Junts no se ha sentado esta noche en la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia reunida en Tenerife para debatir sobre la reubicación de cerca de 400 menores extranjeros no acompañados. No forma parte del Gobierno de la Generalitat, por lo que carecía de silla en la cita, pero su presencia se ha dejado notar desde el momento en que ha sido Cataluña la única comunidad autónoma que se ha abstenido en este capítulo ante el sí generalizado del resto de los territorios, dominados por gobiernos del PP.

Si bien hay que poner en valor la presencia del consejero catalán de Derechos Sociales, Carles Campuzano, habida cuenta que los independentistas no suelen asistir a foros multilaterales, el Ejecutivo autonómico en funciones ha optado por la vía de la abstención, una vez que los de Carles Puigdemont han venido haciendo campaña a lomos del rechazo a aceptar un menor inmigrante más en Cataluña, con un discurso muy similar al de Vox.

En cambio, las comunidades gobernadas por el PP han dado la tarde de este miércoles una de cal y otra de arena en cuanto a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España, la mayoría a las costas de Canarias, Ceuta y Melilla. La de cal ha sido aceptar la reubicación, voluntaria, de cerca de 400 menores no acompañados conforme al Plan de Respuesta dado a la crisis migratoria del año 2022, por lo que, en puridad, se trataba de un compromiso adquirido con anterioridad que no había terminado de culminar.

Pero el desacuerdo sigue existiendo respecto a si hay que establecer por ley un mecanismo automático y obligatorio de redistribución de niños y adolescentes en el conjunto del territorio, tal y como han acordado el Gobierno central y el de Canarias con el apoyo del presidente de Ceuta, el popular Juan José Vivas. Ese punto del orden del día era de mera información, por lo que no debía ser sometido a votación entre los consejeros, aunque su rechazo es prácticamente generalizado así como la queja de que no recibieron el texto hasta el martes por la tarde.

Porque a diferencia de Vivas, el resto de sus compañeros de filas han puesto pie en pared con esa medida. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha sido especialmente dura en la reunión, reclamando al Gobierno central una conferencia Conferencia de Presidentes y que se declare la emergencia migratoria. Incluso ha alertado de que la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería puede ser inconstitucional ya que estaría invadiendo competencias autonómicas, según fuentes de la Comunidad madrileña.

Desde el gobierno valenciano rechazan un criterio de traslado automático con rango de ley, aunque el presidente autonómico, Carlos Mazón, ha puesto sobre todo el acento en la falta de conocimiento real respecto a esa reforma que el Gobierno quiere llevar este mismo mes al Congreso de los Diputados. En un desayuno informativo de La razón, por la mañana, ha afirmado que "el famoso texto legal que nos trae el Gobierno ha sido trabajado con tal sentido de Estado que nos lo enviaron el martes a las seis de la tarde. ¿Por qué hay comunidades que van con sus enmiendas preparadas y nosotros no? Cuando me han preguntado por esta ley debería haber dicho… qué ley? No la he conocido hasta ayer. Tengo expertos estudiándola y en su momento daré una opinión".

Murcia advierte que no aceptará más menores que los ya acordados

Muy clara se ha mostrado la Consejera de Polìtica de Igualdad de Murcia, Concepción Ruiz, quien desde Tenerife ha dejado claro que no apoyarán la reforma de la ley de Extranjería ni la entrada de "más menores no acompañados" en su territorio, más allá de lo acordado en el Plan de Respuesta de 2022. Ruiz ha llegado a comparar la situación de Murcia con la de Canarias en cuanto a la saturación de sus centros de acogida "prácticamente en situación de colapso. No tenemos capacidad para atender a más."

Castilla y León acogerá a 21 menores. "Hemos sido solidarios en el pasado y vamos a seguir siéndolo en este momento", ha dicho el presidente del ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, no sin dejar de advertir que rechazarán " cualquier tipo de imposición" si el Gobierno quiere modificar la reubicación de esos niños y adolescentes. A su juicio, con la anunciada reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, el ejecutivo de Pedro Sánchez sólo pretende "tapar sus carencias" en política de inmigración, aunque recordó que es a los Grupos Parlamentarios y al congreso a quienes corresponde debatir al respecto en el Congreso de los Diputados.

"La reforma de la ley es una cosa y el nuevo cupo otra", dicen en Aragón

"La reforma de la ley es una cosa y el nuevo cupo otra", afirman, por su parte, desde el ejecutivo aragonés para confirmar su negativa a aceptar un cambio legal que les compromete a futuro. Su consejera de Bienestar Social, Mamen Susín, se limitó a afirmar por la mañana que Aragón "cumple con sus obligaciones legales, no somos insumisos" respecto a la derivación de los menores, en su caso 20, al tiempo que pidió solidaridad "recíproca", pues las ayudas del Estado sólo llegan al primer año de estancia de los mismos.

Es fácil colegir que la negativa generalizada de los gobiernos autonómicos del PP responde a la posición de la dirección nacional del partido. No obstante, Alberto Núñez Feijóo prefirió este miércoles soslayar la cuestión en unas declaraciones realizadas desde Ermua. La realidad es que, sin el apoyo de los populares, al Gobierno carece de votos para sacar adelante la reforma de la ley una vez que Junts, socio del Ejecutivo de coalición, se niega a secundarla. No deja de resultar atractivo para el PP que vuelva a ponerse de manifiesto la extrema debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, unido a las dudas que le genera la propuesta, más partidarios de que ese reparto siga siendo voluntario y no obligatorio.

Futuro de los gobiernos PP-Vox

Pero ese asunto también pone en el disparadero a los populares. Tanto en Valencia, como en Murcia, Aragón y Castilla y León la estabilidad de los gobiernos autonómicos depende de los pactos con Vox. Otro tanto ocurre en Extremadura. Aceptar la cuota voluntaria de menores pone en peligro esos gobiernos si Santiago Abascal culmina su amenaza de ruptura.