El pleno del Congreso de los Diputados se ha vuelto a reunir este jueves en el hemiciclo, ya en periodo extraordinario de sesiones en este mes de julio. La razón: iniciar los trámites de la proposición de ley de Reforma del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Una iniciativa registrada en conjunto por el PSOE y el PP, tras alcanzar a principios de la semana pasada ambos partidos un acuerdo definitivo que cierra el bloqueo prolongado durante cinco años para la renovación del órgano. A favor, con 258 votos de PSOE y PP, sumó UPN. En la abstención, con 33, quedaron Sumar, el PNV y Coalición Canaria. Y en contra, los 43 votos de Vox, Junts y Podemos

Los trámites serán veloces sobre este asunto, con el que se pretende avanzar a una mayor independencia judicial e integridad del sistema. Entre otros, se apuesta por nuevos requisitos exigibles para los candidatos a las Salas del Supremo, como que deben acumular 20 años como miembros de carrera judicial para ser nombrados magistrados del Supremo. Para presentarse a cargo político, se deberá declarar una excedencia voluntaria. De resultar electo, no podrá regresar a su actividad judicial hasta pasados dos años del cese de esas funciones políticas.

Para el CGPJ habrá una serie de incompatibilidades y méritos. No podrán acceder a él quien en los cinco años anteriores hayan ejercido de ministro, secretario de Estado o consejero autonómico. Tampoco alcalde, diputado, senador, eurodiputado o parlamentario regional. Quienes sí opten, tendrán que dar cuenta ante una comisión parlamentaria de nombramientos. Así mismo, presentar su memoria de méritos y objetivos. El Fiscal General del Estado queda sujeto a esas incompatibilidades, incluso.

Además de incorporarse una disposición general, que insta a que en un plazo de seis meses los nuevos 20 integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaboren un informe sobre el modelo de elección del órgano que consideren más idóneo, y con referencia a Europa. Ello, pasará a formularse como una nueva proposición de ley parlamentaria que, en todo caso, no es vinculante y "puede aceptarse o no", dicen los socios del Gobierno. Desde el PP lo dan por descontado, en cambio. "Es un compromiso con Europa", destacaron recientemente fuentes del PP. Los portavoces popular, Miguel Tellado, y socialista, Patxi López, se han encargado de defender la ley.

En el caso del PP, contra la tendencia populista que percibe en Pedro Sánchez y sus socios, "con los que no puede aprobar" esta norma. "No lo entiendan como un balón de oxígeno", advirtió Tellado en su intervención. "Bienvenidos a entender que hay que escuchar a la calle y atender a la mayoría social", dijo Tellado a la bancada socialista, reivindicando que esto es parte de su plan de calidad institucional, que promulgó desde Cádiz Alberto Núñez Feijóo en enero de 2023. Frente a las concesiones "radicales" a partidos "radicales", añadió el portavoz. De hecho, Tellado anunció que todos los puntos de regeneración serán presentados en la Cámara como iniciativas, a lo que invitó al PSOE apoyarlas frente a derivas populistas.

López, por su parte, denunció los "ataques" del PP. Y volvió a jugar con el marco del "cumplimiento de la constitución" de los populares. Tras "27 escusas", dijo el portavoz, anunciadas cuando presionaba "el ala dura" del partido. "Entonces el PP daba marcha atrás. Lo último fue pedir el garante de las instituciones europeas como supervisión, mediante, pensando que los socialistas se iban a echar atrás". "Aquí estamos. No me digan que no es una gran noticia. El acuerdo no era solo un mandato constitucional. Era una cuestión de Estado, de interés judicial" que garantiza "el pleno funcionamiento" del poder judicial.

Igualmente, López ha cuestionado la "doble vara de medir" de los populares respecto a las decisiones judiciales. "Hace dos días, como les gustó alguna decisión sobre la amnistía, el Estado funcionaba perfectamente y era garante de libertades e igualdad", en referencia a que el Supremo no dará la amnistía a Carles Puigdemont. "Al día siguiente, como el TC dijo que hacer leyes no es delito [respecto a los ERE], pues los socialistas nos estamos cargando el Estado de derecho". Tras ello, pidió a Feijóo que "rectifique sus palabras". "O se respeta las instituciones o se está fuera de ellas", cerró el socialista.

Los socios, descontentos

Los principales socios de izquierda como ERC, EH Bildu y el BNG, han anunciado desde el principio de la jornada que no participarían en la votación. Para la izquierda abertzale, el acuerdo "no es positivo". Porque "no se enfrenta al problema de base: la instrumentalización de la justicia". Según la coportavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, "desde hace décadas, el aparato judicial ha servido para criminalizar a independentistas vascos y al movimiento independentista catalán". También "se ha utilizado contra la izquierda española y ha llegado al presidente español". Para ella, "en este Estado no existe la independencia judicial", dado que "cualquiera que contraríe los intereses del bloque reaccionario [de la derecha], se enfrentará a consecuencias judiciales, policiales y mediáticas".

En el caso de ERC, Gabriel Rufián valoró que el CGPJ debe "estar sujeto a la soberanía popular". "Los jueces no se pueden elegir ellos. No es un cónclave papal". Añadió que "cuando ustedes defienden que los jueces se elijan, la gente lo celebra porque piensan que los políticos no meten ahí la mano, pero es una trampa y los saben", se refirió al PP. "Lo único que es un problema para ustedes es cuando los jueces no son suyos", les añadió. La réplica de Rufián copó también el descontento social en la calle por los alquileres o "no poder llegar a fin de mes". Tras terminar Rufián, se produjo un choque. Supuestamente el diputado del PP, Enrique Belda, le espetó desde su escaño al republicano: "Venga, a tomar por culo". Aunque no queda claro si ha sido él. Desde la presidencia se ha pedido no lanzar "improperios".

En el caso de Podemos, que sí votó, los morados solicitaron una "reflexión" al PSOE y la consecuente ruptura del acuerdo firmado para "renovar el Consejo" con los socios que sostienen al Gobierno. Para recomponer la ruptura que ellos perciben del bloque de "mayoría democrática" configurado en la investidura de Sánchez. Porque, el escenario que vislumbran los de Ione Belarra, es el de una "gran coalición" emergente, lo que, pone en juego sus votos al PSOE de consolidarse los próximos meses con más pactos de Estado, amenazan.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, valoró que el acuerdo "no regenera nada, sino que perpetúa las puertas giratorios entre la judicatura y la política". Prosigue con la "putrefacción de la justicia española", con "unos jueces justicieros constituidos en mafias que, por mucho que prevarican, acaban protegidos por capos y partidos españoles". En referencia a los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena, dijo que "gracias al acuerdo, seguirán haciendo y deshaciendo al margen de la ley". "Harán política en lugar de justicia, sabiendo que no serán llamados al orden", porque ustedes se lo permiten "impunemente". "Si realmente quieren democratizar, creen mecanismos" contra ellos, "las puertas giratorias o deroguen la Audiencia Nacional", apuntó.

Cerró el debate de tramitación Pepa Millán, de Vox. Insistió en recalcar el sometimiento que el partido y Santiago Abascal llevan abonando durante la última semana. "Es la rendición del Poder Judicial ante el gobernante más totalitario de nuestra historia", apreció. "Acuerdan nombres, diez para cada uno, y así se suscribe la premisa de que la justicia te tratará de una forma u otra en función del carnet del partido que lleves". Este "pacto es bueno para el PP, para el PSOE, pero no para la justicia", sentenció.