La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este miércoles a las instalaciones de la Diputación de Badajoz dentro de la investigación que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz lleva sobre las actividades laborales del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación, Alejandro Cardenal.

Manos Limpias presentó dicha denuncia al poner en duda tanto el proceso de contratación de David Sánchez, quien también es director de la Banda Sinfónica Orquesta de Cámara de la Diputación, como el desarrollo de su jornada laboral diaria, así como la forma de tributación de su salario.

Cobra sin trabajar

Según la documentación a la que ha accedido El Independiente, la organización señala que David Azagra, que es su nombre artístico, "cobra un sueldo "público sin realizar las funciones esenciales del cargo para el que fue designado". En 2017, el hermano del líder del Ejecutivo fue designado coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en régimen laboral de alta dirección, en la Diputación de Badajoz. Sánchez es músico de profesión y una de sus competencias es la de dirigir la orquesta de la provincia, algo que presuntamente no estaría realizando.

Según la denuncia, David Sánchez tendría su residencia fiscal en Elvas, Portugal, donde se ahorraría el pago de algunos impuestos. Además, la se denuncia cruza la causa con el caso Koldo, afirmando que la trama desviaba parte de las mordidas a esa ciudad. En otro apartado se señala que tendría "un patrimonio valorado en unos dos millones de euros", lo que Manos Limpias considera desproporcionado con el sueldo que percibe y su vida laboral anterior. Tampoco habría pagado el IRPF ni el Impuesto del Patrimonio en los años 2021 y 2022.

Delitos

La jueza cree que los hechos descritos podrían ser constitutivos de delito. En concreto de contra la Administración Pública, como prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento llícito, y delitos
contra la Hacienda Pública.

La magistrada ha pedido una serie de diligencias. A la Diputación de Badajoz le ha pedido que explique si existe un control horario que acredite que Sánchez ha acudido a su puesto de trabajo y qué fondos económicos están destinados al programa que dirige. También si es cierto que vive en Elvas y si puede compatibilizarlo con prestar servicios en Badajoz.

A David Sánchez le ha pedido las declaraciones tributarias presentadas en los últimos cinco años para poder examinarlas por si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública. A la Agencia Tributaria le ha solicitado toda la documentación para determinar si ha existido un incremento de su patrimonio y si este supera los 250.000 euros.