El Ministerio del Interior ha invertido casi 2,4 millones de euros para mejorar las condiciones de los solicitantes de asilo en el Aeropuerto de Barajas en lo que va de año. A finales de 2023 se produjo una situación de acinamiento de cientos de inmigrantes que dejó imágenes de insalubridad. También se produjo una fuga de unas 20 personas.

A través de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional, el ministerio ha invertido 2.396.051,35 euros en distintas partidas. La documentación consultada por El Independiente recoge desde reformas de las salas de asilo o servicios de limpieza, pasando por comida o lavandería.

Este periódico publicó en exclusiva el contenido de un documento que reflejaba que el colapso de solicitantes de asilo en Barajas es una constante cada mes. Sólo en el mes de noviembre, último mes del que hay datos oficiales, se recibió a 589 personas de las 631 que pidieron quedarse en España huyendo de sus países. El Tribunal Superior de Jusicia de Madrid (TSJM) obligó a Interior a tomar medidas en diciembre, cuando la situación se hizo insostenible.

El 4 de enero, Marlaska afirmó en una rueda de prensa que el problema en Barajas era "puntual" y estaba "controlado", pero nueve días después se fugaron 27 migrantes de las instalaciones. Los sindicatos policiales mostraron su enfado porque Cruz Roja había desaparecido y los agentes estaban realizando tareas fuera de sus competencias.

En aquellas fechas el grueso de la situación se centraba en las salas de inadmitidos de las terminales 1 y 4 "como consecuencia del exceso de solicitantes de asilo ingresados en tales salas". Las estancias estaban "sobreocupadas, con alrededor de 250 personas en la actualidad. "Muchos de los ingresados en dichas salas están durmiendo en colchones instalados en el suelo, sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad, que permitan proteger sus derechos básicos", constataron los jueces que se desplazaron hasta el aeropuerto.

Las mejoras

Marlaska avanzó que desde Interior se estaba trabajando en mejorar tanto las instalaciones como la situación de los solicitantes de asilo. Económicamente se ha traducido en 2,4 millones de euros de inversión. El grueso de todo el dinero se adjudicó en febrero. Algo más de 1,8 millones que se destinaron a la remodelación del edificio sala 4 para las unidades policiales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en el Aeropuerto. A esto se le unieron 116.000 euros para la "prestación de servicio para la dirección facultativa del proyecto de ejecución" de dichas obras.

Interior ha destinado 300 mil euros a las comidas de los solicitantes de asilo, unos 58 mil a servicios de limpieza y 82.600 al alquiler de "instalaciones modulares". También ha empleado 19.900 euros en adquirir 400 colchonetas para dormir.

El resto son seis adjudicaciones para comprar papel higiénico, 4.000 pulseras de tela, 50.000 mascarillas FFP2 con cinco años de vida útil, compresas pañales, toallitas húmedas para bebes y biberones desechables, sábanas y toallas y 16 carros para la lavandería.

Polémica con Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto el foco en Barajas aprovechando la polémica con el reparto de inmigrantes que han llegado a las Islas Canarias. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce, ha pedido esta semana que se intensifiquen los controles en el aeropuerto de Barajas para limitar la llegada de migrantes en "situación irregular".

El ejecutivo madrileño ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con esa petición, ya que la consejera ha advertido a su llegada al Conferencia Sectorial de Inmigración de que los centros de protección de menores madrileños "están colapsados" y que el 50% de sus usuarios están llegando a través del aeropuerto.

Sobre la situación de los centros de acogida madrileños, Dávila-Ponce ha explicado que estos espacios están "al 200 %", lo que hace "muy difícil" incrementar la capacidad de la región de acoger más personas. Asimismo, ha defendido que el ministerio está trasladando menores fuera del reparto pactado con las comunidades autónomas, según el cual, a Madrid le corresponde dar acogida a 30 menores migrantes no acompañados.

"Es muy difícil incrementar el número de recursos a la velocidad que el Gobierno los pone a disposición de la Comunidad Autónoma de Madrid", ha señalado la consejera, quien ha insistido en que quiere atender a estos niños y adolescentes "de forma adecuada".

"Las comunidades autónomas estamos trabajando desde hace un año sin descanso para atender a todos los menores y a todas las personas que están repartiendo", mientras el Gobierno "no está siendo solidario", ha asegurado.