La Audiencia Nacional ha acordado este lunes aplicar la Ley de amnistía a Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de expresidente de Carles Puigdemont, por el caso que instruía en su contra. Se trata del pago de un viaje a Nueva Caledonia, que Alay sufragó con fondos públicos de la Generalitat, supuestamente para seguir el referéndum de independencia de esta antigua colonia francesa.

El tribunal ha declarado el sobreseimiento libre de las actuaciones en aplicación de la ley de amnistía y declara también extinguida la responsabilidad civil derivada de aquel caso. El juicio por este caso se había aplazado hasta el mes de septiembre.

La Fiscalía pedía tres años de prisión y 17 de inhabilitación para Josep Lluís Alay, por pagar con dinero del contribuyente un viaje a Nueva Caledonia en noviembre de 2018, con un coste de 4.732 euros, para participar como observador en el referéndum de autodeterminación respecto de Francia que perdieron los independentistas.

Tsunami y la conexión rusa

Al margen de este caso, Alay también sigue siendo investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la instrucción del caso Tsunami y en la causa del 'Caso Voloh' en la que se investigan las conexiones del independentismo catalán con agentes ruso para recabar el apoyo del Gobierno de Vladimir Putin.

En el segundo caso, Alay ha solicitado también la aplicación de la amnistía, que de momento no ha atendido el instructor de Juzgado 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. De hecho, la Audiencia de Barcelona anuló la prórroga de la investigación del 'Caso Voloh' hace un año. Pero el juez Aguirre abrió un nuevo procedimiento del caso Catmon/Igman, en el que se investiga la presunta internacionalización del procés con subvenciones públicas a través de estas entidades de la órbita independentista.

Se trata de las iniciativas lideradas en los años previos al 1-O por Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, y el diputado Francesc Dalmases, y el “soporte financiero de los gobiernos de Rusia y China” a una Cataluña independiente.

Respecto al caso Tsunami, Alay tampoco se ha beneficiado de la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que hace menos de un mes anuló toda la investigación judicial del llamado caso Tsunami Democràtic desde el 29 de julio de 2021. Una decisión que ha obligado a cerrar las pesquisas sobre Carles Puigdemont y Marta Rovira.

En el caso de Alay, la Sala rechazó la petición del sobreseimiento de la causa como consecuencia de la expiración del plazo de instrucción. Los magistrados consideran que el jefe de gabinete del expresident constaba en este causa como investigado antes del 29 de julio de 2021, día en que concluyó la fase de instrucción, aunque no hubiere prestado declaración como tal.

La Sala decidió que será ahora el Juzgado Central de Instrucción 6 el que, "con libertad de criterio y ajustándose a las diligencias practicadas dentro del periodo de instrucción que concluyó el 29 de julio de 2021", resuelva lo que considere oportuno.