El Gobierno no descarta que el juez Peinado solicite al Supremo la imputación de Sánchez

Todo puede pasar a partir de ahora. El Gobierno no descarta ya ningún escenario judicial después de que ya se presuma imparable la declaración de Pedro Sánchez para el próximo martes, 30 de julio, y en la Moncloa. La posibilidad de que el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, llegue a elevar una exposición razonada para que analice si debe imputar al jefe del Ejecutivo, aforado ante el Supremo. Si el magistrado diera ese paso, la convulsión será mayúscula. El cerco sobre Sánchez, más estrecho.

En realidad, para los socialistas, prever la evolución de la causa judicial —"causa política", en palabras de la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría— es un ejercicio de riesgo. Hace apenas una semana, cuando Gómez acudió por segunda vez a los juzgados de Plaza de Castilla para comparecer ante Peinado y se acogió a su derecho a no declarar, era impensable para el equipo del presidente que el magistrado atendiera la petición de Vox y le citase como testigo. Pero el juez lo decidió ese mismo día, el viernes 19 de julio, aunque se conoció tres días más tarde. Ya entonces, en su providencia señalaba su disposición a interrogarle en la Moncloa el martes 30. En persona, no por escrito, agarrándose a los artículos 412.3 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite preguntar a las altas autoridades en su despacho oficial sobre cuestiones sobre las que no tengan conocimiento por razón de su cargo.

Carlos Valle, juez sustituto y accidental del 41 de Plaza de Castilla, da la opción a Sánchez de declarar también por escrito por cuestiones relacionadas con su cargo de presidente

La Fiscalía y la defensa de Gómez recurrieron la citación del presidente como testigo. Impugnaciones sobre las que Peinado no se ha pronunciado aún. Pero este viernes sí respondió al escrito que le había dirigido personalmente Sánchez el pasado miércoles, donde mostraba su voluntad de colaborar con la Justicia, pero advertía de que la LECrim, en su artículo 412.2, permite a las autoridades declarar por escrito para contestar sobre materias por razón de su cargo. Y este era el caso, porque su comparecencia era "inescindible" de su condición de presidente del Gobierno.

Pero el juez se niega a esa opción. Lo hizo este viernes a través de una providencia que firmó no él, sino el sustituto del juzgado 41 de Plaza de Castilla, Carlos Valle, juez accidental. Se mantiene así la citación para el martes en la Moncloa, a las once de la mañana, tal y como estaba previsto. Con cierta sorna, Valle señala que "si el testigo cree que puede colaborar eficazmente con la Administración de Justicia, tal y como manifiesta en su escrito, participando al instructor hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo, lo ponga de relieve en dicha declaración [del martes], a fin de que se realice una nueva concerniente a esos hechos y esta vez por escrito conforme preceptúa el citado artículo [412.2] y no conforme al artículo 413 [de la] LECrim". Contra la providencia puede presentarse un recurso de reforma en el plazo de tres días.

Visto el cariz que está tomando la instrucción, que en la Moncloa creen "disparatada" y que en la dirección del PSOE califican de "prevaricación de libro", no sorprendió que el juez se mantuviera en su decisión inicial.

El efecto político

Y por esa misma razón en el núcleo duro del presidente aseguran que ahora todo es posible. Incluida la posibilidad de que, pasada la declaración del martes y avanzada algo más la investigación, el juez determine que tiene sospechas de una conducta presuntamente delictiva de Sánchez y envíe la causa, en la parte que le afecte a él, al Supremo. Peinado no puede imputarle en ningún caso, dado que el jefe del Ejecutivo está aforado ante el Supremo. El procedimiento, por tanto, sería elevar una exposición razonada al alto tribunal, para que este estudie si tiene indicios como para abrir una investigación e imputarle. Pero antes necesitará pedir la autorización al Congreso en forma de suplicatorio, dado que Sánchez es diputado nacional.

Es verdad que llevar el caso hasta el Supremo sería fuerte hasta para el juez Peinado. Pero los tarados son así: imprevisibles. No tenemos ni idea de qué va a hacer", indican en el Gobierno

El Supremo podría no encontrar razones suficientes para imputar al presidente, y en ese caso no abriría ninguna investigación contra él. Pero políticamente el efecto sería demoledor para la figura del jefe del Ejecutivo, ya que la causa de su esposa habría acabado implicándole directamente al elevarse hasta el Supremo. El solo hecho de preguntar al alto tribunal si cabe imputar un delito al presidente del Gobierno, aunque luego resolviera que no, ya ocasionaría un impacto total en el Ejecutivo. Más aún en una legislatura en la que la coalición gubernamental de PSOE y Sumar sufre de una evidente fragilidad parlamentaria. El caso Begoña Gómez ha colonizado la actualidad informativa de los últimos meses y, pese a la insistencia de Gobierno y PSOE de que no hay nada que incrimine a la mujer de Sánchez —dos informes de la Guardia Civil no han hallado nada, tampoco hay indicios de delito en las testificales, ni la Fiscalía aprecia irregularidades, repiten en la cúpula de partido y Ejecutivo—, no ha hecho más que crecer. "No hay caso", subrayan, al tiempo que PP y Vox han blandido este asunto como herramienta casi única de oposición.

"Es verdad que llevar el caso hasta el Supremo sería fuerte hasta para el juez Peinado. Pero los tarados son así: imprevisibles. No tenemos ni idea de qué va a hacer. La mente del magistrado nos es ajena", apuntan fuentes gubernamentales de primer nivel.

Para un miembro relevante del Ejecutivo, a quien el juez daría "munición" no es al PP, sino a Sánchez. "Lo importante no es cómo se entra, sino como se sale, y a ver cómo salen de esta"

Un ministro relevante del Gabinete es más explícito aún: "Visto el percal de este juez no hay que descartar nada. Pero a mí él me preocupa cero. Yo creo que a quien da munición no es al PP, es a nosotros". Es decir, que incluso en la hipótesis de que el juez Peinado elevase el caso al Supremo podría empujar a favor del presidente, al victimizarlo. "Lo importante no es cómo se entra, sino cómo se sale. Y a ver cómo salen [en el PP] de esta", sostiene este mismo integrante del Ejecutivo. El Gobierno ha cargado duramente contra el magistrado, al entender que se ha prestado al juego de la derecha y la ultraderecha para intentar tumbar a Sánchez, por la "frustración" de no haber podido alcanzar el poder tras las elecciones de hace un año.

Sin confirmación del tradicional balance

De lo que no ha dado pistas la Moncloa es de cómo va a gestionar la declaración del presidente del martes. En el Gabinete se niegan a adelantar la estrategia procesal, precisamente porque es eso, una estrategia que no conviene avanzar ni al juez ni a las acusaciones populares, capitaneadas por Vox.

El despacho en Palma será a las 17.30, apenas unas horas después de la declaración en la Moncloa. La comparecencia siempre tiene un formato más 'controlado' y limitado

Antes de que se conociera la citación como testigo del líder socialista, en la Moncloa barajaban la posibilidad de que Sánchez compareciera ante los medios para hacer su tradicional balance de antes del parón vacacional del verano el lunes 29 de julio. Una opción que, no obstante, ni se fijó ni se llegó a confirmar nunca. Ahora esa rueda de prensa corre más que peligro.

Sin embargo, el presidente sí que tendrá que responder a los medios tras su despacho con el Rey en Palma, en el palacio de la Almudaina, el martes 30, a las 17.30, apenas unas horas después de su declaración como testigo ante el juez. Pero se trata de una comparecencia con un formato más controlado, habitualmente con dos turnos de preguntas. Serán, en cualquier caso, las primeras palabras del jefe del Ejecutivo después de que Peinado haya acudido a interrogarle a la Moncloa. Siempre y cuando se mantenga la previsión y el caso Begoña Gómez no dé un nuevo giro. Que nada es descartable.