Vox espera que el PP cese a sus cuatro presidentes con una reforma de los reglamentos parlamentarios

Hay al menos tres incógnitas que quedan tras la ruptura de relaciones de PP y Vox en las seis comunidades autónomas donde venían colaborando. Cinco con gobiernos de coalición. La primera es qué ocurrirá con las legislaciones impulsadas en sus senos a petición expresa de los ultraconservadores, caso de las leyes de concordia en sustitución de las de Memoria Democrática de cada región. O las de violencia intrafamiliar. La duda es qué pasará en lugares como Aragón o la Comunidad Valenciana, con la primera ya aprobada. Y ante lo que fuentes de Vox animan a hacer: "¡Que se atrevan! Que se retraten ante los ciudadanos y evidencien que solo lo hicieron por contentar a su socio y no por compromiso". Todo tras avistar ya que en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco dejará que decaigan.

La segunda es qué sucederá con los senadores por designación autonómica que el PP negoció con Vox. Es el caso de Fernando Carbonell por Les Corts valencianas y Ángel Pelayo Gordillo, por Extremadura. Solo una dimisión personal de esas figuras facilitaría la designación de un relevo. No se contempla en la legislación acción parlamentaria alguna al respecto. Pero es una tercera, el principal dilema de las partes afectadas por este quiebro de ejecutivos. El futuro de los presidentes de los parlamentos de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Baleares. En principio Vox los aísla y diferencia de las rupturas con los populares. Y rechazan solicitar a sus cuatro representantes regionales que renuncien al puesto para que se busque un relevo. Son los casos de Marta Fernández, Carlos Pollán, Llanos Massó y Gabriel Le Senne, por ese orden.

Los reglamentos autonómicos no recogen en ninguno de esos casos la posibilidad de impulsar, por ejemplo, mociones de confianza de la cámara, como puede ocurrir con un presidente autonómico. Ahora bien, según han trasladado fuentes de la formación de Abascal a El Independiente, la vía de la modificación de los reglamentos de cada cámara autonómica es una posibilidad que puede estudiar el PP en cada comunidad. Dependerá, en todo caso, del interés que cada aparato tenga de abrir esos frentes. Un procedimiento, no obstante, del que advierte Vox: "Será largo". Y, sobre todo, generará más distanciamiento entre Génova, sus baronías y Vox. Sobre todo de cara a probables futuras negociaciones que puedan ir dándose en torno a medidas concretas que los populares quieran impulsar. Ya este lunes hubo un toque de atención de Bambú ante la incitación, dicen, al transfuguismo de los cargos autonómicos de Vox. "Por ahí vamos mal", valoró el portavoz nacional Juan Antonio Fúster en rueda de prensa.

El tema de los presidentes parlamentarios es delicado. La función de esa figura es esencial: es la cara visible de cada cámara y, a través de él, pasa toda la actividad de la misma. Tiene por objetivos ordenar los plenos y distribuir los tiempos. Un conjunto de competencias, en definitiva, que pueden condicionar el devenir de las legislaturas. Solo hay que mirar a Cataluña, con un potencial gobierno tripartito de izquierdas con el PSC a la cabeza gestándose, y una presidencia en manos de Junts con control independentista de toda la Mesa del Parlament, que será un freno para los de Salvador Illa. Vista esa importancia, el PP puede abrirse a intentar hacerse con esos puestos para evitar que la oposición a la que aspira Vox, prevista como "dura", sea más intensa con la Presidencia de su lado.

Solo el reglamento del Parlament balear recoge explícitamente el cese por moción de remoción de un presidente de la cámara

¿Qué se necesita para esas reformas de los reglamentos? En principio solo mayoría absoluta. Hay antecedentes recientes de modificación de documentos de este tipo, como el del Senado que hizo la mayoría del PP para prolongar el tiempo de paso de la amnistía y evitar el trámite de urgencia. Si se atienden a algunos reglamentos de las comunidades mencionadas, como el castellano y leonés, el mismo está plagado de cambios y reformas cotidianas de aspectos menores. En este caso, en todos los parlamentos, los populares, de tener voluntad de hacerlo, requerirían el respaldo del PSOE. La izquierda, muy crítica con estos nombramientos desde el principio de la legislatura, previsiblemente lo daría. Aunque hay riesgo de demandas como el PSOE de Luis Tudanca, que pide a Mañueco romper con Vox en los ayuntamientos y retirar las legislaciones polémicas. Cabe destacar que Extremadura y Murcia no cuentan con presidentes de Cámara de Vox porque los acuerdos se dieron con la legislatura y la conformación de las mesas ya avanzada y tras las reticencias previas al consenso.

Discreción momentánea del PP

El PP está afrontando esta cuestión de una forma gradual y distinta. Desde el silencio de Mañueco en Castilla y León y la concepción de Jorge Azcón de que la quiebra del pacto no tiene por qué afectar a la presidencia de las Cortes, hasta la sugerencia indirecta del valenciano Carlos Mazón y la petición expresa de Marga Prohens en Baleares. Una reforma, en todo caso, supone un riesgo a mencionar, que al igual que tu abres la puerta a quitar la confianza vía moción y votación al presidente de turno, en el futuro, si el PP la ostenta y viran sus socios del momento, también se dispone a perderla. En Aragón, hay que destacar que no ha sido el PP, sino Chunta Aragonesista (CHA) quien ha movido ficha primero. Ha sido este martes en las Cortes donde su portavoz, José Luis Soro, ha registrado una proposición para que se pueda revocar la designación de los miembros de la Mesa mediante mayoría absoluta del pleno por "

Con ella, CHA dice abrir "una opción viable" para "aprobar primero la modificación del reglamento" y que se plantee "después una alternativa de consenso a la actual presidenta". El partido espera que "todos los grupos estén a la altura". Situación similar ha impulsado Compromís en la Comunidad Valenciana. Preguntado por ello, y por la posibilidad de reforma, desde la Junta de Aragón fuentes próximas a Presidencia descartan abrir ese melón sin dar más detalle. Este periódico se ha puesto, igualmente, en contacto con las otras tres comunidades con situación similar, sin obtener, al cierre de la edición, respuesta alguna.

En la rueda de prensa ofrecida el viernes pasado por Mañueco, en Valladolid, el dirigente popular y autonómico evitó valorar este asunto. En las Cortes, Pollán lleva ejerciendo desde marzo de 2022 las competencias, siendo éste el más longevo. En su caso, solo expresó que "esa es una decisión que le corresponde al propio presidente de las Cortes", refiriéndose, así, a la baja voluntaria, la pérdida de la condición de diputado, o la expulsión de un grupo parlamentario, sí recogida en los reglamentos, de la máxima autoridad de la cámara para su relevo. Mazón, en cambio ha cuestionado el mantra repetido por Vox, de que la presidencia autonómica es producto de, entre otros, el pacto del sillón de la presidencia parlamentaria. Y que si unos dimiten, los líderes regionales deberían también hacerlo. Mazón considera que "la cosa está clara" una vez Vox ha roto el pacto. Pero le parece "un chiste" que Compromís quiera "dar lecciones de pluralidad". El portavoz del PP en la cámara, Juan Francisco Pérez Llorca ve "muy difícil apoyarla tal y cómo está planteada", lo que deja entrever que no se cierran a esa posibilidad.

Baleares puede ser el enclave más propicio para un encuentro con el PSIB-PSOE. La salida de tono de Le Senne durante uno de los últimos plenos, en la que rompió una fotografía de una víctima del franquismo, Aurora Picornell, [él apuntó que involuntariamente] hizo a los socialistas de Francina Armengol, quien sigue siendo su secretaria general, proponer al PP de las islas sus votos para desalojar al presidente parlamentario. Muy afín a Bambú. Se rechazó. Ahora, tras aferrarse Le Senne al cargo pese a entender Prohens que debe dimitir por la ruptura con Vox, la puerta podría volver a abrirse. La ventaja con la que cuenta el Parlament es que, a diferencia del valenciano, el aragonés o el castellano y leonés, el reglamento balear contempla la figura de la moción de remoción ya en estos momentos. Puede darse la situación de que esta iniciativa, de darse, no sea uniformemente.

También hay que contemplar el marco en el que se impulsarían esas bajas forzosas. En el caso balear, o la propuesta valenciana de Compromís, por ejemplo, se alude al cese "por negligencia notoria y grave incumplimiento de las obligaciones y los deberes del cargo". La ruptura de relaciones con Vox, en sí, no entraría a priori en esa interpretación si los presidentes siguen cumpliendo con su actividad como hasta ahora. De ahí, quizá, las dudas o el rechazo directo, como en Aragón. Solo con Le Senne, si se argumentan los reproches por lo sucedido en la Cámara con el PSOE y Podemos y la ruptura de la foto, se tendría margen de actuación.

Sobre el resto, habría que debatir una derivada, quizá, que aborde este caso: cese si el nombramiento está condicionado por un pacto de investidura y gobierno que se ha roto. El asunto deja muchas dudas, a priori. Lo más factible sería establecer la figura de la pérdida de confianza como ocurre con los presidentes autonómicos, para que la cámara, sin introducir elementos muy concretos en el reglamento, pueda pronunciarse ampliamente. Este dilema abona la tesis de plazos "largos" que prevé Vox de haber voluntad.