Este 29 de julio era el día. Estaba previsto que la ejecutiva de ERC validara este lunes el preacuerdo con el PSC y que las bases lo validaran en consulta el 1 de agosto. Una previsión que no se ha esfumado aún, pero que convive con las dificultades objetivas que se han interpuesto en el tirón final de las negociaciones con el PSC para la investidura de Salvador Illa. El obstáculo se sitúa en el punto que se presumía más conflictivo desde el principio: la "financiación singular" de Cataluña, y en concreto en la recaudación tributaria que podría asumir la Generalitat.

Las conversaciones se hallan ahora mismo atascadas, como confirman fuentes de la cúpula del PSC. Continúan en el mismo punto que en las últimas horas. Los socialistas se han negado repetidamente a la exigencia básica de ERC, un concierto económico semejante al que está protegido constitucionalmente para Euskadi y Navarra, que supondría sacar a Cataluña del régimen común. Pero sí han aceptado que la Generalitat disponga de una mayor autonomía tributaria. Y aquí la pieza clave que ha ofrecido el Gobierno de Pedro Sánchez a través del PSC es la cesión del IRPF. Sería la vía escocesa: Londres se comprometió a dar más autonomía fiscal a Escocia si rechazaba la independencia, promesa que se tradujo en la cesión del impuesto sobre la renta.

Rovira indica que "los flecos que quedan pendientes" de pactar con el PSC "son muy importantes para garantizar que el acuerdo es sostenible en el tiempo, que un eventual cambio de Gobierno no implicará que se desmonte"

Marta Rovira, secretaria general de ERC, admitía en El País, en una entrevista publicada este domingo, que ese sería un buen paso: "Escocia no ha estado sobre la mesa como modelo en este sentido, pero podría ser replicable. El impuesto de la renta en Cataluña es uno de los que más recaudación tienen y sería un salto muy importante que fuera el IRPF el primer tributo que pueda recaudar la agencia tributaria catalana".

Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre la letra pequeña. "Seguimos ahí, en el mismo punto" que relataba el diario de Prisa, en la discrepancia sobre el detalle, ratificaban a este periódico fuentes del PSC en la tarde del domingo. El último nudo no se ha deshecho, por tanto. Rovira indicaba también que "los flecos que quedan pendientes son muy importantes para garantizar que el acuerdo es sostenible en el tiempo, que un eventual cambio de Gobierno no implicará que se desmonte". Flecos que, "sobre todo", se centran en la financiación. La dirección de los republicanos, por tanto, quiere garantías de que el terreno que pueda ganar la Generalitat no se pierde si llega al Ejecutivo central el PP, quizá de la mano de Vox. La número dos apunta a una reforma legislativa de calado —el instrumento más lógico sería una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)—, pero tiene el problema, y Hacienda lo ha advertido ya, de los apoyos. Dando por hecho el no del PP, cualquier cambio profundo del modelo de financiación debería contar con el respaldo del bloque de investidura. Y eso incluye a Junts, que lo que persigue, no lo esconde, es torpedear la investidura de Illa, no facilitar el acuerdo de ERC y PSC.

Un cambio clave

La cesión del 100% del IRPF sería, en efecto, un salto importante respecto al actual sistema. Desde la última reforma del modelo, de 2009, impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero —y que caducó en 2014—, el Estado tiene cedido a las comunidades autónomas el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco, hidrocarburos). Un porcentaje que fue aumentando en los años anteriores, con gobiernos de PSOE y PP, para satisfacer las demandas de la antigua CiU. Felipe González pactó con Jordi Pujol la cesión del 15% del IRPF. José María Aznar acordó con el entonces president pasar a las comunidades el 30% para llegar a ser jefe del Ejecutivo, y se llevó a la ley en 1996. En 2001, con Aznar en la Moncloa con mayoría absoluta, el Estado transfirió el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. El paso siguiente —50%, 50% y 58%— se dio por tanto ya con Zapatero hace 15 años. En todos los casos, se cerró la transferencia primero con Cataluña y luego se extendió al resto de territorios.

Gobiernos de PSOE y PP pactaron con la antigua CiU un porcentaje de cesión de los grandes tributos que fue aumentando con el paso del tiempo. Desde 2009 es el 50% de IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales

Pero todas estas reformas, sin embargo, han mantenido que es el Estado, a través de la Agencia Tributaria, quien recauda —a excepción de País Vasco y Navarra, que tienen sus propios regímenes—, y quien luego reparte los recursos a las comunidades autónomas. El cambio que estaría pactándose con ERC, según avanzaba El País y que confirman desde el PSC, es que sea la Generalitat quien recaude, quien cobre los impuestos cedidos o algunos de ellos. IRPF, IVA y Sociedades —el tributo que pagan las empresas por sus beneficios— son los tres impuestos que generan más ingresos para el Estado. Otros gravámenes como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o el de sucesiones y donaciones son de naturaleza estatal pero estos sí son recaudados por las CCAA.

El presidente del Parlament, Josep Rull, recibe el pasado 18 de julio de 2024 en audiencia a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por su reciente retorno a Cataluña. | EFE /MARTA PÉREZ

En el PSC y en el Ejecutivo de Sánchez rechazan concretar dónde está el punto de desacuerdo, ni cómo la oferta que podría cerrarse con ERC impactaría en el conjunto del modelo. "Seguimos trabajando", responden en el corazón de la Moncloa, evidenciando que aún no se han atado los flecos pendientes. Illa ha puesto la discreción absoluta para intentar que el acuerdo salga adelante.

Los republicanos insisten en que no quieren el consorcio tributario que defiende el PSC. Es una figura que contempla el Estatut de 2006 y que validó el Constitucional en 2010, y que desde entonces no se desplegó, e implicaría el nacimiento de una entidad paritaria entre el Estado y la Generalitat que podría recaudar el 100% de los impuestos. Para ERC, no vale, porque no proporcionaría al Govern "la llave de la caja".

En el PSC y en el Ejecutivo rechazan concretar el punto de desacuerdo, ni cómo la oferta que podría cerrarse con ERC impactaría en el conjunto del modelo. "Seguimos trabajando", responden en el corazón de la Moncloa

"El consorcio —señalaba Rovira— nos recuerda a la relación de minoría de edad que tenemos con el Estado español. A día de hoy, el Gobierno nos comunica o traspasa un anticipo y es como la paga que das a tu hijo pequeño para que espabile con sus caprichos. Cataluña quiere la mayoría de edad, genera unos recursos que ha de poder decidir cómo se invierten, en función de sus necesidades. Queremos una relación bilateral en la que Cataluña satisfaga la factura de los servicios que el Estado le presta, pero en una relación de tú a tú, y con la solidaridad que determina el sistema político en el que vive Cataluña en estos momentos como comunidad autónoma. Si se aprecia el autogobierno de Cataluña, hay que poder reivindicar una agencia tributaria propia, no consorciada y que recaude todos los impuestos".

Otras tres carpetas

La número dos de ERC, por tanto, sigue mirando al modelo de Euskadi y Navarra, pero al menos hasta el momento Gobierno y PSOE se han negado a sacar a Cataluña del régimen común, porque entre otras razones no sería sostenible el sistema y por su dudosa constitucionalidad. Las otras tres carpetas sobre las que han estado negociando PSC y ERC —resolución del coflicto político, refuerzo de las políticas del bienestar e impulso del catalán— sí que estarían ya encauzadas. Pero el tiempo para cerrar todo el paquete se agota: la propia Rovira ya dijo que las conversaciones debían acabarse a finales de julio. Y julio acaba este miércoles. Estas son, pues, las horas decisivas.

Sánchez prioriza que Illa conquiste la Generalitat a su propia estabilidad en Madrid para mostrar que su estrategia ha funcionado. En el PSOE esperan recuperar a Junts después

El Gobierno y el PSOE están volcándose al máximo para lograr la investidura de Illa. Para Sánchez, conseguir la Generalitat es un objetivo básico, prioritario a garantizar su propia estabilidad en el Congreso. El presidente necesita Cataluña para dar el carpetazo definitivo al procés y para poder esgrimir que su batalla por la normalización de Cataluña ha alcanzado resultados. En las urnas del 12-M, el independentismo perdió su mayoría absoluta por primera vez desde 1984.

Ahora se trataría de coronar ese camino. Amarrada la Generalitat, con Illa como president, comenzaría —o eso pretende el Gobierno— la legislatura de nuevo. Esa es la teoría, porque Junts ya ha lanzado el aviso de que no le hará la vida fácil a Sánchez si el primer secretario de los socialistas catalanes es investido con el apoyo de ERC. Los socialistas confían en poder reconducir las relaciones con Carles Puigdemont una vez estabilizada la Generalitat.

El efecto desestabilizador de Puigdemont

Pero lo que intentar el expresident es que el eventual pacto PSC-ERC descarrile. Y es que aunque la cúpula republicana diera el visto bueno al acuerdo, aún tendría que pasar el filtro de sus bases. De sus 8.700 militantes. A ellos apelaba Rovira —"No es un acuerdo con el PSC, no es un acuerdo para hacer presidente a Salvador Illa, sino que es un acuerdo de avance para Cataluña"—, pero también a ellos mira Puigdemont.

El 'expresident' confirmó que volverá para el debate de investidura e instó a Sánchez a que no permita su detención en España

De hecho, su posible vuelta es lo que podría desestabilizar a las bases de ERC. Sobre todo si al poner un pie en España el expresident fuera detenido, ya que el Supremo resolvió no aplicarle la amnistía, al entender que la malversación no podía quedar cubierta por la medida de gracia. Puigdemont, durante su acto de este sábado al sur de Francia, en Els Banys i Palaldà (Amélie-les-Bains-Palalda), arropado por la plana mayor de su partido, confirmó que estará en el debate de investidura, aunque sea con Illa como candidato.

BANYS I PALADÀ (FRANCIA), 27/07/2024.- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (c), que sigue decidido a regresar próximamente a Cataluña, pese a que no le ha sido retirada la orden de detención nacional por las causas abiertas por el 'procés', asiste a un acto de apoyo de su partido Junts per Catalunya (JxCat) acompañado por el secretario general del partido, Jordi Turull (i), y la presidenta del partido, Laura Borràs (d), este sábado en Banys i Palaldà, Francia. EFE/David Borrat | EFE/David Borrat

El líder de Junts instó a Sánchez a que impida su arresto: cuando los jueces no aplican la amnistía, "están cometiendo un delito, y espero que el fiscal general del Estado persiga este delito, y espero que las autoridades eviten lo que sería una detención ilegal, arbitraria". "Esto es lo que hacen los gobiernos democráticos cuando hay una parte del Estado que los desafía. No miran hacia otro lado, sino que cogen el toro por los cuernos, toman decisiones y dicen: 'Señores de la toga, así no puede ser'", remachó. Puigdemont subrayó que estará en la investidura, sí o sí. Pase lo que pase: "Nadie lo podrá impedir. No habrá más campañas electorales en el exilio. Las próximas campañas electorales serán allí, y yo estaré, caiga quien caiga y le pese a quien le pese".

Los socialistas se siguen manteniendo optimistas y creen que podrá alcanzarse el acuerdo pronto. El último paso será la consulta a las bases de ERC, desconfiadas y cabreadas con la cúpula

Las palabras de Puigdemont impactan sobre unas bases de ERC divididas, desconfiadas con el PSOE y cabreadas con su cúpula por cuatro varapalos electorales consecutivos —municipales y generales de 2023 y autonómicas y europeas de 2024—, por la división interna —entre los partidarios de Rovira y los de Oriol Junqueras, que sigue haciendo su campaña entre los afiliados para volver a la presidencia del partido— y por los carteles de la campaña contra Ernest Maragall y su hermano Pasqual en las locales del año pasado, propiciada desde las propias filas de ERC. El campo es fértil para el castigo de la militancia, de ahí que Rovira quiera garantizarse un acuerdo exigente con el PSOE. Y de ahí también los gestos de la última semana del Gobierno y del propio Sánchez, con la transferencia de 1.520 millones en tres años y el traspaso del ingreso mínimo vital y con la palabra del presidente de que cumplirá sus compromisos de investidura con sus socios.

Los últimos compases de la complicadísima negociación de PSC y ERC están atravesando turbulencias, aunque en el entorno de Illa se siguen manteniendo optimistas y confían en que el acuerdo pueda cerrarse. La presión es total por todos los frentes. Y el que ejerce Puigdemont para tumbarlo no es menor.