Las cosas siguen como estaban. O casi. Pedro Sánchez vistió este miércoles de largo su plan de regeneración democrática. Un conjunto de propuestas, un mero "esqueleto", como ya anunciaban en las últimas horas en la Moncloa, sin apenas concreción en el apartado más pantanoso y delicado, el de los medios de comunicación. El presidente del Gobierno reiteró las ideas que había avanzado en las últimas semanas, pero sin ir más allá: limitar la financiación pública de los medios, actualizar la ley de publicidad institucional, arrojar "transparencia" sobre los accionistas y sobre su audiencia o evitar la concentración de los medios en pocas manos. Lo más tangible, el anuncio de ayudas para la digitalización de los medios de 100 millones de euros. Y también el impulso de medidas de mejora de la calidad democrática en otros ámbitos, el Legislativo —regular los debates electorales, obligar a la publicación de microdatos en las encuestas, endurecer las sanciones a los parlamentarios que no sean transparentes con su actividad y sus bienes, reforma de la ley mordaza— y el Ejecutivo —profundización del Gobierno abierto—.

Fueron estas las grandes líneas maestras que el presidente planteó en el pleno extraordinario del Congreso de este miércoles, convocado precisamente para dar a conocer el plan de regeneración democrática del Ejecutivo, el que prometió tras sus cinco días de reflexión. Un programa genérico que ahora quiere discutir y trabajar con los grupos, a partir de una ronda de contactos de la que solo quedará excluida la ultraderecha de Vox, y también con la sociedad civil, la academia y las asociaciones profesionales de periodistas.

Sánchez subrayó que la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros medidas para proteger la libertad de expresión y el pluralismo mediante "la lucha contra la desinformación, la injerencia extranjera y los discursos del odio". España, dijo, se aplica esa lección y eso explica que el Gobierno proponga un plan de acción que "ayude a fortalecer y proteger nuestra democracia", que se resume en una idea, "facilitar la tarea de la gente, de los ciudadanos [de discernir entre los bulos y la información veraz], dotando a la democracia de más transparencia y más rendición de cuentas en tres ámbitos claves: Ejecutivo, medios de comunicación y propuestas al Legislativo".

"Sin medios libres no hay democracia, sin fuentes fiables el ciudadano estaría a ciegas", recalcó el presidente para introducir el apartado más nutrido, el relativo al ecosistema informativo. Sánchez buscó no salirse de los márgenes del reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación, que la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea aprobaron el pasado marzo. Lo hizo para intentar protegerse de las críticas de la oposición de que pretende la "censura" de los medios y para resaltar una y otra vez que ese texto europeo fue pactado por las tres grandes familias europeas —socialistas, populares y liberales—, y del que quedó fuera la ultraderecha. El reglamento contiene, dijo, medidas de "amplio consenso político" que corresponde "trasladar a la legislación nacional". "Lo que se vota en Estrasburgo se puede votar en España", justificó ante los rumores de la bancada de la derecha, que esgrime que no hace falta ninguna transposición del reglamento, que este está en vigor y se aplica de manera directa.

Las medidas que propone el presidente para los medios pivotan en torno a cuatro grandes principios: transparencia, independencia, pluralismo y protección. El primer punto se basa en los artículos 6, 24 y 25 del reglamento europeo —cita, de nuevo, nada gratuita— y supone que los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia "de forma honesta, para evitar los fraudes en la inversión publicitaria por parte de los gobiernos, mediante el uso de bots y clickbaits1".

Además, señaló, se debe limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios, para que no haya ninguno que "tenga más financiación pública que lectores, o que se compren líneas editoriales con dinero de todos los contribuyentes". El presidente pone en el punto de mira así a los medios que son nutridos por los gobiernos de la derecha y la ultraderecha y que, a su juicio, alimentan la "desinformación" y los "bulos". Adujo que este cambio obligará a actualizar la ley de publicidad institucional, aprobada en 2005, cuando no tenían pujanza los medios digitales y no existían las redes sociales.

Sánchez no precisó, por tanto, cuál sería el tope de financiación pública, a qué medios podría afectar o qué cambios pueden acometerse en la ley de publicidad. Tampoco fue al detalle de las medidas para "proteger la independencia editorial" y los "derechos de los profesionales de los medios", para "evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información". "Para que no haya jefes de Gabinete", apostilló, refiriéndose de manera clara a Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, "que amenazan impunemente a los que no repiten sus consignas".

Bajo la rúbrica de la defensa del pluralismo y de la competencia, el Gobierno plantea la necesidad de "evitar la concentración de medios en pocas manos". De nuevo, sin más honduras.

En cuanto a la protección, Sánchez propuso, genéricamente, "medidas para asegurar los derechos de los medios y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales", para preservar el "derecho a comunicar y recibir libremente información veraz". Para la supervisión y el cumplimiento de estos principios, y "en línea con el reglamento europeo", el Ejecutivo propone "ampliar las funciones y las capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia" (CNMC). El presidente no plantea, a diferencia de Sumar, un Consejo Estatal de Medios de Comunicación.

El anuncio más concreto en este apartado fue la decisión del Ejecutivo de ayudar a los medios a "seguir digitalizándose" de manera "independiente y segura". Así, se pondrá en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la "digitalización de los medios que lo necesiten para crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren la calidad de la información y su productividad y reforzar su ciberseguridad". Esas ayudas se financiarán con los fondos europeos, avanzó, y serán destinadas a todos los medios "con independencia de su línea editorial".

Ya Sánchez había adelantado su intención de reformar las leyes orgánicas de derecho al honor y a la rectificación. Pero, de nuevo, en este pleno se quedó en la superficie: solo señaló que los afectados por "calumnias" o "acusaciones infundadas" tienen que "poder defenderse". Tampoco desarrolló el punto que ayer anunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que fue corregida al poco por su partido, Sumar, y por la Moncloa: se propondrá una "nueva reforma de la ley mordaza", pero solo "en lo relativo a la libertad de expresión en coherencia con la Constitución española".

Todo este paquete, apuntó, "trata de reforzar el eje central del correcto y sano funcionamiento de la democracia y garantizar el derecho a la información veraz". Poniéndose la venda antes que la herida, Sánchez recalcó que "no es intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad", porque "se los tienen que dar los ciudadanos", pero sí "desarrollar lo acordado en Europa". El jefe del Ejecutivo alegó que estas medidas derivan del plan de acción para la democracia que la Comisión Europea pergeñó en 2020, en plena pandemia, ante la proliferación "masiva de bulos y desinformación" y la "injerencia de las potencias extranjeras". Pero este paquete, añadió, emana también del artículo 20 de la Constitución —el que consagra el derecho a la información— y del "sentido común". "No corresponde al Gobierno evaluar los contenidos informativos", son los medios los que "deben autorregularse y fomentar las buenas prácticas" a través de códigos deontológicos, añadió. En todo caso, ahora la tarea corresponderá a los grupos.

En el apartado de propuestas al Poder Legislativo, Sánchez innovó más. En ese punto, señaló la necesidad de reformar los reglamentos de Congreso y Senado para endurecer las sanciones a los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información "falsa o incompleta". La pretensión es que se facilite el descubrimiento del recientemente introducido delito de enriquecimiento ilícito. Aquí el Ejecutivo tropieza con la Cámara alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta.

Además, Sánchez propone una reforma limitada de la ley electoral con un doble objetivo. Por un lado, establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios —una cuestión que ya estaba en el último programa del PSOE para las generales— y, por otro, para hacer que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados. Este ha sido uno de sus argumentos para defender al CIS y a su cuestionadísimo presidente, José Félix Tezanos.

En lo que respecta al Ejecutivo, Sánchez se compromete a aprobar una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y a presentar una nueva Ley de Administración Abierta, que "amplíe y mejore la calidad y cantidad de la información gubernamental". España es, dijo, el tercer país con más datos en abierto de la UE y el quinto de la OCDE, pero el Ejecutivo quiere ser el primero. Ahí Sánchez anunció que Vitoria será la sede de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en el otoño de 2025, una cita internacional en la que participarán más de 2.000 expertos y líderes gubernamentales de todo el mundo.