Que nadie se llame a engaño, alerta el Gobierno. La posibilidad de articular un mecanismo obligatorio de derivación de menores migrantes de Canarias a otras comunidades autónomas solo podrá conseguirse si se modifica la Ley de Extranjería. No hay otra vía, "no hay un plan b" si la fórmula descarrila. Y para que salga adelante el Ejecutivo mira única y exclusivamente al PP, al que pide que actúe con "responsabilidad, altura de miras" y hasta "humanidad". El Gobierno necesita al PP porque, primero, requiere la implicación y la colaboración de las autonomías que dirige, que son 11, y también porque sin los populares no hay números para sacar adelante esa reforma en Congreso y Senado, ya que Junts, socio de investidura de Pedro Sánchez, no entra en este caso en la ecuación del Ejecutivo, ya que pide por delante la delegación integral de las competencias en materia migratoria y eso "no es aceptable" ni por la Moncloa ni por el Gobierno canario, con quien actúa conjuntamente en este tema.

Este martes, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estuvo prácticamente monopolizada por la cuestión del reparto de menores migrantes. Era lo esperable, tanto por la presencia en la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como por la presión del calendario: mañana miércoles, 10 de julio, se celebra en Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a la que están convocados todos los consejeros autonómicos del ramo, para estudiar la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería elaborada mano a mano por el Gobierno central y el Ejecutivo canario, que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y del que forma parte el PP.

Ahora hay 6.000 niños en Canarias, una comunidad de dos millones de habitantes, una presión que si se traslada al conjunto de España, dice Torres, sería de 130.000 chavales, cuando hoy hay 14.000-15.000

El PP de las islas, igual que el de Ceuta y Melilla —las dos ciudades autónomas están gobernadas por los populares—, está plenamente de acuerdo con la fórmula y empuja a la dirección de Alberto Núñez Feijóo a que la apoye. Pero el presidente del PP ha mantenido una posición diletante en las últimas semanas y no ha aclarado su postura. Ni qué harán sus CCAA en la Conferencia Sectorial de este miércoles en Tenerife ni cuál sería el voto de su grupo en las Cortes cuando se tramite la reforma de la Ley de Extranjería.

La iniciativa plantea es el traslado inmediato de los menores que llegan a los lugares de frontera cuando se supere el 150% de ocupación de las plazas de acogida previstas para estos niños. Lo que se plasma en el texto es una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y que supondría, de aprobarse, un cambio radical en la gestión de esta materia, ya que la tutela de los menores es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Lo que permitiría es que el Estado decida a qué territorio traslada a estos niños migrantes, garantizando la financiación suficiente.

El Ejecutivo canario demandó esa reforma legislativa con urgencia por la presión que estaba sufriendo su territorio, que "no es soportable": hay ahora mismo 6.000 menores en una comunidad de dos millones de habitantes. Y es previsible que en los próximos meses sigan llegando más. El problema es que las islas tienen sus recursos asistenciales desbordados. Torres apuntó durante la rueda de prensa que si se trasladase la presión que vive Canarias al resto de España significaría la presencia de unos 130.000 niños en el conjunto del país [la cifra dada por el ministro, por error, fue de 240.000], cuando ahora mismo hay entre 14.000 y 15.000. Es decir, que el archipiélago acoge al 43% de los chavales que han llegado a territorio español.

La clave es la "solidaridad obligatoria"

Clavijo y su predecesor al frente del Ejecutivo canario, el hoy ministro Torres, ya presentaron hace unas semanas a los grupos su acuerdo. Vox y Junts se opusieron radicalmente, y el PP pidió llevarlo a la Conferencia Sectorial. Esa es la convocatoria de mañana miércoles, y en ella el Gobierno y el presidente canario podrán testar la verdadera disposición de las CCAA del PP. El titular de Política Territorial pidió al PP y al resto de formaciones un "pacto de Estado" para dar una "respuesta que es indiscutible, justa y necesaria" y que tiene que pasar por la "solidaridad obligatoria".

El ministro de Política Territorial pide al PP un "pacto de Estado" para dar una "respuesta que es indiscutible, justa y necesaria" y que tiene que pasar por la "solidaridad obligatoria"

Esa es la expresión clave, el corazón de la reforma legislativa, la "solidaridad obligatoria". Porque los intentos que hubo anteriores para una reubicación equitativa de los menores migrantes no funcionaron, ya que se basaban en la acogida voluntaria por parte de las CCAA. En 2018 se articuló a través de un real decreto que pretendía aliviar la presión migratoria en Andalucía, y en 2022 y 2023 se aprobó la distribución voluntaria de 700 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla y en el caso de las islas apenas salieron unos 40.

"El real decreto [de 2018] no funcionó, la Conferencia Sectorial tiene sus dificultades administrativas porque es solidaridad voluntaria [y porque exige después la firma de convenios bilaterales]... Solo nos queda una solidaridad obligatoria que pasa por una modificación de la ley", esgrimió el ministro. "Por tanto, yo le pido a todos los grupos, y en este caso al mayoritario en el Congreso y en el Senado, que es el Partido Popular, que modifique la ley y que apoye esta iniciativa", agregó.

El PP no ha mostrado su oposición a la reubicación de menores en toda España pero sí que rechaza que esa distribución sea obligatoria. Precisamente el corazón del cambio de la ley. Preguntado el ministro qué ocurriría en caso de que los populares no respaldaran la modificación, sostuvo que no tiene "en la cabeza" que puedan votar en contra de ella. Porque si eso sucediera, la reforma quedaría enterrada, ya que no tendría los apoyos suficientes.

Junts pedía excluir a Cataluña del reparto en tanto no estuviera aprobada la delegación integral de la competencia migratoria. Esa condición "no es aceptable" ni para el Ejecutivo central ni para el canario, precisa Torres

La cúpula de Feijóo también se ha quejado de que el Gobierno no garantizaría los recursos suficientes, argumento que volvió a rebatir el ministro, subrayando que la propia reforma de la ley contempla que esa reubicación vaya acompañada de la financiación "suficiente y necesaria", pero la concreción de las cuantías por niño y día se abordan en la Conferencia Sectorial, aplicando una serie de parámetros. En la ley, por tanto, no puede ir incorporada la dotación económica, según el razonamiento del Ejecutivo. Torres recordó que de lo que se trata es de acoger a población "vulnerable", a menores no acompañados que tienen intactos sus derechos.

La posibilidad de que el texto saliera adelante con la mayoría de la investidura es inviable. Torres fue explícito: Junts reclamó por escrito que se excluyese a Cataluña del reparto en tanto no disponga de la delegación integral de la competencia migratoria que pactó con el Gobierno en enero, delegación que no está ni siquiera ni registrada en el Congreso y mucho menos aprobada. Esa condición "no es aceptable ni por el Gobierno de España ni por el de Canarias", "no cabe", sentenció. Además, de aprobarse esta reforma, entrarían en el reparto de menores "las 16 comunidades autónomas", confirmó el ministro. O sea, todas menos Canarias, obviamente.

"Nos vamos a retratar todos los grupos"

Así que si se borra a Junts de la ecuación y se tiene en cuenta que Vox votará en contra porque ya trasladó que su posición es devolver a esos niños o bien que se queden en el territorio al que llegan, la única opción de que salga adelante es con el PP. "Plan b no lo hay porque no tenemos apoyos suficientes para modificar la ley", advirtió. Lo "importante", por tanto, es contar con los respaldos necesarios. "Estamos tendiendo la mano al máximo —abundó—. Volvemos mañana a reunirnos, se lo volveremos a explicar. Y al final, todo esto acabará en pocos días o semanas con una manifestación parlamentaria. Y ahí es donde se van a retratar, nos vamos a retratar todos los grupos políticos".

La falta de una "posición común" en el PP obedece, lee el Gobierno, a la "presión y los envites constantes de la ultraderecha de Vox", que ha vuelto a amagar con romper los gobiernos que comparte con los populares

Fue la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la que enhebró los mensajes más políticos y exigentes con el PP en una estrategia deliberada, porque Torres quiere huir del choque directo con la dirección de Feijóo en tanto no se aclare el destino de la iniciativa pactada con el Gobierno canario.

Alegría recordó que se está hablando de niños menores de edad, que abandonan solos sus países, las guerras, la situación de hambruna, y que lo que se pide ahora es una acogida equitativa por parte de las comunidades autónomas, del mismo modo que varios países europeos también se comportaron de forma solidaria en pleno franquismo cuando los españoles salían del país huyendo de la miseria. Ahora, por tanto, "todas las comunidades" deben ser "solidarias". Por eso el Ejecutivo exige al PP "responsabilidad y altura de miras y una posición común". También le demanda "máxima responsabilidad", "solidaridad y hasta humanidad" con esos niños migrantes. Alegría recordó que ahora la presión la padecen Canarias, Ceuta y Melilla, pero antes fueron otros territorios.

La falta de una "posición común" en el PP obedece, lee el Gobierno, a la "presión y los envites constantes de la ultraderecha de Vox", que ha vuelto a amagar con romper los gobiernos que comparte con los populares si aceptan la reforma de la Ley de Extranjería y la derivación obligatoria de menores. Para el Gobierno, dijo Alegría, ha "llegado el momento", y más si se mira lo ocurrido en Francia —donde ha funcionado el cordón sanitario contra la ultraderecha de Marine Le Pen—, de que "Feijóo rompa ya" con Vox, de que rompa sus cinco gobiernos autonómicos (los de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Aragón) y sus 140 ayuntamientos conjuntos.

20 millones en la Conferencia Sectorial

¿Apoyaría en ese caso el PSOE a esos ejecutivos del PP? Alegría no respondió de manera directa. Recordó que en Canarias o en Extremadura fue el PP quien decidió aliarse con otras formaciones —con CC en las islas y con Vox en la segunda— para no dejar gobernar a la lista más votada, que fue la del PSOE. "El legado de Feijóo es haberle abierto las puertas a la ultraderecha en todas las instituciones. Las amenazas de [Santiago] Abascal las conocemos, no es la primera vez. Lo preocupante es el silencio de Feijóo. Ya se le hace tarde romper los gobiernos con la ultraderecha", acabó la ministra.

El Gobierno insiste en que la ley sí garantiza una suficiencia de recursos para atender a los menores de las comunidades de acogida

Y le dio otro tirón de orejas: el líder del PP, tras la segunda vuelta de las legislativas francesas, el pasado domingo, pidió al presidente de la República, Emmanuel Macron, que conforme un Gobierno sin los "extremistas". "Con esos extremistas gobierna en cinco comunidades y 140 ayuntamientos, porque así lo decidió", martilleó de nuevo la portavoz.

En la Conferencia Sectorial de este miércoles el Gobierno simplemente informará de la propuesta de distribución vinculante de menores a las comunidades. Ese punto no se vota. Lo que sí se votará es el reparto de 400 jóvenes migrantes, que quedó pendiente en la última reunión del órgano, mediante el mecanismo voluntario que está ahora mismo vigente, y que afecta a un total de 400 jóvenes. La cuantía económica asignada es de 20 millones. "Eso sí se somete a votación, pero lo que vamos a informar es la modificación legislativa y no se somete a consideración. Quienes tendrán que votar serán lógicamente los grupos políticos en las Cortes cuando se lleve esta iniciativa legislativa a trámite y se vote", sostuvo. A 24 horas de la Conferencia Sectorial de Tenerife, todo está en el aire.