La derogación de la llamada ley mordaza —la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015— es un viejo compromiso del Ejecutivo de coalición progresista. Ya lo intentó en la pasada legislatura, pero la reforma decayó porque ERC y Bildu la consideraban insuficiente, al no incluirse la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma y mantenerse las devoluciones en caliente de inmigrantes. Pero este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció desde Bruselas que había alcanzado un pacto con sus socios socialistas para acabar con la legislación del PP. El alcance de ese acuerdo, sin embargo, fue rebajado primero por su partido, por Sumar, y más expresamente por la vicepresidenta primera del Ejecutivo y número dos del PSOE, María Jesús Montero. Lo cerrado entre los dos miembros del Gabinete es que se revisará "única y exclusivamente" lo relacionado con los delitos de injurias y calumnias. Es decir, lo consensuado es "revisar" la parte de la norma que afecta a la libertad de expresión. Solo eso. El resto de cuestiones se irán abordando (y encajando) con los aliados parlamentarios, y en la Moncloa ya asumen que la negociación no será fácil.

"Ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley mordaza se consuma", había asegurado con total rotundidad Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la UE que se celebraba este martes en Bruselas. "La ley mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista", añadió. Adelantaba así, decía, uno de los contenidos de la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, mañana miércoles en el pleno del Congreso.

Sumar señala que se reformará el Código Penal para suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o contra la Corona y que se incluirá la reparación pública de los investigados que acumulan titulares y luego no van a juicio oral

Poco más tarde, Sumar limitó el alcance de ese acuerdo. El partido había cerrado con el PSOE, señaló, el "inicio de la derogación de las leyes mordazas", entendiendo por tales la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión. Entre lo acordado, siempre según Sumar, se incluiría una nueva redacción del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, por la que el delito de difundir imágenes de policías en lugares de tránsito público y manifestaciones debe ser "constatable".

La reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, seguía explicando Sumar, comportaría varios puntos: la supresión del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público (artículo 525), la "derogación de los delitos contra la Corona" (artículos 490.3 y 491) y la "derogación de las injurias al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército (artículo 504). Además, el socio minoritario da por pactada la modificación de la ley orgánica de 1982 de derecho al honor para "incluir una reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral" pero sí se publiquen "innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada".

El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, también corrigió a la vicepresidenta segunda: el acuerdo anunciado por ella misma en Bruselas a primera hora solo afecta a un artículo de la ley mordaza, el 36, el relativo a las imágenes de los policías, informa Europa Press.

Con Sumar, subraya Montero, se ha cerrado "la parte de la 'ley mordaza' que tiene que ver con la libertad de expresión", y por ese motivo "está en el paquete de regeneración" que presenta Sánchez en el Congreso este miércoles

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, también limitó el alcance de lo acordado. Lo que se ha hablado entre PSOE y Sumar, dijo, es una reforma de la ley "única y exclusivamente en la parte referida a los delitos por injurias". La ministra recordaba, no obstante, que no bastan los dos socios de coalición para sacar adelante la iniciativa. Es una reforma de ley orgánica que requiere del apoyo de los aliados parlamentarios. Es decir, desde ERC y Bildu hasta PNV y Junts.

A su lado, Alegría tenía a la vicepresidenta Montero, que comparecía en rueda de prensa para explicar la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027 y el techo de gasto de los Presupuestos de 2025. Ella, justificó, es la que ha estado negociando con Sumar este aspecto. Montero contó que con Sumar se había llegado a un acuerdo en lo relativo al tratamiento de los delitos de injurias y calumnias. Es decir, "la parte de la ley mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión" y por ese motivo "está en el paquete de regeneración democrática" que mañana anunciará Sánchez en el Congreso. "Solo" ese apartado.

Los cuatro escollos del año pasado

Montero recordó que la derogación de la ley mordaza ya tropezó con "dificultades" en su tramitación. En la pasada legislatura, hubo acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, también con el PNV, pero ERC y Bildu se opusieron al último borrador por considerar que no bastaba, y el texto decayó en la Comisión de Interior del Congreso, en marzo de 2023. Los proyectiles de goma, que el PSOE entiende que los cuerpos policiales deben poder usar en ciertos casos, y las devoluciones en caliente de inmigrantes, que el Ejecutivo no quiere eliminar, fueron entonces dos de los principales escollos. También las faltas de respeto a los agentes o la desobediencia a la policía. La vicepresidenta señaló que se hablará con los grupos para ir avanzando en esa prometida derogación. Cada uno de ellos, explicó, trata de incluir materias que considera "imprescindibles". Dicho de otro modo, que con Sumar se ha cerrado la parte relativa a las injurias y calumnias y con los socios de legislatura se irá trabajando y discutiendo el resto de la norma.

No es la primera vez que el PSOE se compromete con una modificación de los delitos de injurias y calumnias. En 2021, la Moncloa anunció que prepararía una reforma del Código Penal para que delitos ligados a la libertad de expresión no conllevaran pena de cárcel. Era su respuesta a la condena del rapero Pablo Hásel, al que el Supremo le había impuesto, un año antes, la pena de nueve meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Nada se avanzó en la pasada legislatura. En diciembre de 2023, tras la segunda investidura de Sánchez, el PSOE apoyó una proposición de ley de Sumar para revisar estos delitos, aunque ya entonces advirtió de que no compartía el borrado del enaltecimiento del terrorismo.

No se ha "concretado" ni "aterrizado" ninguna redacción con Sumar, dicen en la Moncloa. Sánchez lleva a la Cámara un "esqueleto" de medidas para "abrir el debate"

Fuentes de la Moncloa insistieron este martes en que no se ha "concretado" ni "aterrizado" ninguna redacción con Sumar. A lo que el PSOE se ha comprometido con el socio minoritario de la coalición es a "revisar" el delito de injurias, a analizar posibles cambios de la "formulación" de esos ilícitos penales, no a la derogación completa de la ley mordaza, en buena medida porque aspectos conflictivos como las pelotas de goma, las devoluciones en frontera o la mayor "objetivación" de la desobediencia a la policía serán asuntos que se tengan que tratar y acordar con los socios de investidura, no con Sumar. Y en esta legislatura cuadrar el círculo será más complicado, porque ha de entrar Junts en la ecuación.

Según agregaban fuentes gubernamentales, el presidente presentará un "esqueleto" general de medidas de regeneración democrática en el Congreso, sin entrar demasiado al detalle, porque su idea es "abrir el debate". El segundo paso será trabajar las medidas con los grupos y con los colectivos afectados. Por ejemplo, con las asociaciones de periodistas, dado que hay cuestiones sensibles que Sánchez puede poner encima de la mesa, como la financiación pública de los medios o la publicidad institucional. Es decir, que el Gobierno quiere ver primero "cómo respiran" los grupos tras sentarse con ellos —en la ronda pretende incluir también al PP— para después plantear las medidas concretas.