En una semana, justo una semana, el plazo habrá expirado. El PP tiene siete días, hasta el martes 23 de julio, para tomar una decisión: si quiere que el Congreso comience a tramitar la proposición de ley de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería o si la deja caer. Descolgada Junts, socio de investidura del Gobierno, toda la presión la tiene Alberto Núñez Feijóo. Él no ha anticipado el sentido del voto de su grupo, aunque sí ha puesto por delante sus propias condiciones. Entre ellas, que se reconozca una emergencia migratoria más allá de Canarias o un "fondo de contingencia plurianual" que reconozca la financiación de los menores extranjeros desde el momento de la acogida "hasta su emancipación". El Gobierno no ha entrado aún a responder al detalle de las peticiones del PP, pero se muestra escéptico ante la posibilidad de un pacto. No aprecia buena disposición en el principal partido de la oposición y, además, cree que la postura dura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "no lo pondrá fácil".

Este lunes, los dos partidos integrantes de la coalición que lidera Pedro Sánchez, PSOE y Sumar, más Coalición Canaria, la formación que dirige el Gobierno de las islas, registraron en el Congreso la proposición de ley de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería [aquí en PDF]. Los tres portavoces estaban acompañados por los ministros de Política Territorial y de Juventud e Infancia, Ángel Víctor Torres y Sira Rego, y por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC). Era la forma de visualizar el pacto entre los dos ejecutivos, trabajado durante semanas, y que se concreta en un texto de 21 páginas.

La derivación obligatoria se activa cuando los menores acogidos superen en un 150% el número de plazas disponibles en Canarias, Ceuta y Melilla. Las islas tienen ahora mismo 6.000 chavales, un 300% más de su capacidad

El corazón de la reforma es que establece un reparto vinculante de los niños y adolescentes migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas desde Canarias, Ceuta y Melilla, una reubicación que ha de completarse en un plazo de 15 días desde el registro del menor. Esa derivación obligatoria hacia la Península y Baleares se activa cuando se declara la existencia de "situaciones de contingencia migratoria extraordinaria" en esos tres territorios frontera. La distribución la decide el Estado cuando los menores acogidos superen en un 150% el número de plazas disponibles en el sistema. En Canarias hay 2.000, y en Ceuta y Melilla, 88 y 166, respectivamente, luego según la reforma legislativa, si llega a aprobarse, el traslado de los chavales se pondría en marcha cuando se registren 3.000 niños en las islas, 132 en Ceuta y 249 en Melilla. Ahora mismo en el archipiélago hay cerca de 6.000 menores. Es decir, está al 300% de su capacidad. De ahí la urgencia que siente el Ejecutivo canario en aprobar la modificación de la Ley de Extranjería.

Los dos gobiernos ya presentaron a los grupos parlamentarios a finales de julio una primera versión del texto. Después se introdujeron sus aportaciones y el último borrador se presentó a las comunidades en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado miércoles, en la reunión que se celebró en Santa Cruz de Tenerife. Allí, las CCAA gobernadas por el PP alegaron que no habían podido estudiar la iniciativa, que se les había remitido la víspera, y se remitieron a lo que decida Feijóo en el Congreso. Las regiones controladas por los populares sí aceptaron la acogida voluntaria de 347 menores, un desahogo mínimo para Canarias pero que, a juicio del Ejecutivo central y del autonómico, no resuelve estructuralmente el problema, de ahí que la reforma legal se dirija a la regulación de una solidaridad obligatoria. El desbloqueo del realojo voluntario provocó que Vox rompiera los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP y que retirase su apoyo externo al Ejecutivo balear. La alianza en más de un centenar de ayuntamientos de las dos formaciones de la derecha se mantiene, al menos por ahora.

La proposición de ley de PSOE, Sumar y CC es calificada este martes por la Mesa y tendrá que superar su primer trámite, el de toma en consideración, el próximo 23 de julio. Se necesita una mayoría simple, así que bastaría con que el PP se abstuviera. El portavoz de los conservadores, Borja Sémper, no quiso adelantar este lunes el sentido de voto de su grupo, se irán "tomando decisiones", dijo.

La declaración de emergencia permitiría a las CCAA licitar recursos para posibilitar el refugio de niños y adolescentes de forma urgente

El PP remitió a Torres un documento en el que ponía negro sobre blanco sus condiciones y sus críticas. Cree que debe reconocerse la emergencia migratoria existente no solo en Canarias, Ceuta y Melilla, sino también las de otras comunidades que ya están "en situación de colapso". Así, los conservadores exigen que "se declare la emergencia migratoria para todo el territorio nacional", atendiendo no solo a las cifras actuales sino "también a las previsiones para los próximos meses" dadas por Gobierno y ONG, que prevén una fuerte entrada de inmigrantes por la frontera sur. El objetivo de esta declaración es que todas las CCAA podrían acogerse a ese plan de emergencia y licitar recursos para habilitar la acogida de forma urgente, informa EFE.

No a la proposición de ley

Sémper explicó que el PP tampoco comparte la herramienta escogida para la tramitación. La proposición de ley de los grupos. Para los populares, tendría que haber sido un proyecto de ley. Esta fórmula es mucho más lenta porque exige que el Gobierno pida informes preceptivos, aunque no vinculantes, a los órganos consultivos antes de remitir el texto a las Cortes. El argumento de Génova es que lleva seis meses pidiendo "un plan nacional de inmigración" y ahora el Gobierno plantea un debate "deprisa y corriendo".

El PP demanda una Conferencia de Presidentes, que los menores sean "indubitados en su edad", refuerzo de las fronteras o un "fondo de contingencia plurianual"

También reclama la cúpula del PP una Conferencia de Presidentes para abordar este asunto y analizar el texto registrado. Los populares exigen que los menores trasladados sean "indubitados en su edad" —y que esta sea confirmada por la Fiscalía—, mayor control de las fronteras marítimas y un "fondo de contingencia plurianual". Y quiere que sea el Ejecutivo central quien ponga los medios y su gestión directa cuando una comunidad se vea desbordada en la acogida de menores. El PP pone como requisito que haya garantías de que todas las CCAA, sin excepción, entran en el reparto, y que eso quede reflejado en la ley y no se evite mediante "transferencias de competencias en inmigración". La dirección popular apunta claramente a Cataluña. Junts se niega a que la comunidad acoja más menores y pactó con el PSOE en enero asumir la delegación integral de la competencia migratoria, algo que ni se ha comenzado a tramitar y que es más que dudoso que pueda salir aprobado en esta legislatura. El Govern, liderado por ERC, se abstuvo la semana pasada en el reparto voluntario de 347 chavales.

Los dos ministerios concernidos, Política Territorial y Juventud e Infancia, señalan a este diario que estudiarán las propuestas del PP. Y admiten que habría alguna que tendría cierto sentido, como la declaración nacional de emergencia migratoria para posibilitar la licitación urgente de recursos. Pero advierten de que "no hay que perder el foco", y es el drama de 6.000 niños y adolescentes, la necesidad de poner el acento en los derechos de los menores. "Es un colectivo muy concreto, y escalarlo a un nivel mayor, mezclándolo con la inmigración de adultos, no lo acabamos de ver. Es entrar en el marco de Vox y de Ayuso". Rego recordaba este lunes en una entrevista en Al rojo vivo (La Sexta) el caso de dos niñas de seis años que llegaron a las islas solas porque a sus padres se los había tragado el mar en su travesía de huida. Ese debe ser "el foco" para el Ejecutivo.

Proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y CC para la reforma del artículo 35 de la Ley de ExtranjeríaDescarga

En cuanto al compromiso financiero, ya Torres recalcó la semana pasada, al término de la Conferencia Sectorial, que no habría problema en poner más recursos si así se aprobaba en una reunión del órgano multilateral con las CCAA, y destacó que la reforma legal garantiza esa suficiencia financiera. También la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que habría recursos suficientes.

En el Gobierno piden poner el foco en los niños. Aseguran que la suficiencia financiera está garantizada y alertan de que no se puede demorar meses y meses la tramitación

Pero el Gobierno rechaza la vía del proyecto de ley, mucho más larga, cuando la situación asfixiante de Canarias exige celeridad. De hecho, Clavijo sigue demandando que se tramite la reforma por real decreto ley —"en agosto llegarán cientos de cayucos", alertó este lunes en Madrid—, pero el Ejecutivo de Sánchez la rechaza porque si decayera la iniciativa por falta de apoyos en un mes, cuando tuviera que superar el examen de la convalidación del Congreso, se crearía una inseguridad jurídica mucho mayor para los chavales, ya que la modificación legislativa habría estado en vigor un mes. La coalición también rechaza la convocatoria de una Conferencia de Presidentes: los dos ministros ya recordaron que se citó para la semana pasada a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial precisamente porque el PP lo pidió, así que no tendría sentido, aducen en el Gobierno, trasladar el debate al órgano que reúne a Sánchez con los presidentes regionales.

Es una "competencia autonómica"

"Nosotros tenemos un acuerdo con el Gobierno de Canarias y no tiene nada que ver con lo que plantea el PP. Aprobar la reforma vía proyecto de ley son meses y meses de tramitación, por lo que no son conscientes de la urgencia que sufre Canarias. Es que nosotros querríamos hacerlo incluso por lectura única", explican fuentes próximas al ministro Torres. Es decir, que los dos ejecutivos están de acuerdo en imprimir la máxima velocidad a la tramitación de la reforma, precisamente por las condiciones de vida que sufren los chavales en las islas, donde viven hacinados y sin que se vean garantizados sus derechos. "El PP manda esto en el último momento —continúan en Política Territorial—, pero no es consciente de la emergencia de Canarias, Ceuta y Melilla y de que la tutela de los niños es una competencia autonómica", y por eso la proposición parte de los acuerdos de acogida voluntaria de menores que se aprobó en la Conferencia Sectorial de 30 de septiembre de 2022.

La presidenta madrileña señala que el cambio de la Ley de Extranjería es "una tomadura de pelo" puesto que "integrar no es repartir". Atribuye a la norma un supuesto "efecto llamada"

En el ala socialista del Gobierno recelan de la voluntad de acuerdo del PP. "No confiamos. Queremos que salga la proposición de ley. Pero Ayuso no lo pondrá fácil", observan fuentes del Ejecutivo. La presidenta madrileña fue extraordinariamente dura este lunes durante su intervención ante el comité ejecutivo del PP regional. La reforma de la Ley de Extranjería, señaló, es "una tomadura de pelo", puesto que "integrar no es repartir, repartir es tratar a los ciudadanos como números o como muebles, que es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez". Ayuso atribuyó a la ley un supuesto "efecto llamada", afirmación de la que no se desmarcó después Sémper desde la sede de Génova: "La ausencia de política migratoria genera problemas humanitarios" y "puede generar efecto llamada. El Gobierno está dispuesto a hacinar a inmigrantes en centros de acogida. Es una inmoralidad lo que está haciendo este Gobierno en política migratoria. No sabemos si contaminado por Junts y por ERC".

También en el equipo de Rego dudan de las intenciones de Feijóo: "El PP no puede plantear una cosa distinta cada día. Es una cuestión de voluntad política. Y el PP tiene la oportunidad ahora de centrarse una vez que Vox ha roto los gobiernos autonómicos. El votante más ultra ya se le fue".

Mientras, los socialistas suben la presión sobre el PP. Junts no salvará la modificación legislativa, pero en el Gobierno aducen que, dado que los populares lideran 11 de las 17 CCAA (más Ceuta y Melilla), y cogobiernan en Canarias, tienen que formar parte necesariamente de la ecuación. Ellos "son clave" y "si quisieran realmente pactar no serían tan obtusos", abundan fuentes próximas a Torres.

"Ser ultra es cuestión de hechos"

En público, el PSOE apremia a Feijóo a distanciarse de Vox. Ya Sánchez aseguró la semana pasada, desde Washington, que apoyar esta reforma sería "la prueba del algodón". "Ser ultra no es cuestión de siglas ni de compañías, es una cuestión de hechos", aseguró este lunes desde Ferraz la portavoz de la ejecutiva, Esther Peña. La dirigente reclamó al líder del PP que se divorcie de la formación de Santiago Abascal, le apremió a quebrar sus coaliciones de gobierno en los ayuntamientos: "No sabemos qué tiene que ocurrir para que el señor Feijóo rompa absolutamente todos sus vínculos con un partido que se ha demostrado nostálgico del franquismo, difusor de noticias falsas, abiertamente racista y negacionista de la violencia de género". Peña pidió al PP que "deje de ponerse de perfil" en el cambio de la Ley de Extranjería, que demuestre que "esos niños le importan más que tácticas políticas".

Los socialistas exigen al PP que rompa sus vínculos con Vox, también en los ayuntamientos. Clavijo cree que Feijóo puede sentirse "más libre" para firmar acuerdos de Estado

"¿Qué va a hacer, va a dejar sola a Canarias, una autonomía en la que ellos están en el Gobierno?", se preguntó la portavoz. Fuentes de Ferraz insistían en que el objetivo es atraer al PP, porque Junts, a fin de cuentas no es un partido "de Estado". "Con políticas de Estado, hablas con partidos de Estado", y espera el PSOE que el PP entre en esa categoría. Peña, en línea con el ministro Torres, reconoció que es "jurídica y políticamente inaceptable", además de "inviable" la exigencia de Junts de asumir la competencia integral en materia migratoria y de rechazar toda llegada de menores a Cataluña.

Clavijo ve una puerta abierta a la esperanza. "Creo que después de la ruptura de Vox con los distintos gobiernos, el Partido Popular puede estar más libre para poder alcanzar acuerdos de Estado", decía el presidente canario en el Congreso este lunes. Los siguientes días, en efecto, serán cruciales para saber si hay un acercamiento de posiciones o si la reforma pactada de los gobiernos de Sánchez y Clavijo naufraga. Y si esto último ocurre, sentencia Torres, "no hay plan b".