Las cosas siguen como estaban. O casi. Pedro Sánchez vistió este miércoles de largo en el Congreso su plan de regeneración democrática. Un conjunto de propuestas, un mero "esqueleto", como ya anunciaban en las últimas horas en la Moncloa, sin apenas concreción en el apartado más pantanoso y delicado, el de los medios de comunicación. Y justo por esa razón, por ser un terreno muy delicado, buscó ceñirse a la normativa europea, sin dar un paso más allá, para esquivar las críticas y hacer más posible el consenso que ya ha existido en Bruselas entre socialdemócratas, conservadores y liberales. El presidente del Gobierno reiteró las ideas que había avanzado en las últimas semanas, pero sin más concreciones: limitar la financiación pública de los medios, actualizar la ley de publicidad institucional, arrojar "transparencia" sobre los accionistas y sobre su audiencia o evitar la concentración de los medios en pocas manos. Lo más tangible, el anuncio de ayudas para la digitalización de los medios de 100 millones de euros. Y también el impulso de medidas de mejora de la calidad democrática en otros ámbitos, el Legislativo —regular los debates electorales, obligar a la publicación de microdatos en las encuestas, endurecer las sanciones a los parlamentarios que no sean transparentes con su actividad y sus bienes, reforma de la ley mordaza— y el Ejecutivo —profundización del Gobierno abierto—.

Fueron estas las grandes líneas maestras que el presidente planteó en el pleno extraordinario del Congreso de este miércoles, convocado precisamente para dar a conocer el plan de regeneración democrática del Ejecutivo, el que prometió tras sus cinco días de reflexión. Un programa genérico que ahora quiere discutir y trabajar con los grupos, a partir de una ronda de contactos de la que solo quedará excluida la ultraderecha de Vox, y también con la sociedad civil, la academia y las asociaciones profesionales de periodistas.

El objetivo es dotar de "más transparencia y ma´s rendición de cuentas" en tres ámbitos: el Ejecutivo, el Legislativo y los medios. No se toca nada del Poder Judicial

Sánchez subrayó que la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros medidas para proteger la libertad de expresión y el pluralismo mediante "la lucha contra la desinformación, la injerencia extranjera y los discursos del odio". España, dijo, se aplica esa lección y eso explica que el Gobierno proponga un plan de acción que "ayude a fortalecer y proteger nuestra democracia", que se resume en una idea, "facilitar la tarea de la gente, de los ciudadanos [de discernir entre los bulos y la información veraz], dotando a la democracia de más transparencia y más rendición de cuentas en tres ámbitos claves: Ejecutivo, medios de comunicación y propuestas al Legislativo". No hay medidas que afecten al Poder Judicial, como reclamaba Sumar, porque ese capítulo ya se desbrozó con el PP en el pacto para la renovación del CGPJ.

"Sin medios libres no hay democracia, sin fuentes fiables el ciudadano estaría a ciegas", recalcó el presidente para introducir el apartado más nutrido, el relativo al ecosistema informativo. Sánchez buscó no salirse de los márgenes del reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación, que la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea aprobaron el pasado marzo. Lo hizo para intentar protegerse de las críticas de la oposición de que pretende la "censura" de los medios y para resaltar una y otra vez que ese texto europeo fue pactado por las tres grandes familias europeas —socialistas, populares y liberales—, y del que quedó fuera la ultraderecha. El reglamento contiene, dijo, medidas de "amplio consenso político" que corresponde "trasladar a la legislación nacional". "Lo que se vota en Estrasburgo se puede votar en España", justificó ante los rumores de la bancada de la derecha, que esgrime que no hace falta ninguna transposición del reglamento, que este está en vigor y se aplica de manera directa.

Las medidas que propone el presidente para los medios pivotan en torno a cuatro grandes principios: transparencia, independencia, pluralismo y protección. El primer punto se basa en los artículos 6, 24 y 25 del reglamento europeo —cita, de nuevo, nada gratuita— y supone que los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia "de forma honesta, para evitar los fraudes en la inversión publicitaria por parte de los gobiernos, mediante el uso de bots y clickbaits".

El presidente subraya que hay que poner un tope a la financiación pública de los medios para que no haya quienes tengan más recursos públicos que lectores o se "compren líneas editoriales con dinero de todos los contribuyentes"

Además, señaló, se debe limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios, para que no haya ninguno que "tenga más financiación pública que lectores, o que se compren líneas editoriales con dinero de todos los contribuyentes". El presidente pone en el punto de mira así a los medios que son nutridos por los gobiernos de la derecha y la ultraderecha y que, a su juicio, alimentan la "desinformación" y los "bulos". Adujo que este cambio obligará a actualizar la ley de publicidad institucional, aprobada en 2005, cuando no tenían pujanza los medios digitales y no existían las redes sociales.

"Proteger la independencia editorial"

Sánchez no precisó, por tanto, cuál sería el tope de financiación pública, a qué medios podría afectar o qué cambios pueden acometerse en la ley de publicidad. Tampoco fue al detalle de las medidas para "proteger la independencia editorial" y los "derechos de los profesionales de los medios", para "evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información". "Para que no haya jefes de Gabinete", apostilló, refiriéndose de manera clara a Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, "que amenazan impunemente a los que no repiten sus consignas".

Bajo la rúbrica de la defensa del pluralismo y de la competencia, el Gobierno plantea la necesidad de "evitar la concentración de medios en pocas manos". De nuevo, sin más honduras.

Se ampliarán las funciones y capacidades de la CNMC. Los 100 millones para los medios se financiarán con fondos europeos y se darán a las cabeceras al margen de su "línea editorial"

En cuanto a la protección, Sánchez propuso, genéricamente, "medidas para asegurar los derechos de los medios y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales", para preservar el "derecho a comunicar y recibir libremente información veraz". Para la supervisión y el cumplimiento de estos principios, y "en línea con el reglamento europeo", el Ejecutivo propone "ampliar las funciones y las capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia" (CNMC). El presidente no plantea, a diferencia de Sumar, un Consejo Estatal de Medios de Comunicación.

El anuncio más concreto en este apartado fue la decisión del Ejecutivo de ayudar a los medios a "seguir digitalizándose" de manera "independiente y segura". Así, se pondrá en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la "digitalización de los medios que lo necesiten para crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren la calidad de la información y su productividad y reforzar su ciberseguridad". Esas ayudas se financiarán con los fondos europeos, avanzó, y serán destinadas a todos los medios "con independencia de su línea editorial". Automáticamente, PP y Vox acusaron al presidente de querer comprar a los medios. "Si publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, merecen toda la inversión —le espetó Alberto Núñez Feijóo—, si publican lo que a usted le molesta, merecerán todo el castigo. Qué sarcasmo".

Ya Sánchez había adelantado su intención de reformar las leyes orgánicas de derecho al honor y a la rectificación. Pero, de nuevo, en este pleno se quedó en la superficie: solo señaló que los afectados por "calumnias" o "acusaciones infundadas" tienen que "poder defenderse". Tampoco desarrolló el punto que ayer anunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que fue corregida al poco por su partido, Sumar, y por la Moncloa: se propondrá una "nueva reforma de la ley mordaza", pero solo "en lo relativo a la libertad de expresión en coherencia con la Constitución española".

No corresponde al Gobierno evaluar los contenidos informativos", son los medios los que "deben autorregularse y fomentar las buenas prácticas" con códigos deontológicos, dice

Todo este paquete, apuntó, "trata de reforzar el eje central del correcto y sano funcionamiento de la democracia y garantizar el derecho a la información veraz". Poniéndose la venda antes que la herida, Sánchez recalcó que "no es intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad", porque "se los tienen que dar los ciudadanos", pero sí "desarrollar lo acordado en Europa". El jefe del Ejecutivo alegó que estas medidas derivan del plan de acción para la democracia que la Comisión Europea pergeñó en 2020, en plena pandemia, ante la proliferación "masiva de bulos y desinformación" y la "injerencia de las potencias extranjeras". Pero este paquete, añadió, emana también del artículo 20 de la Constitución —el que consagra el derecho a la información— y del "sentido común". "No corresponde al Gobierno evaluar los contenidos informativos", son los medios los que "deben autorregularse y fomentar las buenas prácticas" a través de códigos deontológicos, añadió. En todo caso, ahora la tarea corresponderá a los grupos.

El afán del presidente era incidir en que lo que planteaba no deja de ser la importación de un consenso ya conquistado en Bruselas. Y frente a las críticas de la derecha, que le acusan de querer amordazar a los periodistas y a los medios, Sánchez defendió que su Gobierno pretende defender la democracia española de las amenazas, de esos "viejos enemigos con nuevas herramientas", porque hay un "vínculo" entre la circulación de bulos y el aumento de los delitos de odio, porque los "enemigos de la democracia usan las fake news para envenenar la convivencia y destruir grandes consensos". El líder socialista sustentó sus apreciaciones en algunos datos: el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas "de forma recurrente", al 86% le cuesta "distinguir" las noticias verdaderas de las que no lo son, los bulos se comparten "un 70% más rápido que las noticias verdaderas". Bulos que han logrado, ilustró, que el 18% de los ciudadanos piense que la economía española está en crisis cuando ya encadena 15 trimestres consecutivos de crecimiento, o que el 34% tema que le okupen su casa, cuando el problema afecta a "menos del 0,06% de las viviendas" del país, o que se crea que el número de inmigrantes en España sea el doble del real.

Nueva Ley de Administración Abierta

En el apartado de propuestas al Poder Legislativo, Sánchez innovó más. En ese punto, señaló la necesidad de reformar los reglamentos de Congreso y Senado para endurecer las sanciones a los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información "falsa o incompleta". La pretensión es que se facilite el descubrimiento del recientemente introducido delito de enriquecimiento ilícito. Aquí el Ejecutivo tropieza con la Cámara alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta.

El Gobierno, señala, "no teme el escrutinio ni la crítica". "El problema no es la discrepancia. El problema es la mentira", recalca el presidente

Además, Sánchez propone una reforma limitada de la ley electoral con un doble objetivo. Por un lado, establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios —una cuestión que ya estaba en el último programa del PSOE para las generales— y, por otro, para hacer que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados. Este ha sido uno de sus argumentos para defender al CIS y a su cuestionadísimo presidente, José Félix Tezanos.

En lo que respecta al Ejecutivo, Sánchez se compromete a aprobar una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y a presentar una nueva Ley de Administración Abierta, que "amplíe y mejore la calidad y cantidad de la información gubernamental". España es, dijo, el tercer país con más datos en abierto de la UE y el quinto de la OCDE, pero el Ejecutivo quiere ser el primero. Ahí Sánchez anunció que Vitoria será la sede de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en el otoño de 2025, una cita internacional en la que participarán más de 2.000 expertos y líderes gubernamentales de todo el mundo.

Sánchez se preocupó en todo momento de recalcar que nada de lo que plantea es estrambótico o se sale de los márgenes europeos. Porque la Comisión ha pedido a los Veintisiete, dijo, que tomen medidas, y de hecho hay países, "como Alemania, Finlandia o Austria que ya han empezado a hacerlo". Esta tarde, adelantó, viaja al Reino Unido para participar en una reunión sobre este tema, con una veintena de presidentes y primeros ministros europeos. "Y ahora nos toca a nosotros". Es decir, que el problema de la desinformación y los bulos y las injerencias extranjeras es un asunto global que preocupa a todas las democracias.

A partir de ahora comienza una ronda con los grupos. La liderarán dos ministros, uno del PSOE, Bolaños, y otro de Sumar, Urtasun

El presidente incidió en que su Ejecutivo "no teme el escrutinio ni la crítica". A las izquierdas, "la libertad y la pluralidad de pareceres" les gusta, no les "incomoda", y de hecho han luchado para lograrla, "mientras que otras fuerzas políticas se encontraban muy cómodas en su ausencia". "Por eso, les repito —concluyó, dirigiéndose a los diputados—, el problema no es la discrepancia. El problema no es la crítica. El problema es la mentira. El problema surge cuando se atacan las democracias con argumentos manipulados, con informaciones apócrifas, con declaraciones infundadas".

Transcripción de la intervención de Pedro Sánchez en la presentación de su plan de acción democráticaDescarga

El siguiente paso será el diálogo con los grupos, que comenzará en este mes de julio, a fin de que a la vuelta de verano comiencen a aplicarse escalonadamente las medidas. En la ronda de contactos, como anunció Díaz y confirmaron fuentes de la Moncloa, participarán dos ministros, uno del PSOE, Félix Bolaños, y uno de Sumar, Ernest Urtasun. Serán ellos los que tengan que defender y concretar las medidas del difuso plan anunciado este miércoles por el presidente.

Sin citas a Begoña Gómez

Durante la réplica a Feijóo, Sánchez le apremió a consensuar las medidas dado que su grupo en Estrasburgo lo ha hecho. Tiene la "oportunidad", le pinchó, ahora que ha roto con Vox. Y entonces aprovechó para preguntarle por sarcasmo si su divorcio de la ultraderecha va en serio: "¿Su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Han roto para siempre o se están tomando un tiempo, o es una relación abierta a varias bandas?". El presidente instó al líder del PP a que ponga "un cordón sanitario a la ultraderecha", como el que han impuesto socialdemócratas, conservadores y liberales en Bruselas.

¿Su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Han roto para siempre o se están tomando un tiempo, o es una relación abierta a varias bandas?", pregunta Sánchez a Feijóo

Cargó el jefe del Ejecutivo contra Feijóo por tener el "cuajo" de afearle el "control de los medios" cuando la televisión gallega acumula ya 320 viernes negros o cuando convivió con "la censura y el secuestro" de la obra Fariña, que denunciaba los "vínculos del PP con el narcotráfico". El libro, firmado por Nacho Carretero, recordaba él mismo, fue censurado por una jueza, "no por el PP".

Pese a todo, Feijóo, le dijo, tiene esa "oportunidad" de mostrar su autonomía. Por ejemplo, retomando los 11 consensos que le ofreció en la Moncloa en la primera reunión que ambos mantuvieron después de que el dirigente gallego fuera elegido como jefe del PP. Ya se materializaron los pactos para renovar el CGPJ y para reformar el artículo 49 de la Constitución, pero quedan otros consensos por "reconstruir" como el pacto antitransfuguismo.

El presidente acusa a Feijóo de fomentar el transfuguismo al "comprar diputados y consejeros" de Vox que no han abandonado sus cargos tras la ruptura de los ejecutivos regionales

Ahí el presidente fue muy duro con su rival. Le acusó de "comprar diputados y consejeros" y por tanto de fomentar el transfuguismo, y eso es "corrupción", "una vergüenza". Se refería a los cargos públicos de Vox que han decidido no abandonar los gobiernos autonómicos tras la ruptura con el PP decidida por Santiago Abascal. El transfuguismo, subrayó, "es un retroceso democrático de un calibre extraordinario", demandando a Feijóo que retorne al pacto.

Sánchez también reclamó a Feijóo que apoye la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados y aliviar la situación de Canarias. Una salida a la que el PP aún no ha dado su apoyo. "Demuestre que lo suyo con Vox es un divorcio con todas las de la ley", le terminó diciendo, asegurándole los votos del PSOE en las comunidades autónomas en las que ha cuajado la ruptura con Vox si es para "derogar todas las leyes" regresivas. No hubo en la larga réplica del presidente ninguna alusión a la investigación judicial de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, principal arma de Feijóo durante su discurso.

El debate en el Congreso concluyó al cabo de seis horas y media. Con la sensación de que poco se había movido realmente. Porque Sánchez había buscado, pretendidamente, ceñirse a la normativa europea y quedarse en un marco general. Para facilitar el "consenso", argumentaban en la Moncloa. La pregunta, ahora, es si habrá concreción y si alguna medida llegará a ver la luz.