La reciente decisión de aumentar el número de diputados autonómicos en Castilla-La Mancha ha generado un notable debate político y social. Este cambio, resultado de un acuerdo entre el PSOE y el PP, responde a la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía de la región para adaptarse a la realidad actual y mejorar la representación democrática.

Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 33 diputados, una cifra que ha permanecido inalterada desde la reforma de la ley electoral impulsada por María Dolores de Cospedal en 2014. Este número se mantiene a pesar de que la ley electoral regional permite un máximo de 35 representantes. La decisión de Cospedal, en su momento, fue justificada como una medida de austeridad en respuesta a la crisis económica, así como una corrección a lo que consideraba un desequilibrio favorable al PSOE. Sin embargo, esta reducción ha tenido consecuencias significativas en la representación de partidos minoritarios y la proporcionalidad del voto.

Nueva reforma para aumentar los diputados

La nueva reforma propuesta por el PSOE y el PP establece un tope máximo de 59 diputados, lo que podría cambiar radicalmente el panorama político de la región. Este aumento busca corregir lo que muchos expertos constitucionalistas consideran una anomalía, la desproporción entre el número de escaños y el volumen de votos. La ley actual podría sobrerrepresentar a las provincias menos pobladas, e impediría que fuerzas políticas con porcentajes de votos significativos, del 8% al 9%, obtengan representación en el Parlamento.

La sobrerrepresentación de provincias menos pobladas es un problema evidente, como es el caso de Cuenca, que actualmente tiene cinco diputados a pesar de tener una población mucho menor que Toledo, que solo tiene nueve. Esta desproporción dificulta una representación justa y equitativa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Cambio en la ley electoral en Castilla-La Macha

El acuerdo entre PSOE y PP no solo contempla la reforma del Estatuto para aumentar el número de diputados, sino también una modificación de la ley electoral y del reglamento del Parlamento regional. Esta triple reforma busca no solo aumentar el número de representantes, sino también garantizar una mayor transparencia y control sobre el Ejecutivo, introduciendo sesiones de control y fortaleciendo el poder legislativo.

Para los socialistas, esta reforma es una oportunidad para corregir injusticias históricas y avanzar en derechos sociales y económicos. Según Ana Isabel Abengózar, portavoz del grupo socialista en el Parlamento autonómico, el nuevo Estatuto de Autonomía no solo consolidará derechos, sino que también blindará políticas sociales y garantizará la igualdad entre hombres y mujeres, protegiendo a las minorías y enfrentando desafíos como la despoblación y el cambio climático.

Aprobación de la reforma

El proceso de reforma, sin embargo, todavía enfrenta varios desafíos. Primero, la aprobación de la reforma del Estatuto en sí misma, que luego debe ser articulada mediante una modificación de la ley electoral regional. El PP ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir una nueva ley electoral y una revisión del reglamento del Parlamento, el único en España que no contempla sesiones de control al Ejecutivo. Si uno de estos acuerdos falla, todos los demás podrían colapsar.

Aunque la reforma propone un máximo de 59 diputados, el número final aún debe ser determinado. La actual cifra de 33, aunque técnicamente podría ser 35, refleja una limitación que el nuevo acuerdo busca superar para garantizar una representación más justa y equitativa.

La implementación de esta reforma también tiene una dimensión participativa. El PSOE y el PP han invitado a la sociedad civil de Castilla-La Mancha a participar en el proceso, recogiendo aportaciones de colectivos, entidades y asociaciones para enriquecer el nuevo Estatuto. Este enfoque inclusivo busca asegurar que la reforma no solo refleje un acuerdo político, sino también las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos de la región.

El aumento de diputados autonómicos en Castilla-La Mancha responde a la necesidad de corregir desequilibrios históricos en la representación democrática y adaptarse a la realidad actual de la región. Aunque el proceso de reforma aún enfrenta varios desafíos, el acuerdo entre PSOE y PP marca un paso significativo hacia una mayor equidad y justicia en el sistema electoral regional.