No está claro qué pasará a partir de ahora. Ni el Gobierno es capaz de anticiparlo. No sabe cómo marcharán las negociaciones con los grupos, qué apoyos irá amarrando, qué medidas tendrán más viabilidad, cuáles menos, cuándo verá la luz la primera. El plan de regeneración democrática, la herramienta que Pedro Sánchez puso encima de la mesa para apoyar su permanencia en la Moncloa tras los cinco días de reflexión, afronta un futuro incierto a partir de ahora. Echa a andar sin sus contornos definidos, como una batería de propuestas sin detalles y que giran, la mayoría de ellas, en torno a los medios de comunicación, sin sobrepasar, eso sí, las fronteras de la normativa europea. Pero el planteamiento del presidente ni gusta a los socios, por insuficiente, por ser "maquillaje", ni aplaca a la oposición, que atisba en el paquete de mejora de la calidad democrática un mero subterfugio para escapar de la investigación judicial que rodea a su mujer, Begoña Gómez.

El origen de todo era, en efecto, ella. Sánchez denunció una "operación de acoso y derribo" de la derecha y la ultraderecha contra él y contra su esposa, de tal calibre que necesitaba meditar si le merecía la pena continuar como presidente del Gobierno. Resolvió que sí, pero que se abría "un punto y aparte", que se trataba de "defender la democracia". En su equipo señalaban que esta era una "causa nacional", en la que debía "involucrarse todo el mundo". La Moncloa decidió esperar a que pasaran las europeas del 9 de junio y ubicó la comparecencia del presidente para este 17 de julio. Pero en las horas previas se encargó de rebajar las expectativas, anticipando que presentaría un "esqueleto" de medidas, para "abrir el debate", y para luego trabajarlas con los grupos.

Las medidas solo afectarán al Ejecutivo, al Legislativo y a los medios, pero no a la Justicia, como querían Sumar y los socios de investidura

Y eso fue lo que Sánchez hizo este miércoles en el Congreso. Esbozar un plan de regeneración, centrándolo en los medios de comunicación y, lateralmente, en iniciativas que afectan al Ejecutivo y al Legislativo. No al Poder Judicial, que la Moncloa no quiere tocar, pese a las presiones de Sumar y de los socios de investidura, tras el pacto alcanzado con el PP para la renovación del CGPJ.

El presidente prefirió andarse con pies de plomo. Consciente de que el abordaje de la regulación de los medios de comunicación es un terreno cenagoso y que toca una de las fibras más delicadas de la democracia, se afanó en recalcar que las medidas que plantea ya están recogidas en el reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación, aprobado en marzo de 2024 por una amplísima mayoría en la Eurocámara —con los votos de socialdemócratas y liberales, pero también de los populares—, y que de obligatoria aplicación y cumplimiento en todos los países miembros. Es decir, que nada de lo que propone está fuera de ese marco, por lo que el PP, de quien busca su voto, por lo que entiende que no se puede negar. El objetivo, reiteró, no es sepultar la crítica, sino combatir la "desinformación" y los "bulos", una inquietud que recorre las democracias de todo el planeta. "El problema no es la discrepancia, el problema es la mentira", rubricó.

El presidente incide en que su pretensión es combatir la "desinformación" y los "bulos", "fortalecer la democracia" y no "repartir carnés de fiabilidad" entre unos medios y otros

Sánchez citó algunas de esas medidas para "proteger" y "fortalecer" la democracia, que tienen su reflejo en el articulado de la normativa de la UE: que los medios den a conocer quiénes son sus propietarios y qué publicidad institucional reciben, que los gobiernos, desde el central hasta los autonómicos y locales, detallen qué publicidad asignan, que se limite qué financiación pública puede llegar a los medios, que se actualice la ley de publicidad institucional de 2005, que se evite la concentración mediática, que se aseguren los derechos de consumidores y empresas periodísticas frente a las grandes plataformas digitales, que las funciones de supervisión queden a cargo de una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reforzada. Además, se pondrá en marcha un paquete de 100 millones de euros para ayudar a la digitalización de los medios, financiado con los fondos europeos. Se reformará, sugirió —de nuevo, sin más detalles— las leyes de derecho al honor y a la rectificación y se propondrá una modificación de la ley mordaza en el apartado relativo a la libertad de expresión.

"Todo este paquete trata de reforzar un eje central del correcto y sano funcionamiento de la democracia como es la libertad de expresión, garantizar el derecho a la información veraz. Evidentemente, no es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros", explicó, tratando de sosegar el debate.

También debates electorales obligatorios

Ese es el corazón del plan presentado este miércoles en el Congreso. El jefe del Ejecutivo también deslizó otras medidas que afectan al Ejecutivo —como una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto— y reformas legislativas como la introducción de los debates obligatorios en la ley electoral o la sanción a los diputados y senadores que no presenten sus declaraciones de bienes.

PP y Vox centran sus ataques en el 'caso Begoña Gómez', que Sánchez no cita en el pleno. Feijóo llega a pedir su dimisión: "Váyase a su despacho y redacte la tercera carta y definitiva"

Alberto Núñez Feijóo había ido pertrechado con argumentos para otro debate. Le rebatió duro, le acusó de pretender "el mayor ataque a la libertad de información de la democracia española", llamó "milonga" a su propuesta, le subrayó que "la única razón" por la que estaba teniendo lugar ese debate en el Congreso es porque la mujer del presidente, Begoña Gómez, está siendo investigada en un juzgado de Madrid, y porque a su hermano, David Sánchez, se le imputan cinco delitos. Para cuando tuvo que salir a la tribuna en la réplica, acababa de trascender que la Complutense había pedido al juez que siguiera investigando pese a no haber encontrado irregularidades en la cátedra que lideraba Gómez porque esta no facilitó la información requerida. Feijóo exigió entonces a Sánchez su dimisión: "Váyase a su despacho y redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española". Las relaciones entre Gobierno y oposición siguen rotas. Nada ha cambiado, pese a que los dos partidos fueron capaces de firmar la renovación del Poder Judicial hace menos de un mes.

Sánchez no hizo una sola referencia a su mujer, ni en respuesta a Feijóo ni en su contestación a Santiago Abascal. Prefirió hurgar en la herida de la ruptura de las dos derechas —"¿Su ruptura es una riña de verano o es definitivo? ¿Empiezan una relación abierta a varias bandas?", se mofó—, denunció el fomento del "transfuguismo" por parte del PP, defendió los efectos positivos de la inmigración ahora que se ha convertido en el eje de combate de Vox y que los populares han endurecido sus posiciones.

No hubo puentes con la oposición, pero tampoco los socios quedaron conformes. Ni mucho menos. "Tomadura de pelo", dijo Gabriel Rufián (ERC); medidas que llegan tarde porque la democracia española tiene la "carcoma" por dentro, sentenció Míriam Nogueras (Junts); medidas de "maquillaje que no sirven para tapar la realidad", "anuncio trampa", observó Ione Belarra (Podemos); la propuesta no es estructural ni es profunda, resumió Mertxe Aizpurua (Bildu), aunque "no suena mal". "Habrá que hilar muy fino o mejor no hilar nada", advirtió Aitor Esteban (PNV), el único portavoz de la mayoría de investidura que sí sacó a colación el caso Begoña Gómez, para convenir que aunque no quepa reproche penal en la actitud de la mujer del presidente, sí que "hay cosas simplemente que no se deben hacer", aunque no las prohíba la ley, por una cuestión de "ética y estética".

Los socios creen que el paquete se queda corto: "Tomadura de pelo", "maquillaje". Esteban (PNV) sí cree que aunque Gómez no merezca reproche penal, no debió hacer ciertas "cosas"

El discurso de Sánchez no convenció a derecha ni a izquierda. Solo a sus socios de coalición, a Sumar. Pero en la Moncloa consideraban que se había conseguido el objetivo perseguido. "El PP alertaba de que íbamos a cerrar medios, de que iba a volver la censura previa y mira", aseguraban desde la dirección socialista. "Feijóo estaba descolocado, fue al pleno a otra cosa y el presidente le planteó cuestiones de sentido común. No fue a dar una réplica al presidente, sino a hacer aspavientos frente a la pérdida de apoyos institucionales, y se agarró al caso Begoña porque no tiene absolutamente nada", coincidían fuentes gubernamentales.

Una negociación 'dual' que también operará en los Presupuestos

El equipo del presidente decía mostrarse satisfecho. Si no fue al detalle, si no hiló más fino, explicaban, fue precisamente para facilitar el "consenso", para intentar que las medidas salgan "con el mayor apoyo posible". "Son sugerencias, y ahora lo que toca es negociación. Este es un plan muy contundente y valiente", incidían en la Moncloa.

La idea del Ejecutivo es recabar este mes las aportaciones de los grupos para ir articulando las medidas desde septiembre, aprobándolas de manera "escalonada"

El paso siguiente es el diálogo con los grupos. Que comenzará enseguida. Sánchez pactó con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una metodología negociadora distinta. Ahora, no solo hablará con los grupos un miembro del PSOE. Enfrente de cada partido se sentarán dos ministros del Gobierno, un socialista, Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y uno de Sumar, Ernest Urtasun, responsable de Cultura. Ellos serán los negociadores del plan de regeneración. Bolaños anunció en X, avanzada la tarde, que el lunes 22 y el martes 23 Urtasun y él se verán "con todos los grupos, excepto Vox, que no ha confirmado asistencia". Esta metodología dual, como la llaman en el círculo de Díaz, también se aplicará en la negociación de los Presupuestos de 2025, aunque en ese caso probablemente cambien los interlocutores y, de entrada, el PSOE estaría representado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El itinerario que tiene la Moncloa en la cabeza es discutir y trabajar las propuestas de regeneración democrática con los partidos para, a partir de septiembre, ir articulándolas y sacándolas adelante. Quizá no todas en bloque, sino de manera "escalonada". No todas, además, se canalizarán de la misma manera. Las que dependan solo del Gobierno no tendrán problema en salir del horno pronto —y que se formularían como reales decretos o acuerdos del Consejo de Ministros—, pero muchas sí necesitarán de apoyos parlamentarios, se tramiten bien como reales decretos leyes —que solo exigen la convalidación del Congreso en el plazo de un mes— o como proposiciones de ley de los grupos o proyectos de ley del Ejecutivo.

Fuentes próximas a Sánchez esperan no tropezar con demasiados escollos, porque "la mayoría de las cuestiones son pacíficas". En el capítulo de los medios, señalaban, se trata de "adaptar" a la realidad española el reglamento europeo, y dado que este fue apoyado por el PP en Estrasburgo, lo lógico, concluyen, es que lo respalde también en España.

El reglamento, aplicable desde agosto de 2025

Pero aún no hay letra pequeña. Ni en este apartado ni en ningún otro. No lo hay, por ejemplo, en otra cuestión medular comprometida, como la reforma de la ley electoral, en la que el PSOE se abre a más cambios además de la regulación de los debates. Y tampoco hay nada cerrado en lo relativo a la ley mordaza. Lo acordado con Sumar es la modificación del artículo 36, para que no sea delito la toma de imágenes de policías en manifestaciones salvo casos muy excepcionales. Pero sigue sin estar claro en qué consistirá la "revisión" de los delitos de injurias y calumnias a la que se ha comprometido el ala socialista del Ejecutivo (y que de hecho admitió a trámite en el Congreso en diciembre). En la Moncloa sí recalcan que no se tocará nada de la Justicia y que no se va a asumir la tesis que insistentemente le reclaman los socios: la lucha contra el lawfare, la guerra sucia judicial, el término que se incluyó en el pacto de investidura con Junts y que soliviantó al mundo de la Justicia.

No hay letra pequeña todavía en ningún apartado. Tampoco, dice el PSOE, en lo relativo a la 'ley mordaza'. Lo acordado con Sumar es la modificación del artículo 36

El reglamento europeo ya está en vigor y, a diferencia de una directiva, no necesita de una transposición al Derecho nacional, pero los Estados miembros, defiende el Gobierno, sí pueden adaptarlo. Y eso es lo que intentará hacer el Ejecutivo en sus negociaciones. La norma sobre los medios de comunicación, según recoge el propio texto, se aplica de manera gradual y, en todo caso, se podrá desplegar en su integridad desde el 8 de agosto de 2025. Es decir, que lo pactado en la UE se tendrá que implementar en España sí o sí.

Sánchez se sumerge ahora en una negociación compleja a varias bandas de su plan, bastante menos ambicioso de lo proyectado, acogido como una cortina de humo por las derechas y con reservas, por quedarse corto, de sus socios. En un contexto, además, volátil, porque la supervivencia de la legislatura no está garantizada. Pero el paquete de mejora de la calidad democrática sirve al presidente para tratar de recuperar la iniciativa y ganar foco. Este miércoles lo atrajo con un programa de acción difuso, impreciso, cuya gestación se produjo tres meses atrás, en aquellos días de abril en los que se planteó dejar la Moncloa por los ataques que consideraba infundados hacia él y hacia su mujer.