El Congreso vive este 17 de julio el epílogo de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez. El cierre en diferido de la descarga emocional que convulsionó a su partido y al país y que justificó por el "ataque sin precedentes", la "operación de acoso y derribo" orquestada por la derecha y la ultraderecha hacia él y hacia su esposa, Begoña Gómez. Cuando anunció que había decidido continuar como presidente del Gobierno "con más fuerza si cabe", adelantó que presentaría ante el Parlamento un paquete de medidas de regeneración democrática para su discusión con los grupos, para la deliberación pública. No adelantó más detalles, aunque sí fijó dos líneas de actuación prioritarias: la Justicia —aunque finalmente pactó la renovación del CGPJ con el PP y, con ella, una ley orgánica de reforma del Poder Judicial— y los medios de comunicación. El plan, señaló después la Moncloa, estaría listo tras las elecciones europeas del 9 de junio. La fecha que posteriormente eligió Sánchez fue esta, la del 17 de julio. La hora, las 9 de la mañana en la Cámara baja.

El jefe del Ejecutivo ha guardado celosamente el detalle del programa de mejora de la calidad democrática, como ha hecho siempre con los discursos que marca como relevantes. Y este lo es porque con él pretende recuperar la iniciativa política, marcar la agenda en una legislatura que sigue siendo igual de compleja que cuando arrancó. De hecho, la incertidumbre continúa planeando sobre el Gobierno y no la despejará el paquete de medidas que Sánchez anuncie este miércoles en el Congreso. Porque su mandato depende ahora mismo de cómo se resuelva la gobernabilidad en Cataluña. Y eso no ha cambiado. Si Salvador Illa conquista la Generalitat, el Ejecutivo cree que podrá amarrar los apoyos necesarios para tener los Presupuestos Generales del Estado aprobados antes de fin de años. Ya con las cuentas de 2025 en el bolsillo, el presidente sí podrá dar por estabilizada su legislatura. Son los PGE la llave que permitirá dibujar un horizonte al Gobierno de coalición.

En el centro, el debate sobre los medios de comunicación. Uno de los ejes es el reglamento europeo, y también la limitación de la financiación pública de los medios y la reforma de la publicidad institucional

En las últimas semanas, Sánchez ha ido anticipando algunas de las líneas maestras de su plan de acción democrática, sin entrar en concreciones. Por ejemplo, es seguro que uno de sus ejes será el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, aprobado en marzo por la Eurocámara —también con los votos de los populares— y por el Consejo de la Unión Europeo. El presidente avanzó que se limitará la financiación pública de los medios y que eso supondrá una reforma de la ley de publicidad institucional. A su juicio, hay medios que "solamente tienen recursos públicos" y en cambio "no tienen lectores". Su intención, ha repetido en estas semanas, es arrojar "transparencia" en los medios de comunicación y cargar contra los "pseudomedios digitales", que, nutridos en muchos casos por "gobiernos de la derecha con la ultraderecha", alimentan la espiral de bulos y desinformación. También planteará la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y a la rectificación, aunque no ha precisado hasta ahora en qué sentido.

Este martes se sumó otra línea de acción, aunque envuelta en una cierta confusión. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció desde Bruselas que los socios de coalición habían pactado la derogación de la ley mordaza. Pero lo que siguieron después fueron las matizaciones de su partido, Sumar, y la enmienda de la Moncloa, porque el alcance de lo consensuado ni mucho menos era tan ambicioso. PSOE y Sumar, subrayaron la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, solo han pactado una "revisión" de los delitos de injurias y calumnias. "Única y exclusivamente". Desde la Moncloa indicaban que no había nada precisado, ningún artículo redactado, solo ese compromiso que además no es nuevo, porque ya se viene arrastrando desde la pasada legislatura, y sin llegar a aprobarse.

Es decir, que no se puede hablar de una derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 porque el grueso de esa medida tendrá que discutirse con los socios parlamentarios, y ya en 2023 ERC y Bildu tumbaron el último borrador ofrecido por PSOE, Unidas Podemos y PNV por considerarlo insuficiente en cuatro puntos básicos: el uso de las pelotas de goma, las faltas de respeto a los agentes, la desobediencia a la Policía y las devoluciones en caliente de inmigrantes. Cuestiones que en la Moncloa asumen que tendrán que seguir hablando con los grupos aliados en el Congreso.

Díaz anuncia la derogación de la 'ley mordaza', pero luego es matizada por su propio partido y corregida por la Moncloa: lo pactado por los dos socios se limita a injurias y calumnias

El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, también reconoció ante los medios que el acuerdo solo afecta al artículo 36 de la ley mordaza, el que afecta a la toma de imágenes de policías: solo será delictivo cuando esa conducta sea "constatable". Santiago agregó que la modificación del derecho al honor supondrá la "reparación pública" de aquellos investigados que no llegan a sentarse en el banquillo y que han sufrido "cientos de titulares" a lo largo de instrucciones judiciales prolongadas.

El dirigente de Sumar, informa EFE, apuntó asimismo a una regulación del secreto profesional de los periodistas y a la reforma siempre pendiente de la ley de secretos oficiales, que también se proyectó en la pasada legislatura y que no llegó a nacer por falta de consenso incluso dentro del propio Ejecutivo. La modificación de los delitos de injurias y calumnias para proteger la libertad de expresión es otro compromiso que se engancha de una legislatura a otra sin ver la luz. En diciembre pasado, tras la segunda investidura de Sánchez, el PSOE apoyó comenzar la tramitación de una proposición de ley de Sumar para revisar las injurias a la Corona y a las instituciones, las ofensas a los símbolos de la nación —como la bandera y el himno— o los delitos contra los sentimientos religiosos. Los socialistas ya expresaron su rechazo a borrar el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Informe de la FAPE

Fuentes muy próximas al presidente advertían, no obstante, de que no está previsto que desgrane medidas concretas y cerradas este miércoles en el Congreso. Expondrá un "esqueleto" de esas propuestas, para luego discutirlas y trabajarlas con los grupos. Se trata, defendían en la Moncloa, de "abrir el debate", no de llevar un plan pulido y listo. A fin de cuentas, nada puede ver la luz si no cuenta con los apoyos suficientes, y Sánchez necesita del respaldo de la mayoría de investidura en todas y cada una de las iniciativas de las que se descuelgue el PP. También el Gobierno promete reunirse con los colectivos profesionales. Este mismo martes, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) entregó a Sánchez un informe en el que le trasladó su apoyo al reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación. La delegación de la FAPE le pidió que se garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía, se salvaguarde la independencia de los medios "con una financiación estable y transparente" y le recalcó la importancia de que "se asegure el libre ejercicio de la profesión periodística, rechazando cualquier injerencia de los poderes públicos".

La mujer del presidente declara ante el juez este viernes, y este pasado lunes lo hizo el empresario Barrabés. Es seguro que la investigación a la familia del presidente será munición para el PP

Y es que este punto, la regulación de los medios, es el más conflictivo y delicado. Es terreno pantanoso. Lógicamente. Las suspicacias se han despertado por el contexto que rodea este pleno: la investigación judicial que se sigue contra la mujer del presidente y que será munición segura que disparará el PP contra él en el hemiciclo. El viernes, Begoña Gómez declarará ante el juez como imputada. El lunes pasado lo hizo por videoconferencia, y como testigo, el empresario Juan Carlos Barrabés. Según la versión de los socialistas, y que no casa con el relato de las acusaciones populares, Barrabés se vio una vez en la Moncloa con el presidente y en otra ocasión despachaba con Gómez y el jefe del Ejecutivo "se pasó a saludar". También está siendo investigado el hermano del presidente, David Sánchez, responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. No está previsto ningún anuncio sobre la regulación de la figura del consorte del jefe del Ejecutivo.

Límite de gasto no financiero para 2025 y senda de estabilidad para 2025-2027Descarga

Sumar tomó este martes la delantera a Sánchez y registró dos proposiciones no de ley para obligar a sus socios socialistas y al resto de grupos a retratarse: una sobre la publicidad institucional y la financiación de medios y otra para la creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación, que funcionaría como una autoridad decisoria independiente e imparcial. Asumiría las funciones regulatorias en materia audiovisual —las que tiene ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)— y para la prensa escrita en cualquier soporte.

El techo de gasto para 2025 es de 195.353 millones sin los fondos UE, y 199.171 si se cuenta con ellos. Montero no espera "ninguna turbulencia política" que impida la aprobación de las cuentas del Estado para el próximo año

El pleno del Congreso de este miércoles llega apenas un día después de que el Consejo de Ministros aprobara los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027 —se prevé que el déficit baje hasta el 1,8% en 2027 desde el 3,6% con el que se cerró 2023— y el techo de gasto para el próximo año (195.353 millones de euros, sin contar con los fondos europeos, y 199.171 millones si se suman). Montero insistió en que el Ejecutivo confía en presentar los Presupuestos de 2025 "en tiempo y forma" y no espera "ninguna turbulencia política" que impida su aprobación. El Gobierno, puertas para fuera, insiste en que no piensa en una repetición electoral en Cataluña que, como poco, postergue la aprobación de las cuentas del Estado del próximo año. Las de 2024 ya naufragaron por el adelanto de las autonómicas en Cataluña, decidido por el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Toda la confianza en Illa"

Las negociaciones entre PSC y ERC para la investidura de Illa continúan y, según la advertencia que el lunes volvió a repetir la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, recién vuelta a España, deben concluir antes del fin de julio. Para bien o para mal. Que la dirigente enfriase las conversaciones "forma parte de la liturgia de las negociaciones" y no tiene mayor importancia para la Moncloa. El optimismo se mantiene, la esperanza en que habrá acuerdo.

Hacienda advierte de que la puesta en marcha del consorcio tributario sería compleja, llevaría un año como mínimo. En el Gobierno mantienen el optimismo y subrayan su "confianza" en Illa

En el círculo del presidente insisten en que quien pilota el diálogo con ERC es Illa, y que este, eso sí, tiene "toda la confianza" del Gobierno y del PSOE. Y por ahora, subrayan, trasciende poco, hay "absoluto hermetismo" por las dos partes. Los independentistas continúan defendiendo que Cataluña salga del régimen común y disfrute de un concierto económico semejante al que tienen Euskadi y Navarra, una alternativa que Hacienda rechaza de plano.

Illa intenta seducir a ERC con el despliegue de una figura que contempla el Estatut de 2006 y que pasó el filtro del Tribunal Constitucional: el consorcio tributario. Permitiría a la Generalitat la recaudación del 100% de los impuestos, pero no le otorgaría "la llave de la caja", que continuaría en manos del Estado. Desde el ministerio de Montero reconocen que poner en marcha ese consorcio es "técnicamente complejo" y que llevaría, como mínimo, "un año", porque no hay ninguna experiencia previa y fue una figura que surgió tras el cepillado del Estatut que llegó del Parlament.

En Hacienda admiten que, para concretar las concesiones en materia de financiación, las negociaciones acabarían trascendiendo al PSC para llegar al Ejecutivo, y ese paso aún no se ha dado. "Cuando tengan algo concreto, ya vendrán", indican. Lo que ya también avisan en el Gobierno es que si aquello que se pacte entre PSC y ERC requiere de modificaciones legislativas que aprueben las Cortes, hará falta el concurso de Junts. Y conseguir su voto no será fácil, porque los de Carles Puigdemont persiguen la repetición de los comicios, no que los republicanos invistan a Illa.

Sánchez necesita que las conversaciones en Cataluña no descarrilen. Su legislatura se asienta sobre un frágil mecano y, si la pieza principal colapsa, el conjunto puede también sufrir el impacto. Amarrar la Generalitat para el PSC es capital, pero entretanto el presidente busca recobrar la iniciativa, y el pleno de este miércoles es una oportunidad.