Son 6.000 los menores inmigrantes acogidos en Canarias, unas islas absolutamente desbordadas y que claman auxilio. Este próximo martes, el Congreso debate la salida pactada por el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, de Coalición Canaria y PP. Pero esa alternativa, la de una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que obligaría al reparto de los niños y adolescentes entre las comunidades autónomas, se puede dar prácticamente por cegada. La dirección de Alberto Núñez Feijóo, que había manifestado su resistencias a la iniciativa, cerraba este domingo la puerta a prestar su respaldo porque interpreta que el Gobierno "no acepta" sus condiciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, apremia al PP a que vote sí en la toma de consideración de la proposición de ley presentada por PSOE, Sumar y CC.
Las posibilidades de acuerdo se redujeron este domingo prácticamente a la nada. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantuvo una conversación por escrito —por WhatsApp— con el portavoz del Grupo Popular en la Cámara baja, Miguel Tellado, escudero de Feijóo. Fuentes del PP trasladaron que el ministro "no ve posible aceptar las condiciones fijadas por el PP para tramitar la Ley de Extranjería" y que emplazó a Tellado a "mejorar el texto en el trámite de enmiendas", por lo que daba "por supuesto", a ojos de Génova, "que el martes se aprobará la tramitación" de la iniciativa.
La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo", subrayan desde la dirección de Feijóo
"Es decir, el Gobierno da por hecho que conseguirá los votos de Junts. El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo", señalaron desde la cúpula popular. "El texto que proponen no es el nuestro. Si no aceptan nuestras condiciones, no podemos ayudarles. Nosotros en ese planteamiento no podemos acompañarles", concluyeron.
La lectura del PP de la conversación se traducía, por tanto, en un no del grupo en la votación del martes, que es la de la toma en consideración de la propuesta de reforma registrada hace una semana por los socios de coalición (PSOE y Sumar) y por CC. Es el primer filtro que ha de superar el texto. Y si no lo logra, la iniciativa decaerá inmediatamente. El Gobierno necesita el apoyo o la abstención de los populares, porque ya cuenta de antemano con el no de Junts, que exigió que no se derivase ningún menor a Cataluña y que se pactase antes la delegación integral de la competencia migratoria a la comunidad.
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Fuentes de Política Territorial, sin embargo, apuntaron que en la conversación por WhatsApp "en ningún momento" el ministro trasladó al PP "el no a negociar del Gobierno ante sus peticiones". "Todo lo contrario, si este martes se admite a trámite la proposición de ley, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos, incluido el PP".
Según subraya el Gobierno, "en ningún momento" se trasladó al PP "el 'no' a negociar". Se asume la exigencia de que Cataluña entre en el reparto
Desde el Gobierno insistían este domingo en que "algunas de las propuestas del PP ya se contemplan" en el texto registrado el pasado 15 de julio en el Congreso. ¿Cuáles? Primero, su exigencia de "no exceptuar a ningún territorio". Es decir, que Cataluña no quede fuera del reparto, algo que Torres dijo desde el principio que era así, que no habría comunidades que quedasen fuera de la derivación de menores.
Posibilidad de declarar la emergencia en otras CCAA
El PP reclamó declarar la emergencia migratoria nacional, más allá de Canarias o las dos ciudades autónomas. El Gobierno responde que está dispuesto a negociar esta demanda, que supone la posibilidad de licitar de manera urgente recursos de acogida, "para las comunidades que se encuentren en la misma situación de emergencia", que obviamente, indican en el Ejecutivo, no son todas.
Cuestiones como una Conferencia de Presidentes y otras pueden tratarse y acordarse en el debate parlamentario", dijo Torres a Tellado, según señalan en Política Territorial
Los populares también rechazaban la fórmula de la proposición de ley. Querían la vía del proyecto de ley del Gobierno, un camino más largo porque exige que, antes de que el texto llegue al Congreso, emitan su informe, preceptivo, pero no vinculante, los órganos consultivos. El Ejecutivo señala que la solución planteada por el PP "solo alargaría en el tiempo la solución, y la urgencia es máxima". "Por eso se ha registrado una proposición de ley urgente acordada entre el Gobierno de España (PSOE-Sumar) y el Gobierno de Canarias (CC-PP), que es la que se somete a consideración el martes", precisan en Política Territorial.
Los populares exigían igualmente que solo fueran trasladados los menores "indubitados en su edad" —y que fuera ratificada por la Fiscalía—. Torres señaló a Tellado que la propuesta del PP nacional "para que los niños dubitados se queden en Canarias choca contra la voluntad del Gobierno de las islas (CC-PP)".
Génova también puso sobre la mesa la necesidad de celebrar una Conferencia de Presidentes. Petición que ya afloró en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado 10 de julio en Tenerife. Torres adujo que no tenía sentido, porque ya el Gobierno se había reunido esa tarde con los consejeros autonómicos y estos le dijeron que la decisión era de Génova, de la dirección de Feijóo. "Cuestiones como celebrar una Conferencia de Presidentes y otras pueden tratarse y acordarse, y así se lo trasladó Torres a Tellado, en el debate parlamentario", apuntaban este domingo desde el Gobierno.
El ministro reclama al PP que vote 'sí' el martes y que "no se esconda detrás de excusas para, al final, practicar políticas insolidarias"
El ministro Torres pidió al PP que vote sí el martes y que "no se esconda detrás de excusas para, al final, practicar políticas insolidarias", remataron fuentes del Ejecutivo.
Si no hay cambios en las próximas horas, la proposición de ley de PSOE, Sumar y CC decaerá, al no recibir el respaldo de la Cámara para que arranque su tramitación. El pasado jueves, Torres ofreció al PP que, si votaba sí el martes y comprometía sus apoyos, el Gobierno tramitaría la propuesta como real decreto ley, para agilizar su entrada en vigor, ya que solo requeriría la convalidación del Congreso en el plazo de 30 días. Pero, salvo giro de guion, el texto está cerca de su derrota parlamentaria, como esperaba el Ejecutivo. El drama migratorio que sufre Canarias, por tanto, continuará.
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