El Gobierno garantiza a las víctimas de abusos la reparación "obligatoria" y pactada con el Estado frente al plan de la Iglesia

El choque entre el Gobierno y la Iglesia por los casos de pederastia en el clero escala un peldaño. El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya ha dejado claro a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que "no aceptará" un plan unilateral, sin contar con el Estado, para compensar a las víctimas de abusos. El Ejecutivo entiende que ese marco que defienden los obispos "no garantiza" ningún tipo de reparación y esta no sería "obligatoria", por lo que muchas se sentirían igualmente "desamparadas". Tras el aviso a la Iglesia, el siguiente paso, el que da este lunes el ministro, es la reunión con las asociaciones de afectados, precisamente para trasladarles que no se apeará de su posición, y es que el sistema de ayudas que se arbitre para ellas se diseñe contando con ellas, concertado con el Estado, "vinculante" y que garantice "reparaciones adecuadas a cargo de la Iglesia", porque eso es lo que pidió el informe del Defensor del Pueblo de octubre de 2023.

Fuentes del Gobierno avanzaron a este diario la cita de este 8 de julio con los colectivos de víctimas de la pederastia. Tendrá lugar en la Moncloa, a las 12.30, y entre los asistentes se hallan asociaciones como Infancia Robada, Justice Initiative España o la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra. El encuentro será presidido por el ministro Bolaños y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.

Al encuentro de hoy acuden colectivos como Infancia Robada, Justice Initiative España o la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra. Acudirán Bolaños y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo

Lo que pretende el Ejecutivo es adelantarse a la reunión que el martes tendrá la asamblea plenaria extraordinaria de la CEE para aprobar su "plan integral" para reparar a las víctimas de abusos sexuales, una guía que los obispos sacarán adelante sin el apoyo de las principales asociaciones de afectados. La cita del ministro de este lunes, por tanto, pretende añadir presión y empujar a la Iglesia a que deseche su plan, al no contar con el respaldo ni del Ejecutivo, ni de las víctimas, ni del Defensor.

Fuentes de la Moncloa señalaron que esperan, de hecho, una "respuesta positiva" por parte de la CEE. O sea, que recule. Porque Bolaños transmitirá el "apoyo del Gobierno" a las asociaciones de víctimas en el seno de la Iglesia, para avanzar hacia "un sistema de reparación creíble y eficaz". Nada que ver, añaden, con lo que plantean los purpurados.

El encuentro del ministro de este lunes es el segundo aviso consecutivo a la Iglesia en apenas unos días. El pasado viernes, 5 de julio, como avanzó El País, el titular de la Presidencia remitió una carta al presidente de la CEE, Luis Argüello, en respuesta a la que este le remitió el día anterior para emplazarle a una nueva reunión "a partir del 10 de julio, solo después de que la Iglesia haya tomado decisiones por su cuenta".

La CEE celebra este martes una asamblea plenaria extraordinaria para aprobar su "plan integral", en cuya elaboración no ha contado con las principales asociaciones de víctimas

En ella, Bolaños agradeció a la institución que "reconozca el daño producido y la necesidad de repararlo", después de "tantos años" ignorándolo. "Pero quiero insistir en la necesidad de concertar un modelo de reparación entre el Estado y la Iglesia católica que sea ajustado a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo con el objetivo de facilitar a las víctimas un único sistema de reparación". El ministro remarca que no se conoce el contenido del plan que ofrecerán los obispos —la CEE no ha dado aún detalles— y, sobre todo, si contempla ese "sistema mixto" que cumpla con la recomendación del Defensor.

"Entorno seguro y confiable"

"Un esquema unilateral de la Iglesia [...], sería especialmente perjudicial para las víctimas y sus familias, que necesitan un sistema que genere un entorno seguro y confiable para plantear sus casos y poder obtener una reparación adecuada. Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podría generar desconfianza en las víctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organización por las que no se sintieron amparadas en su día, especialmente cuando este sistema se pone en marcha al margen de los criterios fijados por el Defensor del Pueblo, que es la institución que ha estudiado las mejores fórmulas de escucha y reparación", escribió Bolaños en su carta del viernes, a la que tuvo acceso El Independiente.

El ministro avisó el pasado viernes a Argüello, jefe de la CEE, de que un modelo unilateral no genera un "entorno seguro y confiable" para las víctimas. El Gobierno, dijo, "no lo aceptará"

El titular de la Presidencia y Justicia instaba a Argüello a retomar las conversaciones para "garantizar una reparación justa y adecuada" a las víctimas, subrayándole de que la participación del Estado no es solo la forma de cumplir con lo sugerido por el Defensor, sino la manera "más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social" de la pederastia en la Iglesia. Una iniciativa unilateral, por el contrario, "puede generar confusión y disfuncionalidades", y eso es lo que a juicio del Ejecutivo ha de evitarse "en el interés de las víctimas". Bolaños acabó su escrito insistiendo en que el Gobierno "garantizará la reparación total" de los afectados por los abusos, "a cargo de la Iglesia", y "no aceptará ninguna fórmula unilateral por parte de esta institución".

El Ejecutivo mueve ficha antes de que lo haga la CEE, porque su plan "no garantiza ninguna reparación a las víctimas, ni siquiera su intervención". "Y el Gobierno va a seguir trabajando para defenderlas", subrayan a este diario fuentes de la Moncloa. "La propuesta de la CEE no ha contado con las víctimas y, sobre todo, no es obligatoria para las diócesis. Es una broma", explican, porque puede haber obispos que la asuman y otros que no, porque además en la Iglesia hay "debate interno" y muchos prelados "ultras", por lo que podría darse el caso de que víctimas de distintos puntos de España tuviesen distinta respuesta por parte de la institución.

Es decir, que según la intención de la CEE, las recomendaciones sobre compensaciones económicas no serían vinculantes para las diócesis. "Nos vamos a oponer y habrá choque y por eso nos vemos este lunes con las víctimas para trasladarles esto. El objetivo del Gobierno es precisamente que el sistema de reparación sea obligatorio, que se tengan en cuenta las víctimas, que puedan contar su caso en un entorno seguro sintiéndose acogidas y que la indemnización sea adecuada y a cargo de la Iglesia", añaden.

El Defensor apostaba por un "sistema mixto" entre el Estado y a Iglesia para asegurar la reparación de las víctimas en los casos de delitos prescritos o de defunción del victimario

¿Qué decía el Defensor del Pueblo en su informe de 2023? La institución que dirige el exministro socialista Ángel Gabilondo recomendaba el impulso de un órgano especial de carácter temporal "que tenga como finalidad la reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en aquellos casos en que, a causa de la prescripción del delito o de la defunción del victimario, no se haya podido seguir un proceso penal contra este". El Defensor apuesta por que ese órgano cuente con la colaboración de la Iglesia, para que esta asuma "el compromiso de hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones". Se decantaba así por un "sistema mixto entre Iglesia y Estado". El estudio de la institución señalaba que un 0,6% de la población española habría sufrido agresiones por parte de un sacerdote o un religioso, mientras que un 1,13% de la población adulta (más de 440.000 de los 40 millones de adultos) habría padecido abusos en el ámbito religioso —aquí se incluye a los laicos que trabajan en instituciones—.

"Juicio condenatorio de toda la Iglesia"

En abril de 2024, el Consejo de Ministros aprobó un plan de implementación del informe del Defensor que señalaba, "como opción más deseable", la creación de un órgano especial de carácter temporal para reparar a las víctimas de agresiones, un órgano independiente, "integrado por especialistas que exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica". Ya en aquel momento, la Conferencia Episcopal mostró su oposición a los planes del Ejecutivo porque entendía que había que resarcir también a las víctimas fuera del ámbito religioso. "El texto presentado", decía la CEE, "parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse solo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones".

El Ejecutivo y la CEE acordaron crear un grupo de trabajo para negociar y configurar ese modelo concertado. La primera reunión fue el 3 de junio pero no se celebró una segunda ese mes

Pese a las reticencias, la CEE accedió a crear con el Gobierno un grupo de trabajo para negociar y configurar ese sistema mixto. La primera reunión se celebró el 3 de junio y se pactó celebrar una más a lo largo de ese mes. Pero los obispos, "pese a los requerimientos del ministerio", rehusaron agendar esa segunda cita, "paralizando así los trabajos", indicaban a este periódico fuentes gubernamentales.

Así que ante el "temor" de que la CEE quisiera apartarse de las recomendaciones del Defensor, el ministro envió una primera carta a Argüello el lunes 1 de julio para pedirle una "respuesta clara" acerca de su participación en ese modelo mixto de reparación. "Como consecuencia de la misiva de Bolaños", siguieron estas mismas fuentes, la CEE retomó sus trabajos, pero con un "esquema unilateral" que tiene intención de presentar este martes, 9 de julio, como le comunica el jefe de los prelados.

Es esta carta de Argüello del pasado jueves 4 la que agudiza la preocupación del Gobierno. Y la que explica el tenor de la misiva de Bolaños del día siguiente, 5 de julio, en la que ya le traslada el malestar por el proceder de la Iglesia y su aviso de que no aceptará mecanismos que se aparten de las recomendaciones del Defensor "y de los estándares internacionales de otros países donde la Iglesia está afrontando la reparación a las víctimas". El Gobierno esgrime que la solución que se alcance ha de ser "acordada entre Iglesia y Estado", "proporcionar seguridad y confianza a las víctimas que acudan a exponer sus casos" y a solicitar su indemnización, y "asegurar mecanismos de reparación tanto económicos como simbólicos".

La Iglesia rechaza comentar las cartas privadas cruzadas de los últimos días. No cree que deban hacerse públicas, quien las divulga comete una "deslealtad personal e institucional"

La duda, por tanto, reside en cuál será ahora la respuesta de la Iglesia. Fuentes eclesiales consultadas por EFE rechazaron comentar cartas privadas remitidas entre representantes institucionales porque, a su juicio, no deben hacerse públicas y quien divulga este tipo de escritos "comete una deslealtad personal e institucional".

El conflicto se agrava. El Gobierno busca mostrar el respaldo sin fisuras a los afectados mientras presiona a la Iglesia para que desista de su propuesta unilateral y vuelva a la negociación de un sistema concertado. Ahora mismo, el acuerdo queda lejos.