Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha conseguido recuperar dos vehículos que le fueron confiscados en febrero en el denominado "caso Koldo". Esta decisión se tomó debido a que la medida de aprehensión no fue debidamente autorizada por el juez Ismael Moreno.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso de apelación de Joseba García contra dicha medida y ha ordenado la devolución de los dos vehículos: un Mercedes B200 y una motocicleta Harley Davidson, según consta en un auto al que ha tenido acceso EFE.

El auto recurrido, expone la Sala, acordaba "la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar, los vehículos reseñados", entre los que se encontraban los dos a los que se refiere el recurso.

Sin embargo, prosiguen los magistrados, "no consta ninguna resolución que acuerde la aprehensión provisional de los mencionados vehículos al amparo del apartado 1 del artículo 127" del Código Penal.

Por todo ello, añaden, "la decisión del Juzgado Central de Instrucción contenida en la resolución recurrida no resulta adecuada", lo que supone que ambos vehículos "han de ser devueltos a su titular".

En cuanto a otras reclamaciones que afectan a vehículos de la trama Koldo, la Fiscalía Anticorrupción ha emitido ya un dictamen acerca de la petición de Koldo García y de su mujer Patricia Uriz de que se les devuelva uno de los vehículos intervenidos y de que se les autorice la venta de otros dos.

En su informe al juez, el fiscal Luis Pastor no se opone, si bien pone dos condiciones.

Una, que antes de formalizar la venta de los vehículos se recabe la autorización del juzgado, y la otra, que el precio obtenido sea ingresado en cuentas de las que son titulares el matrimonio y que están bloqueadas por este juzgado mediante auto de 19 de febrero de 2024.

En otro informe, el fiscal rechaza que se devuelva a Daniel Sierra Monedero, administrador único de la empresa sobre la que pivota la trama (Soluciones de Gestión), un vehículo Toyota RAV y propone al juez que se le entregue al que considera su legítimo propietario, Toyota Financial Services/Toyota Kreditbank.

Del mismo modo se pronuncia respecto a la solicitud del investigado José Luis Rodríguez de que se proceda al levantamiento del embargo de un Toyota Rav4, propiedad de Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara SL (empresa investigada en esta causa), "en tanto que esta entidad es la legítima propietaria del mismo", aduce.

Según la investigación, José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes, pudo colaborar en el blanqueo de las comisiones ilegales de la trama a través del negocio de pizarras al que se dedicaba.