menos por ahora, que retoquen el texto. Fuentes próximas al primer secretario del PSC añaden que no han recibido privadamente ninguna petición de las formaciones independentistas en ese sentido.

Lo que indignó al Gobierno este martes, en todo caso, fueron las palabras de Feijóo en Onda Cero cuestionando la "imparcialidad" del TC, al sentarse en él, además, dos exmiembros del Ejecutivo, Campo y Díez. Alegría calificó de "extrema gravedad" esas declaraciones y pidió al jefe del PP una "rectificación inmediata".

Crítica directa a Macías... no compartida por Alegría

La portavoz tenía a su lado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Ella no había sido preguntada por la resolución del Supremo, pero quiso fijar posición. Más exigente que la del PSOE. Porque criticó abiertamente la designación de Macías, un magistrado que forma parte del CGPJ saliente y que pertenece al ala dura, muy combativo con la amnistía. Es la prueba, dijo, que Feijóo no cree en la despolitización de la Justicia que tanto preconiza. Lo cierto es que Díaz censuraba sin tapujos una de las patas del pacto que hace una semana firmaron Ejecutivo y PP en Bruselas: el ascenso de Macías al PP.

Desde la Moncloa recalcan que la opinión de Díaz es "personal", no la del Ejecutivo en su conjunto, que en cualquier caso "no cuestiona la legitimidad del TC, como sí ha hecho Feijóo"

Ese nombramiento era un sapo difícil de tragar para los socialistas, pero lo hicieron por primar el acuerdo y han sido muy cuidadosos en sus declaraciones sobre él. Fuentes de la Moncloa subrayaron que lo expresado por la vicepresidenta segunda es "una opinión personal", porque "puede haber magistrados que gusten más o gusten menos", pero la voz del Ejecutivo la representa su portavoz, Alegría, y lo que en cualquier caso no hace el Gobierno es "cuestionar la legitimidad del TC y de sus sentencias, como sí ha hecho Feijóo". "No hay debate ni duda más allá de las opiniones personales", agregaron. Desde el entorno de Díaz reconocieron que su posición no era pactada dentro de la coalición, ni había consensuado por anticipado con Alegría marcar perfil propio.

El despliegue de la ley de amnistía no ha hecho más que comenzar, pero en el Gobierno consideran que podrán perder algunas batallas, sufrir algunos reveses, pero al final saldrán ganadores porque la norma es "impecable", como se ha hartado de repetir el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el principal artífice del texto. No cabe otra opción, porque si la ley fuera tumbada por el TC o por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sánchez tendría muy difícil remontar el golpe. Porque esta es la iniciativa nuclear de la legislatura, la que sostiene su Gobierno, la que da sentido a un mandato sujeto por una frágil alianza parlamentaria.