"Hay plazo". "Lo están estudiando los servicios jurídicos de la Comunidad". "Habrá que esperar a las prejudiciales". Estas son las respuestas más extendidas entre las autonomías gobernadas por el PP, que, incluso antes de la aprobación parlamentaria de la ley de Amnistía, ya se apresuraron a anunciar, una tras otra, su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Pero una vez publicada en el BOE el pasado 10 de junio -un día después de celebradas las elecciones europeas- apenas han movido ficha a a espera de ulteriores acontecimientos.

Sí es cierto que en todos los casos pidieron los correspondientes informes a sus servicios jurídicos, pero no lo es menos que se lo han tomado con cierta calma antes de actuar por un doble motivo. Primero, porque entienden en el PP que este es "el momento de los tribunales". El varapalo que Gobierno e independentistas han recibido del Supremo por considerar no amnistiables los delitos de malversación de fondos públicos y mantener las órdenes de detención en territorio nacional contra Carles Puigdemont, entre otros, ha dado la razón a la consigna de esperar antes de ir al frente constitucional.

Además, pueden empezar a llegar las prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De hecho, aunque ya se ha aplicado la amnistía a algunos implicados en las actuaciones sediciosas de 2017, acusados fundamentalmente por desobediencia, el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ha animado a acudir a Europa.

El PP da por hecho que el TC respaldará la constitucionalidad de la amnistía

Pero también hay un tercer motivo que no se les escapa a nadie, esto es, las nulas posibilidades respecto a que el recurso de inconstitucionalidad prospere en el tribunal de garantías. El ataque de los populares a la institución que preside Cándido Conde Pumpido ha sido implacable. Ayer mismo, la "número dos" popular, Cuca Gamarra, insistía en poner en duda la imparcialidad del TC en su decisión de anular las condenas a los cargos políticos por malversación en el caso de los ERE. Aludió de forma más o menos explícita al propio Conde Pumpido, ex Fiscal General del Estado, cargo que ocupó con un gobierno socialista; al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex asesora de Moncloa Laura Díez, que "dictan sentencias en relación a compañeros de partido".

No se conocen los términos exactos en los que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le transmitió a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, -con la que desayunó ayer en Cascais (Portugal) en el marco de unas jornadas de trabajo del Partido Popular Europeo- sus dudas respecto al funcionamiento del TC, pero en esencia, según fuentes populares, dejó constancia de "la falta de imparcialidad que se vive en nuestro país con un Tribunal Constitucional, que se está dedicando a eliminar las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a antiguos compañeros de su formación implicados en el mayor caso de corrupción en España en los últimos 40 años". En este sentido, Feijóo también le trasladó a su compañera de filas europea "los retrocesos que se han dado en España en la lucha contra la corrupción" rebajando los límites de la malversación de fondos públicos.

Feijóo y Von der Leyen coincidieron "en la necesidad de defender el Estado de derecho en toda la UE tras la aprobación de la Ley de Amnistía"

Partido Popular

Asimismo, siempre según el PP, ambos coincidieron "en la necesidad de defender el Estado de derecho en toda la Unión Europea tras la aprobación de la Ley de Amnistía, que no tiene cabida en la legislación española, como ha sentenciado el propio Tribunal Supremo, ni en la europea", aunque lo cierto es que, más allá de que están vigilantes al respecto y de que pueda haber un pronunciamiento monográfico sobre la ley de impunidad, formalmente la Comisión no se ha manifestado al respecto.

En el gobierno andaluz explican que están pendientes de las cuestiones prejudiciales que puedan presentarse ante el TJUE. Desde Madrid hablan del "momento jurídico más oportuno" una vez que "los servicios jurídicos de la Comunidad están en ello". También en Castilla y León "se está tramitando, pero tenemos que cumplir los plazos pertinentes, por lo que no podemos dar una fecha". En Aragón, cuyo parlamento ya ha aprobado la interposición del recurso con los votos de PP, Vox, PAR y Aragón-Teruel Existe, matizan que "hay tiempo y es mejor ver cómo van las prejudiciales", mientras que fuentes del gobierno murciano señalan que aún no tienen fecha, existe, además, "un plazo de tres meses para formalizarlo y está los servicios jurídicos en ello".

Apurar los plazos

También esta semana Nuñez Feijóo anunció, en una entrevista en Onda Cero, que agotará los plazos para acudir al Constitucional, aunque desde Génova siempre insistieron en que no habría una actuación coordinada con los gobiernos autonómicos, pues éstos eran soberanos para decidir su propia estrategia, sobre todo en aquellos territorios donde gobiernan en coalición con Vox. En todo caso resulta difícil de creer que no estén concertados, salvo que alguna comunidad se vea tentada a adelantarse a las demás, que todo es posible.

La cuestión de los plazos también merece capítulo aparte. Porque si bien el recurso de inconstitucionalidad "ha de interponerse con carácter general en el plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado", según establece la norma, el mes de agosto se considera inhábil, por lo que dicho plazo se ampliaría hasta el 11 de octubre, pero no hay unanimidad sobre ello entre las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente con lo que podría culminar en septiembre, que es la opción por la que se inclinan en el TC. Y también surge una última duda, esto es, la posibilidad de que el Constitucional desestime la admisión a trámite de la demanda presentada por los gobiernos autonómicos en caso de entender que los territorios no están afectados por la ley de Amnistía y no existe una colisión de competencias.