La indignación en el Gobierno (y en el PSOE) con el juez que instruye el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, es total. Absoluta. Y la propia Moncloa no lo quiere esconder y carga duramente contra él, sin caer en la descalificación frontal, pero sí hablando de "persecución política despiadada" —palabras de ayer lunes del ministro de Justicia, Félix Bolaños— o, ya directamente, de "causa política", y tal vez de "prospectiva", como aseguraba este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en un nuevo salto en la estrategia de los socialistas en defensa del presidente y de su esposa.
Buena parte de las preguntas dirigidas a la ministra este martes, tras la reunión ordinaria del Gabinete, rodeaban la citación como testigo de Pedro Sánchez por el juez Peinado para el próximo 30 de julio. Una convocatoria, reprochó la también titular de Educación, que aún no le ha sido "notificada" al jefe del Ejecutivo, que aún no ha recibido. La defensa de Gómez, representada por el exministro Antonio Camacho, y la Fiscalía, han recurrido esa decisión del magistrado al no verla necesaria, útil o pertinente.
Para Alegría, es la "frustración" del PP por el resultado de las generales del 23-J, hace justo un año, lo que ha hecho que se instalen "el odio, la rabia y la ira continuada"
"Este asunto es lo que parece. Esto no es una causa judicial. Esto es una causa política. Una causa política alentada por la derecha y por la ultraderecha y que solo tiene un objetivo claro, que es atacar al presidente del Gobierno, atacar a su familia y, por supuesto, también erosionar a este Gobierno progresista", sostuvo de entrada Alegría.
La portavoz se detuvo en la línea argumentativa desplegada por el Ejecutivo desde que el caso ha ido escalando: es el PP el que realmente está detrás de esta causa porque no ha sabido aceptar los resultados de las urnas de hace justo un año, de las elecciones generales del pasado 23 de julio, en las que no logró sumar mayoría absoluta con Vox y tras las que Sánchez pudo resistir en la Moncloa.
"Lo digo precisamente hoy, que hace un año que se celebraron las últimas elecciones generales —continuó Alegría—. Unas elecciones generales en las que más de 12 millones y medio de españoles dijeron con su voto alto y claro no a un Gobierno de PP y Vox, de la derecha y de la ultraderecha, y dijeron sí, alto y claro, a un Gobierno progresista. La frustración de ese resultado, la no aceptación de ese resultado es lo que lleva provocando la política del PP durante todo este año. Una estrategia que única y exclusivamente se ha basado en el odio, en la rabia y en la ira continuada durante este último año. Es que no hay mayor frase que recoja la falta de aceptación de la realidad que la estrambótica frase [de Alberto Núñez Feijóo] de 'no soy presidente porque no quiero'. Ya está bien. Le pido al PP que asuma de una vez con responsabilidad el mandato de las urnas. Porque lo que las urnas no le dieron no lo van a conseguir con oscuras maniobras". La portavoz se expresó con vehemencia con el propósito, precisamente, de trasladar la profunda irritación que siente el Ejecutivo con un asunto que no ha dejado de crecer desde las primeras informaciones periodísticas, hace unos cuatro meses, y que se ha embrollado sobremanera.
La Fiscalía Europea ha apartado a Vox
Preguntada por cuál será la estrategia que seguirá Sánchez, si está dispuesto a declarar o no el próximo 30 de julio, Alegría recordó que hay dos recursos sobre la mesa, uno de la Fiscalía y otro de la defensa de Gómez. "Pareciera lógico que tuviéramos que esperar al resultado y a ver cómo se resuelven estos recursos. Pero también déjenme que les diga algo: a estas horas, el presidente del Gobierno todavía no ha sido notificado". Un reproche clarísimo al juez.
La portavoz recalca que el Ejecutivo "siempre" se muestra respetuoso con las resoluciones judiciales, gusten "más o menos". Pero ese respeto, avisa, ha de ser "bidireccional"
Y no fue el único. Tras señalar que la Fiscalía Europea se ha negado a que Vox sea acusación popular en la investigación que dirige sobre una parte del caso Begoña Gómez —el que estudia los contratos públicos adjudicados por la entidad Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés—, advirtió la ministra que el proceso de instrucción del magistrado Peinado es "cuanto menos, innovador". "Por no hablar de causas prospectivas, que el propio Supremo tiene jurisprudencia asentada sobre esta cuestión y se impide en nuestro país". La denuncia de una investigación prospectiva la lleva haciendo el Ejecutivo desde la semana pasada.
Alegría recordó que el origen de la causa son unos "recortes de prensa, llenos de bulos" y llevados al juez por el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias y la organización ultracatólica HazteOír. Pero luego hubo dos informes de la Guardia Civil que "desmontan, mentira tras mentira, esta denuncia falaz". La Fiscalía ha pedido "archivar el caso" y las testificales practicadas hasta ahora, insistió, no han probado nada. "No hay caso, lo que hay es una causa política que están arengando la derecha y la ultraderecha" con el objetivo de "erosionar" a Sánchez y al Gobierno. "Que se armen de paciencia. Las prisas nunca son buenas consejeras y, de hecho, siempre terminas por darte algún golpe", censuró, de nuevo dirigiéndose implícitamente al juez y a su instrucción.
Los periodistas preguntaron a Alegría si el Gobierno estaba guardando la "debida neutralidad" y respeto a la separación de poderes al hablar de "causa política". La portavoz sostuvo que sí, que "siempre" se ha mostrado "respetuoso" con las resoluciones judiciales, les gusten algunas "más o menos". Pero ese respeto, advirtió, también ha de ser "bidireccional". Es decir, que también los jueces han de respetar al Ejecutivo. La ministra apostilló, ahora mirando al PP, que "otros han hablado del Tribunal Constitucional como 'cáncer' del Estado de derecho" —lo hizo el dirigente Esteban González Pons—, censuran al fiscal general del Estado o reprueban la actitud de la Agencia Tributaria. "Esa respuesta nunca la van a encontrar ustedes en el Gobierno de España. Siempre nos hemos movido bajo el paraguas del respeto y es así como nos vamos a seguir moviendo", remachó.
Fuentes del Ejecutivo insistían en que no es el momento de desvelar la estrategia procesal del presidente, porque lo prioritario es que se resuelvan los recursos, no solo los interpuestos este martes, sino los que se llevaron en días anteriores ante la Audiencia Provincial. En la Moncloa hablan de instrucción "disparatada".
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