"Hay que culminar el trabajo". Y eso significa que la reforma de la Ley de Extranjería para posibilitar el traslado obligatorio de menores migrantes no acompañados llegará en pocos días al Congreso para su tramitación parlamentaria, aunque la iniciativa muera en la orilla por falta de apoyos.
Es lo que defiende el Gobierno, lo que entiende que debe ser el paso siguiente después de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este miércoles en Santa Cruz de Tenerife y sobre la que planea la amenaza de fracaso si las comunidades dirigidas por el PP expresan su rechazo a la reubicación vinculante de los jóvenes migrantes. Socialistas y Sumar esgrimen que los grupos deben pronunciarse donde toca, en el Congreso, y que sea allí donde todos "se retraten". También el PP, que gobierna con Coalición Canaria (CC) en las islas y que preside las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, justo los tres puntos de la frontera sur más agobiados por la llegada de menores por la falta de los recursos asistenciales necesarios. Pero la decisión de si la reforma de la Ley de Extranjería se lleva a las Cortes no depende solo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La adoptará de la mano de Canarias.
El punto principal de la Conferencia Sectorial de este miércoles por la tarde es el estudio de la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, impulsada conjuntamente por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por su sucesor al frente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC). El objetivo es desahogar las islas, que ahora mismo sufren una presión que no es "soportable", como reconocía este martes Torres tras la reunión del Consejo de Ministros: son 6.000 los menores que hay en el archipiélago para una población total de 2,2 millones de habitantes. Es decir, como si hubiera 130.000 niños en el conjunto del país, ilustró el ministro [él dio primero la cifra de 240.000, que luego corrigió su departamento], cuando en realidad hay entre 14.000 y 15.000. Dicho de otro modo, el 43% de los jóvenes migrantes se hallan en Canarias, en un territorio reducido y muy limitado.
Si se aprobara la ley, los traslados se producirían en un plazo de 15 días. Para la distribución de los 3.000 chavales que no caben en las islas, se concede un tiempo de 12 meses
La reforma obliga a las CCAA a acoger a menores de forma inmediata cuando haya una sobreocupación del 150% de las plazas disponibles en el sistema. En el caso de Canarias, la derivación de niños migrantes se activaría al superarse la barrera de los 3.000, dado que cuenta con 2.000 plazas. La resolución de ubicación y traslado a una determinada comunidad autónoma por parte del Estado sería dictada en un plazo de 15 días desde la inscripción de ese niño en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados. Para la distribución de los 3.000 chavales que no caben ahora mismo en las islas se concede el periodo de un año.
Torres insistió durante su comparecencia en la Moncloa en que esta es la única vía posible para desbloquear la angustiosa situación en Canarias, que podrá empeorar en los próximos meses con más llegadas. Porque lo que no ha funcionado en estos años, subrayó, es la cooperación voluntaria: ni sirvió el real decreto de 2018 para aliviar la presión migratoria que en aquel momento estaba sufriendo Andalucía, ni sirvieron las Conferencias Sectoriales de 2022 y 2023, ya que de los aproximadamente 700 menores que tendrían que haber sido distribuidos desde Canarias, Ceuta y Melilla, apenas 40 abandonaron las islas.
La propuesta de reforma legal no se vota: Torres y Rego solo informarán de ella porque el competente es el Parlamento. Lo que sí se votará es el reparto de 400 menores por el mecanismo vigente, el de acogida voluntaria
Por eso ahora el objetivo del Gobierno central y de Clavijo es aprobar la reubicación obligatoria de migrantes, para que no haya fisuras y no ocurra como en los últimos años. En la Conferencia Sectorial, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), el Ejecutivo informará a los consejeros autonómicos de la propuesta de reforma, con las modificaciones que se han incorporado tras la ronda que Torres y Clavijo hicieron con los grupos. Ese punto, precisó el ministro, no se vota, porque quienes habrán de hacerlo serán Congreso y Senado. Lo que sí se votará es el reparto de 400 menores por el mecanismo vigente, de acogida voluntaria por las CCAA, y financiado con 20 millones de euros.
El PP pide un fondo de contingencia
Pero los dos gobiernos sí recabarán el sentir de los consejeros del PP. Y hasta ahora no está clara su postura. Alberto Núñez Feijóo no ha querido hacerlo. Su portavoz, Borja Sémper, apuntaba este miércoles que las comunidades del PP acudirán a la reunión con el ánimo de atender a los menores migrantes "hasta el límite de su capacidad", pero puso como condición un fondo de contingencia "con dinero suficiente" para las autonomías porque si no se aportan recursos se estarán "generando condiciones de inseguridad" ciudadana. Y exigió que la acogida se produzca en "todas" las comunidades "sin excepción".
El ministro recuerda que "plan b no hay", porque el Estado no puede sacar a los menores de las islas, ya que su tutela es responsabilidad de las CCAA, y cambiarlo requiere de la reforma legal
Torres, desde la Moncloa, recalcó que la propia modificación de la Ley de Extranjería ya garantiza que los traslados y la manutención de los niños contarán con una financiación suficiente pagada por el Estado. Añadió que en el reparto entrarán todas las CCAA, las 16 salvo, obviamente, Canarias. Es decir, que también se incluirá en el listado a Cataluña, pese a que Junts pide que se la excluya en tanto no se aprueba la delegación integral de la competencia migratoria que pactó con el PSOE en enero, y pese a que ERC demanda que se tenga en cuenta la singularidad catalana.
Fuentes del Ejecutivo indicaban este martes que si el PP no muestra su apoyo a la reforma de la ley, entonces Canarias afronta un problema de primer orden, porque el Gobierno no puede sacar a los menores de las islas sin cobertura legal, dado que las CCAA son las competentes en su tutela (de los mayores de edad, en cambio, el responsable es el Estado). Por eso Torres sostuvo en la rueda de prensa en la Moncloa que, descartadas las soluciones del pasado, de acogida voluntaria, solo "queda una solidaridad obligatoria que pasa por una modificación de la ley". Y demandó al PP que apoye en Congreso y Senado la reforma. "Plan b no lo hay", advirtió, porque sin los populares no hay apoyos suficientes para sacar adelante la ley, dado que Junts, socio de investidura, se borra de la ecuación.
Si las CCAA del PP manifiestan su oposición en la Conferencia Sectorial, Torres y Clavijo decidirán el paso siguiente. "Nos sentaremos y acordaremos", apuntan en el círculo del ministro. El Gobierno de Sánchez es partidario de llevar la iniciativa al Congreso, aunque pueda fracasar por la falta de apoyos. Porque "hay que culminar el trabajo" iniciado, según expresaban fuentes próximas al ministro de Política Territorial. Sobre todo para "retratar" a los grupos, y especialmente al PP, para que quede claro que es el partido de Feijóo, el que dirige 11 CCAA y cogobierna una más, precisamente Canarias, y el que además preside Ceuta y Melilla además de presidir Ceuta y Melilla, el que rechaza la recepción de chavales migrantes, que son cada vez más jóvenes y que son población "vulnerable", según recordó Torres. También el equipo de la ministra Rego está de acuerdo con la necesidad de "retratar" a todos en una cuestión de auténtica urgencia para las islas. "Al final, todo esto acabará en pocos días o semanas con una manifestación parlamentaria. Y ahí es donde se van a retratar, nos vamos a retratar todos los grupos políticos", explicitó Torres en su comparecencia en la Moncloa, dando por seguro que el texto llegará sí o sí al Parlamento.
En el PSOE canario niegan que estén buscando que Clavijo cambie de socio: "No estamos en otra cosa más que en que esto salga"
La respuesta que dé Clavijo no será intrascendente. El propio presidente del archipiélago acude a la Conferencia Sectorial de este miércoles, además de su consejera. Un rechazo del PP, con quien cogobierna en Canarias, le dejaría en una situación comprometida. Su número dos, el popular Manuel Domínguez, apoya la reforma legal. También la respaldan los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, ambos del PP. En la dirección del PSOE canario, que lidera el ministro Torres —presidente de las islas entre 2019 y 2023—, insisten en que no persiguen que Clavijo cambie de socio de coalición, como se malicia el PP, sino que trabajan "desde hace meses con rigor y lealtad" con el presidente autonómico para que salga adelante la modificación legislativa. "Lo primero que tiene que hacer el PP es decir si apoya o no el texto de la reforma de la Ley de Extranjería, y no marear la perdiz con disparates. Nosotros no estamos en otra cosa más que en que esto salga. Que ningún otro tipo de debate nos distraiga de lo importante", sentencian fuentes del aparato regional socialista.
"Canarias no puede aguantar más"
Canarias no puede resistir más la acogida en solitario de los menores migrantes que arriban a su litoral, alertó este martes el propio Clavijo, quien volvió a pedir ayuda al Ejecutivo central y a la UE. "Canarias no puede aguantar más. Entre otras cosas, porque no podemos garantizar una atención digna a esos niños y niñas que llegan a nuestras costas", clamó.
El Ejecutivo canario defiende sacar el traslado obligatorio por real decreto ley, una vía más rápida pero que la Moncloa ve más insegura: se inclina por una proposición de ley
La urgencia que siente el Gobierno de las islas explica que se incline por la fórmula del real decreto ley, más rápida porque entra en vigor en cuanto sale publicada en el BOE y solo requiere de la convalidación del Congreso en el plazo de un mes. Pero el Ejecutivo de Sánchez no acaba de ver esa vía, por una cuestión de seguridad jurídica, porque podría suceder que una vez en vigor se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad por parte de alguna comunidad autónoma y entonces la reforma correría peligro.
El Gobierno no tiene claro que se pueda resolver por decreto ley una cuestión tan relevante como sustraer competencias a las comunidades autónomas. Es decir, que aprecia "dificultades jurídicas". Así, los socialistas creen que la vía idónea, más segura, sería la de una proposición de ley impulsada por los grupos, que se registraría y comenzaría a tramitar este mismo mes de julio. De paso, si naufraga, el carácter de la derrota parlamentaria sería muy diferente: no es lo mismo que el Ejecutivo vea tumbado un decreto ley a que se estrelle una iniciativa de los grupos políticos. De cualquier modo, bastaría con que el PP se abstuviera, porque el artículo 35 de la Ley de Extranjería no tiene carácter orgánico, y por tanto para cambiarlo no se requiere de mayoría absoluta.
"Pero es que aquí lo importante es que esa reforma hay que aplicarla, y si las comunidades del PP te ponen muros para desplegarla, entonces estaríamos en las mismas, sería un fracaso. Aquí la colaboración de las CCAA es imprescindible", señalan fuentes próximas a Torres.
El Gobierno volverá a proponer a las CCAA que acojan a 347 menores, propuesta que ya fue bloqueada por los ejecutivos autonómicos. Otros 13 se quedarían en Ceuta y otros 40 en Canarias, en ambos casos pagados por el Estado
Y lo cierto es que la voluntariedad, coinciden en el Ministerio de Juventud e Infancia, no ha funcionado. De hecho, Rego volverá a proponer este miércoles a las CCAA que acojan a 347 menores no acompañados para desahogar la situación de emergencia en las islas. Una propuesta que se arrastra de las dos Conferencias Sectoriales anteriores. El último bloqueo por parte de algunos gobiernos autonómicos se produjo hace escasamente un mes.
Este miércoles llega a Tenerife la misma oferta y con la misma dotación, de 20 millones de euros, dado que los Presupuestos de 2023 están prorrogados. Una cantidad que daba, según los cálculos del Gobierno, para 400 traslados a la Península y Baleares. Las CCAA ofrecieron 347 plazas para menores migrantes. Otros 13 se quedarían en Ceuta y otros 40 en Canarias, en ambos casos pagados por el Gobierno central, para llegar así al límite de los 400 chavales. La propuesta, subrayan a El Independiente en el equipo de Rego, se basa en los mismos criterios ya acordados con las comunidades y aplicados en la distribución de menores en 2022 y 2023, por lo que si ahora aceptaran los traslados se activarían de manera inmediata.
Los parámetros ya acordados
Los criterios de reubicación son cinco: población de la comunidad receptora, renta per cápita, tasa de desempleo, dispersión y esfuerzo en la atención a niños y adolescentes. Con esos cinco parámetros, se calcula el número de migrantes que puede refugiar cada territorio y la cuantía por día y menor. Según los datos ofrecidos por Juventud e Infancia, en 2022 un 40% de las plazas disponibles se quedó sin cubrir, porcentaje que creció hasta el 85% en 2023. De hecho, solo cuatro comunidades cumplieron con el acuerdo de acoger a jóvenes extranjeros (Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra). Números que prueban, para el Ejecutivo, que la voluntariedad no es suficiente: "Las CCAA se negaron a activar esas plazas pese a que el Gobierno sí les transfirió el dinero", señalan en el ministerio, donde denuncian que la autonomía "más incumplidora" fue Madrid, pese a que solo tenía que atender a 34 menores. Tampoco recibió ninguno Cataluña. En 2023, las comunidades se comprometieron a dar cobijo a 396 niños y solo llegaron 62 (32 procedentes de Canarias), y el año anterior, en 2022, se acordó reubicar a 378 jóvenes y falta aún por desplazar a 150 (o sea, al 40%). En total, 774 plazas comprometidas, pero muchísimas menos las cubiertas (290, el 37,47%).
La voluntariedad "no ha funcionado": en 2022, un 40% de las plazas no se cubrió, y en 2023, el 85%. Solo cuatro CCAA cumplieron con el acuerdo de recibir chavales extranjeros
Por eso en el Gobierno no entienden que Feijóo se abra únicamente a una fórmula de acogida voluntaria, "cuando es evidente que no ha funcionado". "Tampoco nos vale que nos digan que una comunidad está saturada, porque hay formas para ampliar las plazas, como ha tenido que hacer Canarias", añaden. En el departamento de Rego avisan de que la evolución es cada vez más dramática, porque cada vez llegan niños más pequeños a las costas españolas, "de apenas 10, 11 o 12 años". Se trata, en definitiva, también de "humanidad, de derechos humanos", había advertido horas antes, desde la Moncloa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien también exigió al PP "altura de miras", "responsabilidad" y "solidaridad". Y que "rompa ya" sus gobiernos compartidos, en autonomías y ayuntamientos, con Vox. Los socialistas están convencidos de que si el PP se resiste a aceptar la derivación obligatoria es, precisamente, por los "envites" y presiones de su socio de la ultraderecha, y por su competencia electoral con él. La formación de Santiago Abascal ha amenazado con dinamitar los ejecutivos regionales con el PP si aceptan el reparto de menores.
Torres y Rego visitan este miércoles primero el centro de niños y adolescentes migrantes de Hoya Fría de Santa Cruz de Tenerife. Pero luego, a las 18 horas —una hora menos en Canarias—, en la sede de la Presidencia del Gobierno regional, empezará una batalla difícil. La de convencer a los consejeros del PP de que den su brazo a torcer. La cita estará dirigida por Rego y Torres y también estará el presidente Clavijo. A la isla se desplazarán los representantes de siete CCAA —Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Murcia—, además de la consejera canaria. El resto asistirán de forma telemática. Al cabo de unas tres horas de encuentro, se sabrá si se llega a un pacto de Estado para reformar la Ley de Extranjería o la iniciativa no tiene números para prosperar en las Cortes.
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