No hay dudas de que Canarias vive una emergencia humanitaria. De que las islas, como asegura su presidente, "no aguantan más", porque no tienen capacidad para atender con dignidad a una población vulnerable, a casi 6.000 menores extranjeros que han llegado a sus costas solos, sin nadie a su lado. Pero la magnitud del drama no ha servido para que este miércoles, en Tenerife, se alcanzase un pacto de Estado entre el Gobierno y las comunidades autónomas lideradas por el PP y, juntos, aceptasen la reubicación obligatoria y por ley de niños y adolescentes migrantes cuando se saturen las capacidades de acogida de las islas y de Ceuta y Melilla. El acuerdo fue imposible, tal y como se esperaba. Y, también tal y como se esperaba, el Ejecutivo central, de la mano del canario, llevará la modificación legislativa al Congreso, aun a riesgo de que naufrague. Y lo hará en unos días, para que inicie su tramitación este mismo mes de julio. La presión vuelve al tejado del PP, sobre Alberto Núñez Feijóo, que tendrá que decidir si da luz verde a la reforma legal, consciente de que esta es una materia inflamable que tendrá su primera consecuencia en apenas unas horas: Vox muy probablemente romperá este viernes sus coaliciones autonómicas con los conservadores.

Durante más de cuatro horas Gobierno y CCAA libraron una larga y dura batalla en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada en Santa Cruz de Tenerife y presidida por los ministros Ángel Víctor Torres y Sira Rego, y con el jefe del Gobierno canario, Fernando Clavijo, también a la cabeza. Eran dos los puntos a debate. El primero, el examen de la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería —para forzar rápidamente las derivaciones a la Península y Baleares de chavales inmigrantes cuando la sobreocupación de la red asistencial de Canarias y de las dos ciudades autónomas salte del 150%—. El segundo, el reparto voluntario, y este adjetivo es clave, de 347 menores desde las islas y Ceuta al resto del territorio, un asunto que sí se cerró con acuerdo porque las CCAA del PP aceptaron la distribución diseñada por el Gobierno para este 2024. De ese consenso solo se descolgó Cataluña, que se abstuvo.

Cataluña se abstiene en la votación de la derivación de los 347 niños, porque entiende que es un "reparto 'fake'" porque Cataluña no tiene a 1.419 jóvenes en su red de protección, sino a 2.369

El sí a la redistribución de esos más de 300 chavales estaba ya claro desde horas antes, desde que Feijóo anunciara por la mañana que sus CCAA harían un "último esfuerzo" y por tanto asumirían la tutela de esos menores. Se trataba de un reparto voluntario que estaba pendiente de aprobación desde la última Conferencia Sectorial, del 11 de junio. 347 niños y adolescentes saldrían hacia la Península y Baleares, otros 13 permanecerían en Ceuta y otros 40 en Canarias, pagados en estos dos últimos casos directamente por el Estado. 400 en total. Un cupo anual semejante en volumen al de 2023 (396) y 2022 (378) y que está dotado con 20 millones de euros que pone el Gobierno central. Hace un mes, las CCAA del PP se opusieron a esta reubicación con el argumento de que no conocían la propuesta de reforma legislativa en la que llevaban trabajando meses los Ejecutivos de Pedro Sánchez y Fernando Clavijo. Este miércoles ya dijeron sí. El conseller catalán, el exconvergente Carles Campuzano, miembro del Govern de ERC, se desmarcó del consenso con su abstención, alegando que no podía avalar un "reparto fake", que no se corresponde a la realidad, porque Cataluña no tiene a 1.419 jóvenes en su red de protección, sino a 2.369, informa EFE.

El problema es que ese sistema voluntario, que lleva operando desde 2022, se ha probado insuficiente. "No ha funcionado", como coinciden el Gobierno y Canarias. En 2022, recordaba la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el 40% de las plazas quedaron vacantes, y en 2023, más del 80%: las CCAA de la Península y Baleares pusieron a disposición 373, pero solo acogieron a 62 chicos —30 en Andalucía, 16 en Aragón y 16 en Asturias—, más otros cinco que llegarán próximamente a Navarra. "Este mecanismo tenía sentido hace unos años", explicaba Rego al término de la Conferencia Sectorial, pero los cambios en las dinámicas migratorias exigen que se "redimensionen" las políticas.

Fue esa constatación de que el sistema no funcionaba lo que hizo a Clavijo, que gobierna el archipiélago en coalición con el PP, demandar soluciones urgentes al Gobierno de Sánchez. Y ambos acabaron articulando esa propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería [aquí en PDF]. El presidente canario y el ministro Torres —su antecesor en el cargo— mostraron a finales de junio la iniciativa a los grupos parlamentarios en el Congreso, y ahí recibieron tanto el rechazo de Junts como de Vox. El PP reclamó una reunión de la Conferencia Sectorial, para que las CCAA se pronunciasen, y este encuentro fue el que se agendó para este miércoles en Santa Cruz.

Los gobiernos del PSOE, además de Euskadi y Canarias, sí califican de "positiva" la reforma y prometen "aportaciones". El PP canario forma parte del Ejecutivo de Clavijo y apoya la ley

Las comunidades del PP, una detrás de otra, desplegaron una estrategia conjunta: adujeron que el texto final se les remitió el martes por la tarde, por lo que no habían tenido tiempo para estudiarlo, tal y como confirmaron fuentes populares y socialistas. De la norma se salió Ceuta, que subrayó, según el relato del ministro Torres, que la reforma del artículo 35 era una oportunidad. "Ha sorprendido que los consejeros del PP nos digan que son incompetentes" porque quien debe pronunciarse es el Congreso, siguió el titular de Política Territorial, porque "es una obviedad". Agregó que las comunidades lideradas por el PSOE, además de Euskadi y Canarias, sí calificaron de "positiva" la modificación legislativa y se comprometieron a hacer "aportaciones". En Canarias, el PP regional sí respalda el cambio normativo, en línea con la posición de Clavijo y en claro choque con la dirección nacional de su partido y con el resto de barones.

El punto central de la financiación

Ante las quejas de los gobiernos populares, el ministro defendió que todos los grupos tenían la iniciativa "hace semanas", que tras verse con ellos se incluyeron en la redacción aportaciones que la "mejoraban" y que ese borrador definitivo fue el que se envió el martes, sin perjuicio que a partir de ahora se puedan incorporar nuevos cambios. Uno de ellos, la financiación, sobre la que el PP ha puesto mucho el acento.

En ese sentido, Torres reiteró que es la primera vez que por ley se establecería que las derivaciones cuentan con financiación asegurada y suficiente. Los recursos, recordó, dependen de los acuerdos que se adopten en la Conferencia Sectorial. Ahora mismo está vigente la financiación contenida en la reunión de 2022, que es de 145 euros por cada menor al día, más una cantidad fija para las infraestructuras y los traslados. Pero además habría tres meses para modificar esos parámetros y, por tanto, la financiación. El responsable de Política Territorial se remitió a lo afirmado por la mañana por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero: garantizó la contribución financiera del Gobierno para un reparto equitativo de los menores migrantes en todos los territorios, "sin excepción".

Torres subraya que la financiación está asegurada: la vigente es de 145 días por día y niño, pero habría tres meses para modificar los números en una posterior Conferencia Sectorial

Además de esa "mayor claridad respecto a la financiación", Torres expuso que se introdujeron otras novedades en el texto remitido a los consejeros, como la "emergencia para las posibles contrataciones o también el control territorial de los menores según estuvieran en el territorio peninsular".

"Estamos ante una emergencia, y el Gobierno lo tiene claro", subrayó el ministro. Son casi 6.000 los chavales que han llegado a las islas, dijo, cuando solo hay 2.000 plazas, así que las llegadas suponen un 300% de su capacidad. Recalcó que si se extrapolara la presión de Canarias a todo el país, habría 130.000 jóvenes, cuando en este momento en toda España hay unos 14.000, luego ahora mismo el archipiélago aloja a casi el 50% de los niños y adolescentes migrantes de todo el país. Torres, al igual que Rego, hizo hincapié en que la solución solo puede venir de la modificación de la Ley de Extranjería, para que sea el Estado el que desahogue a los territorios de la frontera sur y redistribuya a los menores en otras comunidades de manera obligatoria.

Propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de ExtranjeríaDescarga

El ministro se preguntó por qué si el PP ha dicho sí a la derivación voluntaria de 400 chicos se opone ahora a la reforma legal, porque es evidente que no ha funcionado el actual sistema, ya que apenas una treintena de niños han salido de las islas entre 2022 y 2023, frente a los 7.000 que han llegado. "El problema es que el Partido Popular no se manifiesta y lo peor que puede ocurrir ante una emergencia es que no se manifieste", denunció.

Lo peor que puede ocurrir ante una emergencia es que el PP no se manifieste", dice el ministro, pero avisa: "Seguiremos el trámite previsto y lo haremos con el presidente de Canarias, Ceuta y los que tienen una tensión en sus territorios"

¿Qué pasa a partir de ahora? El itinerario está claro, y lo subrayaron los dos ministros: el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería llegará al Congreso. Y en poco tiempo: "Seguiremos el trámite previsto, caminaremos con esa modificación legislativa y lo seguiremos haciendo, como lo hemos hecho hasta ahora, junto al presidente de Canarias, Ceuta y aquellos que tienen una tensión en sus territorios —sostuvo Torres—. Y vuelvo a apelar a que el PP dé una respuesta de Estado ante un problema de Estado en el que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han puesto sobre la mesa la solución definitiva al respecto". La titular de Juventud precisó que esperan que sea en julio cuando se inicie el trámite en el Congreso. Ella misma enfatizó que ahora se pasa "al siguiente paso", a la reubicación obligatoria, porque está demostrado que el mecanismo voluntario, que celebra que se "desatascara" en la reunión de este miércoles, "funciona relativamente porque depende de las CCAA para que sea efectivo". La reforma es necesaria, razonó, para no dejar "ningún niño ni niña atrás ni a ninguna comunidad atrás".

No habrá Conferencia de Presidentes

No habrá más demoras. Los gobiernos del PP pidieron una Conferencia de Presidentes, pero el Gobierno se niega. Torres alegó que se convocó a los consejeros autonómicos de Derechos Sociales para este 10 de julio precisamente "porque lo pidió el PP", y ya no caben más esperas porque la situación, coincidió con Clavijo, es "insostenible", porque además en las próximas semanas y meses puede haber muchas más llegadas. Convocar a los presidentes autonómicos cuando en Santa Cruz estuvieron reunidos los consejeros sería "demorar una respuesta que es muy sencilla", consideró el ministro: "Es simplemente preguntarle al señor Feijóo si va a apoyar o no la iniciativa y el tiempo corre en contra". Primero, dijo, en contra de unos menores que están en condiciones "inaceptables", hacinados en las islas, y se están vulnerando "claramente sus derechos". No en vano, Torres y Rego visitaron, antes de la Conferencia Sectorial, el centro de acogida de niños y adolescentes de Hoya Fría, en Santa Cruz. Con ellos estuvieron los consejeros desplazados a las islas, pero no fue ninguno del PP, lamentaron.

Las CCAA reprochan al Gobierno su falta de "humanidad", que ponga "parches" o que pretenda imponer la reforma

El Gobierno se llevó, mientras, severos reproches por parte de las CCAA del PP. La andaluza Loles López, que sí asistió presencialmente a la reunión y que confirmó que la Junta acogerá a 30 niños, acusó al Ejecutivo de Sánchez de "dejar tirados" a 454 menores que envió a Andalucía camuflados como adultos y cuya minoría de edad no reconoce. Una derivación "por la puerta de atrás" que prueba que mientras que la Junta muestra otra vez su solidaridad, el Gobierno central "vuelve a hacer gala de su irresponsabilidad y de su falta de humanidad". La consejera madrileña, Ana Dávila, afeó a Sánchez poner "parches" al problema migratorio con un reparto "impuesto" de menores que "no soluciona nada" a través de un cambio de la Ley de Extranjería que, avisó, puede ser inconstitucional.

Murcia se quejó de que la Región está "colapsada" ya, "sobreocupada al 200% por la llegada continua de embarcaciones a sus costas y sin capacidad para acoger a más". Castilla y León reclamó al Gobierno control de fronteras y que implique a la UE, porque no solo hay un problema con los menores migrantes, sino también con los adultos, y que está haciendo "dejación de sus funciones". Extremadura mostró su oposición "frontal" a un reparto "singularizado, no consensuado e impuesto como proponen algunas comunidades autónomas", informa EFE.

Cataluña tampoco respalda la modificación normativa. El conseller Carles Campuzano demandó que se recogiesen sus propuestas. Es decir, que se reconozca que la sobreocupación no afecta solo a Canarias, Ceuta y Melilla, sino también a otros territorios, la generalización de la acogida y los problemas relativos a la determinación de la edad por parte de la Fiscalía. Si se atiende a esa singularidad, entonces el Govern estaría "en condiciones de avalar" el cambio. El no de ERC era más que significativo, porque es socio parlamentario de Sánchez y porque está negociando la investidura de Salvador Illa como nuevo president. Pero en su posicionamiento influye la posición xenófoba de Junts.

Vía real decreto ley

La visión era distinta en las CCAA socialistas: Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha. Las tres mostraron su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería. Una medida que "va acompañada de financiación, como no podría ser de otra manera", reconoció la asturiana Marta del Arco. Una "buena reforma" que completa el trabajo de la pasada legislatura y que da una solución a la "llegada masiva de menores" a Canarias.

Para los gobiernos socialistas, la reforma planteada es positiva, cuenta con financiación y responde a la emergencia que sufren las islas

"La realidad que hemos podido conocer hoy [por este miércoles] visitando el centro de acogida [de Hoya Fría] exige un compromiso de Estado y desde luego el patriotismo se demuestra siendo responsable y ayudando a Canarias", agregó la navarra Carmen Maeztu. Para la castellanomanchega Bárbara García Torijano, si hay que cambiar la ley para garantizar los derechos de los niños llegados a Canarias, pues "habrá que modificarla". Reforma, apostilló, que "ampara una financiación".

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, instó al Consejo de Ministros a aprobar "ya" el real decreto ley para forzar las derivaciones de inmediato desde las islas. No es la salida que quiere el Gobierno, que prefiere tramitar el cambio vía proposición de ley, para una mayor seguridad jurídica, aunque sea un camino algo más lento. Pero, al margen de la fórmula, la duda sigue planeando: si el PP no cede, no habrá reforma. No habrá reubicación obligatoria de los menores. Duda que Feijóo y sus barones prefirieron no despejar este miércoles en Tenerife.