En la última semana y media tres de los cuatro jóvenes saharauis que aterrizaron en aeropuertos españoles solicitando protección internacional han logrado acceder a territorio nacional mientras se tramitan sus peticiones. Por delante se les abre un camino tortuoso con dos vías posibles: el asilo o la apatridia. En un país que se halla a la cola de la Unión Europea en reconocimiento de asilo, la de la apatridia es una opción que copan los saharauis a pesar de proceder de un territorio de origen que hasta hace menos de medio siglo era una provincia española más.

En 2023 el 97 por ciento de los solicitantes de apatridia procedían del Sáhara Occidental. El año pasado las saturadas oficinas de asilo y refugio del ministerio de Interior tramitaron 1.084 solicitudes de estatus de apátrida y resolvieron 1.022. De las 909 que resultaron favorables, el 99% eran de personas de origen saharaui, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). A principios de este año los ciudadanos kosovares dejaron de ser considerados apátridas por España, que -no obstante- mantiene su negativa a reconocer la independencia de la ex provincia serbia. Un hecho que probablemente elevará el ya vasto porcentaje de saharauis sobre el total de los que optan por la apatridia.

En 2023 el 97 por ciento de los solicitantes de apatridia procedían del Sáhara Occidental

“Son personas que vienen de una situación de limbo en sus países de origen y llegan a España pidiendo la protección que necesitan como apátridas y por la falta de una legislación completa se termina dando esa desprotección, ese otro limbo”, señala en conversación con El Independiente Elena Muñoz, coordinadora estatal de Jurídico de CEAR. Un camino que espera ahora Youssef, el joven que pudo entrar en España hace una semana tras permanecer retenido durante 14 días y con una deportación frustrada por un piloto, y Mustafa, al que el pasado fin de semana un juez dejó acceder a territorio nacional tras aceptar la tramitación de su solicitud de protección internacional. Una ruta llena de trabas.

Solicitudes de asilo y apatridia en paralelo

Precisamente la batalla judicial librada en los últimos años por CEAR ha permitido que, en cuanto la oficina de asilo y refugio detecta que el solicitante de asilo es además apátrida, se inicien de oficio ambos trámites en paralelo. “Es el mismo organismo que estudia las solicitudes de asilo y apatridia. Llevamos tiempo peleando caso a caso y pidiendo que también se aplique en frontera. En 2019 la Audiencia Nacional nos dio la razón y que este trámite debía iniciar también en frontera porque el reglamento no lo dice expresamente pero tampoco lo prohíbe. Todo lo que no se prohíbe expresamente desde una perspectiva de derechos humanos, hay que hacerlo. El abogado del Estado recurrió al Tribunal Supremo y en 2020 nos volvió a dar la razón”, evoca Muñoz.

En la actualidad, ambos trámites corren en paralelo, pero los datos demuestran que en España el reconocimiento del asilo -con datos de solicitudes mayores- es una completa odisea, con bajas posibilidades de éxito. España, con 163.220 solicitudes, fue el tercer país receptor de peticiones de asilo sólo superado por Alemania y Francia. Sin embargo, la tasa de reconocimiento cayó del 16,5 % en 2022 al 12 % en 2023, lo que le sitúan en el último lugar de la UE en el reconocimiento de protección. En el caso de los saharauis, explica la abogada Fatma El Galia Mohamed Fadel, los solicitantes de asilo y apatridia renuncian a la nacionalidad marroquí “porque es una imposición”.

Lagunas en la legislación de apatridia

En el caso de la apatridia, el primer escollo es legal. “Su regulación está en Real Decreto de 2001 que tiene muchos agujeros”, señalan desde CEAR. El texto, denuncian, “contiene graves deficiencias y lagunas que deben resolverse a fin de ofrecer la protección necesaria a las personas apátridas y asegurar la calidad del procedimiento”.

Entre las trabas a las que se enfrentan los solicitantes, figuran la ausencia del derecho a la permanencia provisional en el territorio durante el procedimiento, “lo cual implica que no tienen derecho a ser documentadas como solicitantes”. “Aunque puedan iniciar la solicitud de apatridia en la frontera, eso no les autoriza a entrar en territorio español y continuar el procedimiento aquí. Es una pelea que llevan desde 2017 y se encuentra actualmente en el Tribunal Supremo. Habría que autorizar la entrada a esa persona solicitante de apatridia para continuar el procedimiento en España. ¿De qué sirve que tú le permitas iniciar el procedimiento de apatridia en la frontera española, si luego lo devuelves a Argelia o al territorio ocupado del Sáhara? No se está dando la protección que está solicitando como apátrida”.

Desventajas frente al asilo

A diferencia de lo que sucede con un solicitante de asilo, el de apatridia carece de autorización para trabajar durante el proceso, “con los problemas de inserción social y laboral que ello conlleva”, advierten desde CEAR. Tampoco tienen derecho a la asistencia letrada, a intérprete ni a un régimen especial de reagrupación familiar.

“Finalmente, es trascendental el hecho de que no ostentan la garantía fundamental del principio internacional de no devolución”, indica. Desde CEAR reconocen que son escasas las solicitudes favorables de asilo para los saharauis en la frontera. En lo que va de 2024, apuntan, el 65% de las peticiones de asilo formuladas por saharauis han sido denegadas mientras continuaba la de apatridia, lo que automáticamente inició el trámite de la devolución al territorio del que procedían.

Colapso de la administración

Los saharauis que han recurrido a esta vía lamentan la falta de recursos de la oficina de asilo y refugio, que añade más incertidumbre al propio proceso. Desde CEAR confirman este colapso, que explica la prolongación de los plazos. “Aunque el reglamento establece que debe resolverse en tres meses, lo habitual es desde el año hasta los dos años”. “Se ha aumentado el personal pero no lo suficiente para tramitar un volumen de solicitudes de protección internacional que ha crecido exponencialmente. Y, además de medios humanos, faltan medios materiales y tecnológicos”, comenta Muñoz.

Una responsabilidad nunca asumida por España

Resulta llamativo que los jóvenes saharauis que huyen de la represión política en los territorios ocupados del Sáhara Occidental tengan que acogerse al asilo o al estatus de apátrida cuando proceden de un territorio autónomo y el último pendiente de descolonización, según la ONU, que fue provincia española -la número 53- y sobre la que España sigue ejerciendo de potencia administradora.

“Hay una responsabilidad de España como potencia colonizadora del Sáhara a nivel de política internacional pero también de política interior. Tenemos responsabilidades y deberíamos hacernos cargo de esa situación y proteger a las personas provenientes del Sáhara”, señalan desde CEAR, que valoran positivamente la iniciativa de Sumar para otorgar la nacionalidad española a los saharauis pero también defienden la necesidad de regular el estatus de apátrida.