El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado como testigo en el caso Koldo al CEO de Globalia, Javier Hidalgo el próximo 12 de septiembre.

El instructor ha acordado imputar, además, a dos altos cargos del Ministerio de Transportes en el caso Koldo, en el que investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia y que afecta a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.

En un auto fechado este lunes, el magistrado cita para el 9 de septiembre al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y el 11 al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda.

También acuerda la declaración en calidad de investigado, en su caso el 10 de septiembre, del ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa.

Investiga la Audiencia Nacional

Recientemente, la Sala de lo Penal ha asignado al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea, la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia, conocido como caso Koldo.

El tribunal resuelve la cuestión de competencia positiva planteado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y concluye que la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. La Asociación Liberum, persona como acusación popular, pidió que la investigación siguiese en la Audiencia Nacional, como ha terminado pasando.

En un auto, notificado el pasado viernes, acuerda que en este momento debe ser el Juzgado Central de Instrucción nº 2 el competente para investigar los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario objeto del procedimiento de la Fiscalía Europea, manteniendo ésta su competencia sobre tales expedientes en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.