La batalla está servida en torno a la inmigración y subirá de tono el miércoles de la semana que viene en la reunión de la comisión sectorial de Infancia y Adolescencia en Canarias, donde se decidirá el reparto de menores inmigrantes de las islas a la Península y la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Los populares han puesto este debate sobre la mesa alertando de la llegada masiva de pateras entre finales de julio y principios de agosto, proponiendo la actuación de la Armada en las costas Canarias para vigilancia y disuasión; exigiendo ayuda a la Comisión Europea; apelando a la actuación en origen con los países emisores y a la lucha contra las mafias de tráfico de personas o haciendo recaer en el tejado del Gobierno central los medios para atender a esos menores.

Y desde el Ministerio del Interior han desplegado todo un argumentario para explicar las medidas puestas en marcha en los últimos tiempos, lo que no ha impedido, sin embargo, que en 2023 se incrementara la llegada de inmigrantes en un 82 por ciento con respecto a 2022 y que en el primer semestre de este año hayan entrado en España 25.400 personas, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, según los datos que maneja el propio Ministerio del Interior, al frente del cual se sienta Fernando Grande-Marlaska.

"No existen fórmulas mágicas ni soluciones sencillas a problemas complejos", dicen en Interior

Sin querer entrar en el debate de si deben implicarse o no las Fuerzas Armadas en el que se prevé un verano especialmente complicado por la llegada masiva de cayucos, la migración "es un fenómeno de enorme complejidad en el que influyen numerosos factores. La presión migratoria seguirá existiendo en todas las fronteras exteriores de la UE, como vemos también en Italia, en Grecia o en Chipre. La inestabilidad política y social en muchas zonas de África, el incremento exponencial de la población y la falta de recursos son elementos estructurales que no se solucionan de un día para otro. No existen fórmulas mágicas ni soluciones sencillas a problemas complejos", replican desde el departamento de Interior una vez que el Partido Popular ha incidido en este asunto.

Por ejemplo, respecto a la actuación en los países de origen, aseguran que esa cooperación con países como Mauritania o Senegal ha evitado el 40 por ciento de las salidas irregulares, de modo que no llegaron a las costas Canarias el año pasado unas 27.000 personas. En ambos países hay, respectivamente, cerca de medio centenar de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en el país, "que trabajan con las fuerzas policiales locales en el patrullaje marítimo, aéreo y terrestre y en la investigación y desarticulación de mafias de tráfico y trata de personas". También en Gambia están desplegados una decena de agentes de las FSE.

Y tras recordar que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha visitado Senegal, Gambia y Cabo Verde para convertir África Occidental "en una región prioritaria" de cooperación, califica de "bulo" que los menores inmigrantes no acompañados sean competencia del Gobierno central, asunto que, desde el PP, aseguran no haber cuestionado "en ningún momento" pero sí reclamado medios.

Las Comunidades tienen la competencia "exclusiva" en materia de asistencia social

Ministerio del Interior

Las autonomías, recuerdan en Interior, tienen la competencia exclusiva en materia de asistencia social, que incluye la guarda y tutela de los menores, competencia recogida incluso en el artículo 148 de la Constitución. Pero no sólo, porque el artículo 2 ter de la ley de Extranjería reza que «la Administración General del Estado cooperará con las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la consecución de las finalidades descritas en el presente artículo, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. En todo caso, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito tomando como referencia sus respectivos planes de integración».

No es el único capítulo en el que Gobierno replica al primer partido de la oposición aunque sin citarlo de forma explícita. Consideran que se ha realizado un gran esfuerzo destinado a acoger a los inmigrantes que llegan a nuestras costas, reforzando esa red de acogida "para dar una respuesta eficaz al repunte de llegadas". En Canarias, aseguran, el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, de José luis Escrivá, dispone de más de 7.000 plazas y en la península, da cobertura a 52.000 personas en todo el territorio nacional.

Sólo este verano está prevista la llegada de 11.000 menores

Sólo este verano está prevista la llegada de unos 11.0000 menores no acompañados. Por eso los populares insisten en que debe ser el Gobierno central "el que explique qué es lo que quiere hacer y cuáles van a ser los criterios de reparto", atendiendo, dicen, a la "singularidad" de cada territorio. Se refieren a los medios y la capacidad con que cuentan las distintas autonomías, bastante desigual entre ellas, "y, si no los tienen, habrá que dotarle de los mismos", advierten fuentes de Génova.

El propio Feijóo aseguró que los territorios gobernados por el PP - prácticamente todos- "serán solidarios", marcando así distancias no solo con Vox sino con Cataluña y País Vasco, donde formaciones como Junts han puesto serias objeciones a recibir más inmigrantes. Pero, del mismo modo, quiere dar la batalla por un debate en el que se mueve como pez en el agua Santiago Abascal y crecen otros proyectos indeterminados como el de Alvise Pérez, bajo el argumento de que a los experimentos de ultraderecha "no se les combate obviando debates que son muy importantes".

Los populares no llevarán, pues una posición única a la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia del día 10 en Tenerife, a la espera de la propuesta del Ejecutivo. De momento se quejan de falta de comunicación y trabajo previo, lo que permite aventurar que la reunión puede acabar sin acuerdo.