El horno en que se convirtió el patio del Congreso durante horas, ese fuego insoportable y continuo que irradiaban las losas de granito del exterior del hemiciclo en plena ola de calor, funcionaba como un espejo del infierno que sufría el Gobierno puertas adentro. La Cámara baja acogía este martes un eterno pleno escoba antes de las vacaciones de verano, el superpleno de más de 12 horas con el que se cerraba el curso parlamentario —a falta de dos sesiones en el Senado— y que se saldó con una doble derrota para Pedro Sánchez. Una ya se veía venir, y se consumó: el PP acabó votando en contra de la toma en consideración de la proposición reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, por lo que no será posible la derivación obligatoria de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla. El otro golpe no se esperaba y mantuvo en vilo al Ejecutivo hasta poco antes de la votación: Junts, socio de investidura, decidía castigar al presidente, lanzarle un aviso evidente, rechazando la senda de estabilidad, el paso previo a los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Con su gesto, justo la víspera de la reunión en Barcelona de Sánchez con el president Pere Aragonès y en la recta final de las negociaciones PSC-ERC para la investidura de Salvador Illa, el partido de Carles Puigdemont buscaba poner en duda la estabilidad de la legislatura. Tensionarla. Porque si las cuentas del Estado, que son la teórica pantalla siguiente, no prosperan, Sánchez tendrá muy difícil resistir.

Doble varapalo. Y duro. Y en un día señalado en la mitología socialista: este martes era 23 de julio de 2024, justo un año después de las últimas elecciones generales en las que el presidente logró sobrevivir, contra pronóstico, y frustró la posibilidad de un Ejecutivo de PP y Vox. Hace un año, el PSOE descorchaba el cava. Ayer, no.

El Ejecutivo era consciente de que la propuesta de cambio de la Ley de Extranjería iba a decaer, y de hecho no quiso retirarla, pero no esperaba que Junts votara 'no' a los objetivos de déficit

El Ejecutivo era consciente, desde hace semanas, de que los populares no iban a dar su brazo a torcer con la reforma migratoria y aunque las negociaciones se solaparon incluso con el curso del pleno, no hubo manera. También parecía peligrar la prórroga del escudo anticrisis, el nuevo real decreto ley de medidas económicas frente a la guerra de Ucrania, pero Podemos anunció a primera hora que lo apoyaba al comprometerse el Gobierno al mantenimiento del bono eléctrico, así que quedaba salvado.

Que cayera la senda de estabilidad —los objetivos de déficit y deuda para el Ejecutivo central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para el periodo 2025-2027— no estaba sin embargo en el radar. Pero desde Hacienda y desde el PSOE advertían por la mañana de que no tenían los votos asegurados, apuntaban que no sabían qué iban a hacer sus socios de Junts, aunque decían confiar en su sí. El negociador de Sánchez con el partido de Puigdemont, Santos Cerdán, intentó convencerles. Sin éxito. Los posconvergentes optaron por asestar una puñalada por la espalda al Ejecutivo. Muy relevante.

Los posconvergentes aseguran en público que no tiene que ver la cita Sánchez-Aragonès, y se aferran a la baja ejecución en Cataluña y la negativa de Montero a dar más gasto a las CCAA

Josep Maria Cruset, portavoz adjunto de Junts en la Cámara baja, comparecía sobre las 19 horas para anunciar el voto en contra de su grupo a la senda de estabilidad. Lo argumentó aludiendo al bajo índice de ejecución presupuestaria en Cataluña en 2023, de un 45% frente al 212% de Madrid, el 218% de Murcia o el 115% de Castilla-La Mancha. "La tercera comunidad autónoma en esfuerzo fiscal y de aportación de recursos a través de tributos queda relegada a la última posición en porcentaje de ejecución del Estado", adujo. Hacienda, en su senda de déficit, había concedido dos décimas más de margen para gastar a las comunidades autónomas, y Junts pidió otra décima más de capacidad para ellas, pero no hubo "ningún cambio" en el posicionamiento de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Los posconvergentes se esforzaron en dejar claro al Gobierno que ellos no forman parte de "ningún bloque" en el hemiciclo, y que por eso "no se puede dar por supuesto ningún voto favorable" a las propuestas del Ejecutivo. En definitiva, que no es su socio (estable) y que su único objetivo es trabajar "en beneficio de Cataluña".

ERC sigue persiguiendo la "soberanía fiscal"

El portavoz adjunto negó que su formación se dejara llevar por cuestiones "adicionales" o "accesorias". Se refería a un anuncio que se cruzó por la mañana: la Moncloa confirmó que este miércoles Sánchez se verá con Aragonès en Palau y, aunque oficialmente las dos partes redujeron la entrevista a una cuestión institucional en la que no se abordará la negociación de Illa, era difícil separar la cita del momento que viven las conversaciones de socialistas y republicanos. Porque estos quieren concluirlas a finales de julio y aprietan para que el Gobierno saque a Cataluña del régimen común y otorgue a la Generalitat la "soberanía fiscal", un concierto semejante al de Euskadi y Navarra, al que Hacienda se niega.

Puigdemont se alinea con PP y Vox para asestar un doble hachazo al Gobierno. Quiere hacer valer el precio y la importancia de sus siete votos en la Cámara baja

Junts quería lanzar un aviso claro al Ejecutivo. Un toque de atención sin importarle, por cierto, coincidir en el voto con PP y Vox. En lo inmediato, frena a Hacienda el calendario presupuestario. Ahora, el Gobierno tendrá que elaborar otra vez la senda de estabilidad en el plazo de un mes para remitírsela al Congreso. Si este la aprueba, viaja al Senado, que la tumbará por la mayoría absoluta del PP. Pero con la reforma que se aprobó este martes —a través de una enmienda introducida por socialistas y Sumar en la ley de paridad—, los objetivos de déficit y deuda podrán regresar en ese caso a la Cámara baja para su aprobación definitiva. Hasta que Hacienda no los tenga aprobados, no podrá aprobar su proyecto de Presupuestos para 2025. Sánchez no ha conseguido tener unas cuentas en esta legislatura, porque renunció a los de 2024 por el adelanto electoral en Cataluña.

El gesto de Puigdemont, sin embargo, ya pone en duda todos esos pasos. Porque el Ejecutivo ha tropezado en la pantalla más sencilla, en el paso previo a los PGE. Con su socio más correoso y difícil, cuyos siete votos son imprescindibles para Sánchez. Y eso es lo que quería hacer valer Junts.

En la Moncloa captaron de inmediato que Junts se estaba celando. Se erosiona su discurso de que es compatible tener a Illa en la Generalitat y al tiempo amarrar a Junts y ERC en Madrid

El expresident lanzaba un mensaje muy preocupante para el Gobierno, que había construido el relato de que podía resistir con sus aliados independentistas en Madrid mientras Illa conquistaba la Generalitat. Pero este martes en la Moncloa captaron de inmediato que Junts se estaba celando. Que reaccionaba a la posibilidad de que ERC llegue a investir a Illa. Dicho de otro modo, Junts mandaba el recado a Sánchez de que si el líder del PSC es elegido president con los votos de los republicanos, sufrirá mucho para estabilizar su Ejecutivo en Madrid. Le hará penar con cada iniciativa, con cada pleno. Más que ahora incluso. Los posconvergentes no lo han ocultado nunca: quieren ir a una repetición electoral el 13 de octubre y presionan tanto a ERC como al Ejecutivo para desmontar toda opción de investidura de Illa. Porque, a la postre, perder la opción de recuperar la Generalitat, supondría el desvanecimiento del liderazgo mesiánico de Puigdemont.

Junts buscaba un objetivo claro: mostrar el poder de sus siete votos en Madrid, advertir de que los acuerdos firmados con el PSOE han de cumplirse, hacer ver que la legislatura se tambalea.

Montero evita el choque frontal con la formación del 'expresident' y se vuelca en la crítica a los populares: recuerda que CCAA y municipios pierden 10.000 millones adicionales de gasto

El Gobierno intentó evitar el choque directo con la formación del expresident. Montero compareció ante los medios antes de la votación y en todo momento culpó al PP del rechazo del techo de gasto. Por más que los periodistas le preguntaron, la vicepresidenta no se detuvo en el partido de Puigdemont—"sinceramente, no sabíamos qué es lo que finalmente iba a apoyar Junts"—, y se volcó en la crítica a los populares, dado que con la senda pintada por Hacienda, más flexible, se iban a beneficiar las comunidades y los ayuntamientos, en su mayoría gobernados por ellos. Recordó que suponía 10.000 millones de euros adicionales de gasto a CCAA y municipios por ese mayor margen de déficit. Los consejeros autonómicos del PP, incidió, ni siquiera votaron en contra de la senda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 15 de julio: se abstuvieron. La respuesta medida de Montero, absoluta mano derecha del presidente, indicaba hasta qué punto el Gobierno quería enfriar los ánimos con Junts.

La votación de los objetivos de déficit fue elocuente: 171 apoyos, 178 en contra. Junts se alineó con PP y Vox sin complejos. Los números fueron casi idénticos a los de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería: 171 a favor, 177 en contra y una abstención. De nuevo, juntos, PP, Vox y Junts.

Sin salida para los 6.000 niños llegados a las islas

Así como la derrota en el techo de gasto es un problema político para Sánchez, porque compromete la mayoría de investidura que le ha sostenido en este intenso año de legislatura, el golpe en la reforma migratoria plantea, sobre todo, un muro en la gestión difícil de salvar. Y que interpela no solo al Gobierno, sino también al Ejecutivo de Canarias —que conforman Coalición Canaria y PP— y a la propia dirección de Alberto Núñez Feijóo. Que la iniciativa cayera a la primera supone que no podrá haber un reparto vinculante de niños y adolescentes llegados a las islas, que estas no se podrán descongestionar pese a la saturación de sus servicios de acogida. Y allí hay ya 6.000 menores migrantes, y se espera que sean muchos más en lo que queda de año.

El PP se queja de que la reforma migratoria era "nimia", un "chantaje" que no podía aceptar. Pidió una Conferencia de Presidentes inmediata y un pleno monográfico de inmigración

El PP había confirmado su no el domingo a la proposición de ley de PSOE, Sumar y CC, con la pretensión de que todos los focos giraran hacia Junts. Pero el Gobierno no buscaba tanto el apoyo de los independentistas. Sabía que era imposible recabarlo porque exigían que Cataluña quedara fuera del reparto y que se avanzara en la delegación integral de la competencia migratoria que apalabró con ellos en enero, justo para salvar otro crudísimo superpleno. Por eso el Ejecutivo concentró toda la presión, y hasta el final, en el PP. Los intentos para acercar posturas con los populares se prolongaron durante buena parte del pleno, pero fueron infructuosos. El PP se quejó de que la propuesta era "nimia", un "chantaje" a su formación, y exigió la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes y un pleno monográfico sobre inmigración.

Fuentes muy próximas a los tres ministros concernidos —los socialistas Ángel Víctor Torres (Política Territorial) y Elma Saiz (Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia), de Sumar— insistían en que el PP no quería negociar realmente, que ellos habían aceptado sus condiciones y sin embargo la cúpula de Feijóo demandaba un gesto más, "la sangre del unicornio". El Ejecutivo estaba dispuesto a convocar una Conferencia de Presidentes, pero en septiembre, no ahora —alegaba que ya se reunió con los consejeros autonómicos el pasado 10 de julio en Tenerife, cita pedida por el PP—, no veía problemas a la declaración de emergencia migratoria nacional —está vigente hasta el otoño de 2024 para los adultos, porque la tutela de los menores son competencia de las CCAA—, garantizaba financiación suficiente. Nada bastó.

La coalición sostiene que sí aceptaba las condiciones del PP, pero que realmente Feijóo no quería pactar, pedía "la sangre del unicornio"

La diputada de CC pidió que, si no había acuerdo entre los grupos, mejor se retirase la proposición de ley —"No puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no", imploró—. También el PP y Junts demandaron que se levantara el texto. Pero el Gobierno se negó, con el argumento de que se había hecho el trabajo con todos los grupos, que se había comprometido la inclusión de mejoras vía enmiendas, que había que "retratarse".

Torres comparece este miércoles en su ministerio para ofrecer los pormenores de las negociaciones, pero en el Congreso y en la Moncloa los dos socios de la coalición cargaron duramente contra el PP. Por mostrar un rostro "inhumano", por su falta de "solidaridad y responsabilidad", por su "despreocupación", por su "cobardía" por no permitir siquiera que arrancara el debate de la proposición de ley. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, advertía del peligro de las palabras de Feijóo la víspera —"Los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle"— porque volvía a relacionar inmigración con delincuencia. Y deslizó la acusación de racismo: España ha escolarizado a 40.000 menores ucranianos que huyeron de su país, y no ha habido problemas. "¿Por qué sí ucranianos? ¿Por su color de piel, de ojos?".

El Ejecutivo acusa al PP de "insolidaridad", de "inhumanidad", falta de "responsabilidad", y le avisa de que cae por la pendiente del racismo y de que se "mimetiza" con Vox

Para los socialistas y para Sumar, Vox ha roto los gobiernos autonómicos que mantenía con el PP, pero el PP sigue "mimetizado" con Vox, quiere, en palabras de Montero, "competir con la ultraderecha sin querer respetar los derechos humanos". Los populares no solo buscan "desestabilizar" al Gobierno, añadía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sino al propio país. "El PP, con su insolidaridad, va a impedir darle una solución a Canarias y va a impedir también darle una solución al propio Gobierno de Canarias", remataba Montero. Porque esa es otra derivada: el presidente de las islas, Fernando Clavijo, buscó el acuerdo hasta el final, y de hecho este mismo martes se desplazó el Congreso para hacer de puente, pero no hubo forma de salvar la iniciativa. Ahora, dicen los socialistas, tendrá que decidir si rompe o no con su socio en el archipiélago, el PP, cuyo líder regional y vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, se descolgó el lunes de la reforma migratoria que hasta entonces había apoyado.

Mala geometría variable

El drama que vive Canarias seguirá ahí. El Ejecutivo rechaza por el momento aprobar la modificación del artículo 35 a través de un real decreto ley, porque no tendría los apoyos garantizados y se crearía "inseguridad jurídica", al estar en vigor apenas un mes si fuera rechazado por el Congreso. El resto de salidas, aseguran varios ministros, son "parches". "Y cuando se han aprobado otras salidas, como la acogida voluntaria de las CCAA, no han dado resultado", concluyen.

Sánchez acumula media docena de derrotas severas en poco más de medio año. Para el PP, "ha terminado su tiempo", y para Podemos, "la legislatura progresista queda enterrada"

Los dos reveses serios sufridos este martes por el Ejecutivo se suman a la otra media docena de importantes derrotas legislativas vividas en algo más de medio año, desde la caída del decreto del subsidio de desempleo —que pasados los meses y, tras el pacto con Podemos, pudo aprobarse—, al primer dictamen de la ley de amnistía (por Junts), la proposición de abolición de la prostitución y la retirada de la reforma de la ley del suelo. Las de este martes empañaban de nuevo otro superpleno y coincidían con el final del curso en el Congreso y con el primer aniversario de los comicios del 23-J. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, avisaba a Sánchez de que "ha terminado su tiempo". "No tiene estabilidad, pero tampoco tienen la dignidad de asumir las consecuencias de la situación parlamentaria que tiene". Curiosamente, coincidía Gamarra con Ione Belarra, líder de Podemos: "La legislatura progresista hoy queda literalmente enterrada".

Lógicamente, el Gobierno puso el acento en las victorias, que también las hubo y fueron más numerosas. Montero compareció para hacer balance ante los medios de la jornada y recordó que el Ejecutivo había logrado sacar adelante los dictámenes de las leyes de bomberos y agentes forestales —para dignificar sus condiciones laborales—, que ahora se enviarán al Senado, y había conseguido también la aprobación definitiva de las leyes de paridad y de creación de una autoridad independiente que investigue los accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos. También había conseguido la prórroga del escudo social una vez más.

La coalición sí se anotó varias victorias este martes: leyes de paridad, de bomberos y agentes forestales y de reforma del Poder Judicial o la elección de los nuevos vocales del CGPJ

El pleno eligió asimismo, y sin sorpresas, a los 10 vocales (y seis suplentes) del Consejo General del Poder Judicial —seis del turno judicial y seis del turno de juristas)—, de tal manera que con los diez que vota este miércoles el Senado se completará la renovación del órgano constitucional tras más de cinco años y medio de bloqueo. Los 20 nuevos vocales jurarán o prometerán su cargo ante el Rey en la Zarzuela este mismo jueves. Funcionó el pacto PSOE-PP a la perfección, también para enviar al Senado la proposición de reforma del Poder Judicial que consensuaron el ministro Félix Bolaños y el dirigente popular Esteban González Pons con mediación europea. El texto será aprobado definitivamente por la Cámara alta el próximo 31 de julio. Una tramitación, por tanto, culminada en tiempo récord.

Fueron más de 12 horas de superpleno. Con resultado agridulce para el Ejecutivo. Dos derrotas muy poderosas. Sobre todo la de Junts, por lo que supone de amenaza para el futuro de la legislatura de Sánchez. El Gobierno practicó la geometría variable, sí, pero le funcionó a medias. Y comprobó que la convergencia de PP, Vox y Junts le gana en votos.

Diputadas y ministras se toman una fotografía con motivo de la aprobación definitiva de la ley de paridad tras el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este 23 de julio de 2024, justo un año después de las últimas generales. La mayoría de la Cámara baja respaldó este martes definitivamente la ley de paridad, que establece listas electorales 'cremallera' y una cuota mínima del 40% para cada sexo en altos cargos de empresas y en órganos de relevancia constitucional, aunque ese porcentaje podrá sobrepasarse cuando el género predominante sea el femenino. | EFE/ BORJA SÁNCHEZ-TRILLO

"Creo que estamos más cerca que ayer de una moción de censura de Feijóo, votada por Junts. Creo que es poco opinable tanto por la dinámica que vemos de votos de Junts como por la derecha española. Es absolutamente legítimo, pero creo que puede llegar a pasar. Yo lo digo hace tiempo", aventó por su parte el republicano Gabriel Rufián. No es un escenario que prevea el Ejecutivo, ni mucho menos. Pero sí pudo sentir en carne propia este martes que cuadrar la legislatura con Junts y ERC a la vez y con Illa en la Generalitat será más que difícil. Más de lo que podía pensar.