Es una de las declaraciones más esperadas desde el inicio del caso. Juan Carlos Barrabés, el empresario dueño de la empresa Innova Next y receptor de dos cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno para lograr un contrato público, se planta este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Se planta en sentido figurado, porque declarará por videoconferencia. La línea sobre lo que investiga el juez Juan Carlos Peinado y lo que se ha entregado a la Fiscalía Europea es difusa en torno a estos contratos que, algunos, fueron pagados con fondos europeos. Su cita es en calidad de testigo, pero la Fiscalía ya reprochó al juez que en sus escritos lo tratara como un investigado y, a estas alturas, nadie descarta que la declaración pueda pararse para que el juez pida al empresario que vuelva con abogado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado a fondo la actividad de este empresario de Benasque, un pequeño pueblo de Huesca, que comenzó comerciando con ropa de montaña y ahora es dueño de todo un grupo empresarial. Los agentes han elaborado dos informes, uno entregado el 14 de mayo y otro el 2 de julio.

En el primer informe, desbrozaron todas y cada una de las empresas del oscense y localizaron un total de 99 expedientes de contratación adjudicados a estas sociedades (individualmente o conformando UTE junto a terceras) cuyo importe ascendía a 24,9 millones de euros. De todas, la principal receptora de fondos públicos era Innova Next. La UCO destacaba que Barrabés había logrado el 90% de estos contratos con la Administración entre 2021 y 2022, es decir, una vez Pedro Sánchez ya estaba en La Moncloa. Sólo el año después de la pandemia se le adjudicaron 12,5 millones de euros.

A partir de ahí, el juez Peinado ordenó a esta unidad que entrara en el Centro Superior de Deportes (CSD), en el Ayuntamiento de Madrid y en Red.es (entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública) a recoger documentación porque también estos habían contratado a Innova Next. De eso va el segundo de los informes de la Guardia Civil, del escrutinio de todo lo incautado, y llega a una conclusión bastante clara: "En líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos -algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado aparentemente con normalidad y bajo los principios de contratación pública".

La Benemérita pone coto a los expedientes que se adjudicaron a Innova Next (que pertenece al grupo Barrabés) y habla de un total de 28 contratos por un importe de 22,8 millones de euros. Lo que supone un 91,7% del total adjudicado a la empresa. El importe principal se concentró en Red.es (que le entregó 10,6 millones de euros), el Ayuntamiento madrileño (3,9), la entidad deportiva (3 millones), la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1,7 millones) y Renfe (1,6 millones).

El juez Peinado entregó a la Fiscalía Europea parte de la causa que afectaba a Barrabés porque en estos contratos públicos había fondos comunitarios afectados y, por tanto, la competencia es del órgano que está en Luxemburgo. En principio, por este motivo no se le podrá preguntar por los tres contratos con la empresa pública Red.es (que son en realidad los que afectan a Begoña Gómez por contener su carta de recomendación), sino solo por uno (los otros dos se los ha quedado la Fiscalía Europea), además de por otro expediente del CSD y cuatro del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida.

Las cartas de Begoña Gómez

Barrabés fue beneficiado con estos tres contratos de Red.es sin ser la oferta económicamente más barata, toda vez que el 40% de la puntuación otorgada en la licitación correspondía a una parte subjetiva. Así, la Unión Temporal de Empresas (UTE) que conformaban las sociedades The Valley y Innova Next (esta última vinculada a Barrabés), había superado a sus competidoras en la fase de juicio de valor.

Tales adjudicaciones se asocian en la denuncia inicial a que Barrabés incluyó en las ofertas dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez en calidad de co-directora del Máster en Fundraising que impartía en la Universidad Complutense de Madrid. Con la primera ganó seis lotes por valor de 7,7 millones de euros. Con la segunda logró otros dos lotes por importe de 4,4 millones de euros.

Vínculo con la universidad Complutense

Al margen de estas adjudicaciones, Barrabés tendrá que aclarar si "montó" el Máster en Transformación Social Competitiva (el otro que co-dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid), como alegó el denunciante Manos Limpias. Se trata de un máster propio incardinado dentro de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

El rector de la Universidad, Joaquín Goyache, que declaró el viernes día 5 de julio, negó conocer a Barrabés, a pesar de que Begoña Gómez lo incluyó en el plantel de profesores asociados para dar clase en el Máster. La mujer del presidente fichó al fundador de Barrabes-Biz (compañía especializada en innovación, digitalización y emprendimiento) para asesorar y colaborar con la cátedra por lo que es previsible que el interrogatorio de hoy también roce este punto.

La UCO dejó reflejado en su primer informe que "la colaboración de Juan Carlos Barrabés con el Máster no se circunscribiría únicamente a su labor docente, sino que se habrían utilizado las instalaciones del Grupo Barrabés para la realización de otros actos y/o actividades" como una entrevista publicada en 2020 con Begoña Gómez que estuvo colgada en la web del Máster.

El contacto con el grupo Globalia

El oscense fue la persona que supuestamente puso en contacto a Begoña Gómez con Air Europa, otra de las posibles líneas de investigación de esta causa. La denuncia inicial hablaba del rescate millonario que el Gobierno otorgó a la compañía de aviación y de la relación entre la esposa del presidente del Ejecutivo y el que era Ceo de la compañía Globalia Javier Hidalgo (al que pertenece Air Europa).

Barrabés presentó a Hidalgo y a Gómez, según distintas informaciones por lo que las acusaciones populares tratarán de tirar de este hilo. Un hilo que, sin embargo, está pendiente de saber si se corta o no después de que tanto la acusada como el fiscal hayan pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que ponga coto sobre las pesquisas. Ya el tribunal señaló en su anterior resolución que esta pata de la causa se basaba en datos "inverosímiles" y de poca consistencia.

Estado de salud e imputación

Barrabés declarará por videoconferencia, tal y como explicó El Independiente, por motivos de salud. Su declaración ha dado varios tumbos a lo largo de la instrucción. Primero, se aplazó por estar hospitalizado y al juez le pareció tan delicado su estado que, posteriormente, acordó tomarle testimonio desde el centro médico y mediante prueba preconstituida. Este mecanismo permite grabar todo el interrogatorio teniendo a los abogados de todas las partes presentes para que si, llegado el momento, hay un juicio y Barrabés ya no puede acudir, esta declaración de instrucción sirva como prueba válida.

El Juzgado llegó a apercibir a Gómez a riesgo de detenerla si no se presentaba este lunes para ser testigo de dicha prueba preconstituida. Esto fue muy polémico entre los juristas que, con la Ley en la mano, recordaron que no era obligatorio para los investigados acudir presencialmente a estas declaraciones, sino que debía ser opcional. Peinado no llegó a corregirse porque, sorpresivamente, le comunicaron que había salido de su ingreso hospitalario y el magistrado acordó hacer la cita de manera ordinaria.

No está previsto, por tanto, que la esposa del presidente vuelva a pisar el juzgado hasta el próximo viernes 19 de julio que será su turno. Está por ver los términos del interrogatorio que hará Peinado, pero el fiscal ya ha insinuado que parece que él también esté imputado a ojos del juez. "Se transmite la sensación de que, en cierta forma, él es el investigado aunque no sepa muy bien de qué, estando sometido a un escrutinio general y en profundidad sobre ciertos contratos", reflejó el Ministerio Público en su último recurso.