El reparto de cuotas de menores inmigrantes no acompañados, con la subsiguiente reforma de la ley de Extranjería, ha puesto en pie de guerra a dos formaciones políticas que tienen en su mano la llave de la gobernabilidad del país, en un caso, y de un buen puñado de ejecutivos autonómicos, en otro. Se trata, respetivamente, de Junts y de Vox, partidos que con un discurso muy similar en ambos casos, han cuestionado la solidaridad con Canarias, necesaria para aliviarla de la presión migratoria que llega a sus costas.

Génova, por su parte, ha optado por ignorar el renovado ultimátum del líder de Vox, Santiago Abascal, de dar por rotos todos los gobiernos autonómicos de coalición si los populares aceptan reparto de cuotas de los menores inmigrantes no acompañados, cuestión que se va a debatir este miércoles en una reunión de la comisiòn Sectorial de Infancia y Adolescencia entre representantes del Gobierno y del resto de las comunidades, incluida la catalana, que no suele sumarse a foros multilaterales. Abascal, incorporado al Grupo Europeo de la ultraderecha pro Putin, volvió a elevar ayer el tono, una amenaza que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ignoró, a sabiendas de que esta es una cuestión, la de romper o no, que divide a los voxistas. También creen en el PP que el líder de Vox "es impredecible", por lo que resulta difícil de interpretar exactamente sus palabras, aunque lo cierto es parecían inequívocas.

El PP alerta de la posibilidad de un "reparto asimétrico" para no enfadar a PNV y a Junts

En todo caso, el PP se muestra escéptico respecto a las posibilidades de éxito de la cita de este miércoles, entre otras cosas, porque, según denuncia Génova, no ha habido contactos previos con las distintas administraciones responsables de las políticas asistenciales, además de la educación y la sanidad, para llevar parte de trabajo avanzado. "No hay diálogo abierto alguno con nuestros gobiernos ni para pedir ni para acordar. Si quisieran pactar, habrían llamado", dicen fuentes populares.

En el primer partido de la oposición, el mismo que gobierna en once comunidades, además de Ceuta y Melilla y Canarias en coalición, ofrecen "solidaridad, pero queremos medios". Esa es una de las condiciones, pero no sólo porque alertan del riesgo de lo que denominan "un reparto asimétrico". Esto es, que Moncloa no tenga el mismo grado de exigencia "sobre sus socios catalanes y vascos" que respecto al resto de los gobiernos autonómicos.

Temen que Pedro Sánchez esté tentado a "proteger a los partidos de los que depende su gobernabilidad", en alusión a Junts -que se niega en redondo a un acuerdo para que Cataluña tutele a menores procedentes de Canarias- y PNV, quejosa de tener sus centros saturados y de que los menores pasen de una comunidad autónoma a otra sin ningún control. En todo caso, la queja de los nacionalistas vascos no es muy distinta a la que se arguye desde otros territorios del PP en la que parece puede ser la estrategia que éstos desarrollen mañana en la isla de Tenerife.

Dotar de medios a las Comunidades

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, puso ayer el acento en las "dificultades extraordinarias" para acoger más menores en su territorio pues registran, dijo, una ocupación del 170 por ciento. "Algunas comunidades estamos desbordadas y, por tanto, el esfuerzo que se nos puede o se nos debe exigir a unos o a otros" debe ser "conjunto", advirtió. No obstante estudiarán "con la profundidad y seriedad que merece" el planteamiento que le traslade el Gobierno este miércoles.

El propio Feijóo ha venido defendiendo la necesidad de dotar de medios a las Comunidades para poder afrontar ese reparto de unos 5.000 menores más los que pueden llegar en un verano que se prevé especialmente complicado de desembarco de cayucos. "La práctica que hemos tenido durante muchos años es ser solidarios en la recepción siempre que tengamos capacidad en las Comunidades para recibirles, tratarles y cuidarles" en alusión a los menores no acompañados porque "nadie puede dar lo que no tiene".

En cuanto a Junts, y aunque no se va a sentar a la mesa de la comisión sectorial puesto que no tiene responsabilidades de gobierno en Cataluña, ya ha dejado muy claro su negativa a acoger un solo menor procedente de Canarias. Todo ello a pesar de las advertencias del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respecto a que ningún territorio puede quedarse fuera, no sólo del reparto de cuotas, sino de la ley de Extranjería que tiene previsto establecer un mecanismo fijo para ese reparto. "Si alguna comunidad o algún partido político dice en mi comunidad 'no', indudablemente esa propuesta no se va a aceptar", avisó.

"Nosotros no somos socios del Gobierno de Sánchez"

En el PP también ven con enorme desconfianza dicha reforma por "habilitar" por ley al Gobierno frente al resto de las Comunidades "para tomar a futuro decisiones que también les afecta". Además, recuerdan que "nosotros no somos socios del Gobierno de Sánchez. Él ya ha elegido a sus compañeros de viaje" en alusión a Junts, y los siete escaños de los de Carles Puigdemont no van a respaldar esa reforma. De hecho, cabe recordar que lo pactado entre el gobierno socialista y Junts el pasado mes de enero, a cambio de no participar en la votación de tres reales decretos, iba en sentido contrario, esto es, la "delegación integral" de las políticas de inmigración. Este acuerdo se contenía en el mismo paquete que el IVA cero para el aceite de oliva o la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según los independentistas, dificultaba la aplicación de la amnistía. Y ambas medidas ya han sido implementadas.

En todo caso, si no hay acuerdo el miércoles es complicado que el Gobierno lleve al Congreso la reforma de la Ley de Extranjería -que quería aprobar antes de fin de mes- para evitar un nueva derrota parlamentaria, como hizo con la ley del Suelo, sin apoyo entre sus socios ni tampoco del PP. Los ministros de Polìtica Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, tendrán que emplearse a fondo para convencer a unos presidentes populares muy escépticos que sospechan, además, de un trato preferente a País Vasco y Cataluña y encarecen con ello su apoyo.