Indignación y estupor en el Gobierno y en el PSOE con la citación de Sánchez

El pasado viernes, cuando volvió a los juzgados de Plaza de Castilla Begoña Gómez y se acogió a su derecho a no declarar, Vox ya anunció que pediría la declaración de Pedro Sánchez como testigo. Ministros del Gobierno —y en él hay jueces y juristas de carrera— reconocían entonces, ese viernes, que no se imaginaban que el juez Juan Carlos Peinado se atreviera a dar el paso de convocar al presidente.

Pero eso fue lo que ocurrió.

El magistrado decidió citar como testigo a Sánchez para el próximo 30 de julio y en la Moncloa, adonde pretende desplazarse para realizar el interrogatorio (y grabarlo en vídeo). La providencia [aquí en PDF] está fechada el pasado viernes, pero se conoció este lunes. Y provocó un terremoto político. El caso Begoña Gómez había escalado. El juez daba un salto de gigante en su instrucción.

López habla de "montaje para beneficio del PP" y se refiere al 'caso Peinado'. El ministro advierte a la "jauría ultraderechista" de que no conseguirá su objetivo de tumbar al Gobierno

Automáticamente, en el Gobierno y en el PSOE cundió la indignación y el completo estupor por lo que entendían como una prueba más de la "cacería" contra el presidente y su mujer, en palabras del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que se afanó en recalcar que "no hay caso". Se trato de un "montaje", en fin, para beneficio del PP", para derribar al Ejecutivo de coalición, siguió. El propio López habló, significativamente, del caso Peinado, no del caso Begoña Gómez. Fuentes de Ferraz agregaron de hecho que las nuevas diligencias ordenadas por el magistrado son "absolutamente injustificadas" y revelan la "naturaleza política de este caso". "Por eso serán recurridas, como lo han sido el resto de actuaciones". Horas más tarde, se supo que la Fiscalía prevé impugnar la citación de Sánchez, según avanzó el diario El País.

Por la tarde, tras las primeras reuniones con los grupos parlamentarios para trabajar juntos en el plan de regeneración democrática, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insistió en la misma línea, en un posicionamiento duro, aunque en esta ocasión se cuidó de achacárselo al juez. El ministro habló de una "persecución política absolutamente despiadada contra el presidente y contra su familia". Una persecución que "se inicia" con la presentación de "denuncias falsas" por parte de las "marcas blancas del PP" —en alusión a Manos Limpias y HazteOír, las primeras que acusaron a Gómez—, y que siguió con la "utilización política" de esa "persecución" por la dirección de Alberto Núñez Feijóo, "intentando ensuciar el nombre de personas honestas, como es la mujer del presidente". Para Bolaños, esa "persecución" es "tan evidente" que "nadie disimula nada".

La respuesta a la "jauría ultraderechista", agregó, es que no va a "conseguir" su objetivo de tumbar al Ejecutivo, que "hay Pedro Sánchez y que hay Gobierno progresista para muchos años". Bolaños no dio detalles de la estrategia procesal del presidente. Ni de qué recursos pueden presentarse, más allá del de la Fiscalía —"vamos a ver cuando se pronuncien los tribunales competentes"— ni de si finalmente Sánchez declarará el próximo martes ante el juez en la Moncloa.

Es una atrocidad jurídica. Se le está yendo tanto la mano a Peinado que esto se volverá en contra de la derecha", señala un ministro

Las declaraciones públicas de partido y Ejecutivo hacían patente la profunda irritación con el juez Peinado. En privado, los juicios eran más contundentes. "Es una prevaricación de libro", sostienen desde la cúpula socialista. Es decir, que están convencidos en el equipo de Sánchez que el juez dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Pero no anticipan en Ferraz si se plantean una querella contra él, aunque dirigentes conectados con el presidente dan por hecho que no se presentará, porque "sería contraproducente".

Es "demencial", "tremendo"

"Es la espiral que les interesa retroalimentar para convertir a Peinado en víctima y héroe", explica un veterano cargo que advierte de que una denuncia contra el juez debe resolverla, primero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid —ante quien está aforado— y, después, el Supremo, y podrían fallar en contra de Sánchez por su composición "conservadora". En la Moncloa prefieren no adelantar cuál será la estrategia que desplegará Sánchez y la defensa de Gómez ante los tribunales, aunque es evidente que la esperanza está puesta en los recursos que se planteen contra la providencia del juez. Cabría la vía de la recusación del magistrado, que debiera formular la mujer del presidente, como investigada, y que tendría que estudiar la Audiencia Provincial de Madrid.

Distintos miembros de la dirección socialista y del Ejecutivo hacen análisis coincidentes: es una decisión "demencial", es "tremendo". "Es una atrocidad jurídica. Se le está yendo tanto la mano a Peinado que esto se volverá en contra de la derecha. No conozco a nadie con dos dedos de frente, de izquierda o derecha, que no vea que esto es demasiado grosero. Este juez es un suicida", sanciona uno de los ministros más cercanos al presidente.

En el Ejecutivo denuncian la "contradicción" de que le pida declarar como marido de Gómez pero al mismo tiempo investigue "tráfico de influencias en cadena", que requiere de la participación de una autoridad

"Es todo de locos", conviene otra integrante del Gabinete. Y es que en el Ejecutivo no conciben la "pura contradicción" en la que creen que incurre Peinado. Porque, para poder practicar el interrogatorio de Sánchez en la Moncloa, se apoya en el artículo 412.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite la declaración como testigo de autoridades en su domicilio o despacho oficial siempre que se le pregunte sobre "cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo". Es decir, que Peinado quiere preguntar a Sánchez como marido de Begoña Gómez, no como presidente del Gobierno. Pero, al tiempo —y ahí está la "contradicción" que aprecian en el Ejecutivo—, señala en su providencia que investiga un supuesto tráfico de influencias en cadena, delito que requiere de la participación de un funcionario público o autoridad.

El artículo 412.2 de la LECrim exime a ciertos cargos públicos (presidente y demás miembros del Gobierno, presidentes del Constitucional y del CGPJ, fiscal general del Estado y presidentes autonómicos) de la obligación de concurrir ante un juez cuando son llamados como testigos. Pero no les exime la ley de declarar. Lo que sí pueden hacer es informar por escrito de los "hechos que tengan conocimiento por razón de su cargo". Por eso Peinado se apoya en el apartado siguiente, en el 412.3, para poder ir a la Moncloa a interrogarlo, aduciendo que no le preguntará por hechos que pueda conocer relacionados con su mujer por el hecho de ser presidente. En su providencia, el magistrado dispone también que los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid y agentes de la Policía Judicial acudan el día anterior, el lunes 29 de julio, a las instalaciones de la Moncloa para instalar los dispositivos de grabación.

Vista la instrucción del juez, en el Gabinete ya no verían extraño que elevara una exposición razonada al Supremo para que estime si cabe imputar al presidente: "Todo es de locos"

Otro artículo de la LECrim choca contra la testifical de Sánchez decidida por Peinado. El 416 indica que están dispensados de declarar los cónyuges, parejas o familiares directos del procesado. El juez además debe advertir al testigo de que no tiene la obligación de declarar en contra del procesado pero sí puede hacer "las manifestaciones que considere oportunas".

"Es un disparate de providencia. Es de locos. Pero ya no me atrevo a decir que no puede dar el juez el paso siguiente", observa un miembro del Gabinete. Y el paso siguiente, que por tanto ya no se descarta en el Ejecutivo, es que Peinado llegue a elevar una exposición razonada al Supremo para que asuma la investigación y proceda a imputar al presidente, si entiende que hay indicios, porque es aforado. Eso supondría que Peinado tuviera que soltar la causa, pero conseguiría, continúa esta misma ministra, "marear", que la investigación estuviera en danza durante mucho tiempo en la Justicia. "Yo también pensaba que no era posible que llamaran a Pedro a declarar —confiesa otro integrante del Consejo de Ministros—. Pero con esta instrucción todo parece posible y es la razón de echar de menos a la Audiencia Provincial".

¿Desgaste del Ejecutivo?

Y es que ese es un lamento que se escucha también en el Gobierno: entienden que la Audiencia de Madrid debiera haber cortado las alas al juez Peinado. Ya le dijo que no investigara la conexión de Gómez con el rescate de Air Europa porque eran meras "conjeturas", y delimitó el terreno de juego, pero ahora el hilo más potente del que está tirando el juez es el de una hipotética apropiación indebida de la mujer del presidente de un software para la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

En el PSOE se preguntan por qué la Audiencia de Madrid no resuelve los recursos. En Sumar apoyan a Sánchez: "Es tan burdo y bestia lo que está haciendo el juez que se desacredita por sí mismo. No nos preocupa mucho"

"La instrucción no tiene ningún sentido. La Audiencia debería tomar medidas resolviendo inmediatamente los recursos pendientes y evitando tanto dislate. Pero es que la Audiencia no está parando nada. No está resolviendo nada. Pero eso quiere decir que no hay mucha profesionalidad", sentencia un ministro del ala socialista.

El socio minoritario de la coalición también salió en defensa del jefe del Ejecutivo. El portavoz de Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, denunció que la citación solo tiene como objetivo el "desgaste mediático" del Gobierno. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se había declarado "asombrada" por el paso dado por Peinado. "Es tan burdo y bestia lo que está haciendo el juez que se desacredita por sí mismo. No nos preocupa mucho", añade un ministro de Sumar.

En el PSOE no creen que haya mucha erosión por el caso. Como apunta un dirigente, la indignación va creciendo por el "despropósito judicial"

"La indignación va in crescendo en el PSOE con el lawfare cada vez más descarado, aunque no se dirá así obviamente, pero manteniendo la calma porque el despropósito, el exceso y la hipérbole judicial es ya de tal magnitud y tan notoria que apenas tiene capacidad políticamente aflictiva para el Gobierno", reflexiona un cargo socialista bien conectado con la Moncloa. En el partido no creen que haya mucho desgaste electoral por este caso: el impacto, continúa esta misma fuente, es "prácticamente neutro cuando no reactivo, como lo demostró la pausa de cinco días del presidente". "Ningún votante socialista está disgustado y desconcertado porque crea que Sánchez y su mujer sean corruptos. Lo que ve es al sindicato del crimen desmelenado habiendo guerra sucia judicial. ¿Quiénes acusan? Vox, Manos Limpias y HazteOír. ¿Quién instruye? Un juez activista de derechas casi jubilado librando su última cruzada por la patria. No gusta nada, obviamente, pero no hay especial temor a deterioro demoscópico".

Una responsable de un aparato regional también constata la "bestial" indignación y estupor que recorren el partido por la citación de Sánchez. "La derecha mediática, política y judicial corren el riesgo de pasarse de frenada. Y vuelven a hacer de Pedro el héroe versus los poderosos. El partido flipa un poco por ver a qué esperan los órganos judiciales superiores".

La citación de Sánchez devoró la actualidad política de este lunes. Y se comió la ronda de Bolaños y Urtasun con los grupos para empezar a trabajar las medidas de regeneración democrática. Las elecciones aún están lejos, pero lo que es indudable es que el caso Begoña Gómez es capaz de robar el primer plano al Gobierno.