En sus filas hay antiguos miembros de ETA, familiares de presos y víctimas de abusos policiales. Aseguran que el “conflicto político aún perdura”, que no concluyó con la desaparición de ETA. En su opinión, lo acreditan los casos de “persecución ideológica, detenciones políticas” y de “violencia policial” registrados en los últimos años. Entre ellos incluyen el ‘caso Alsasua’ o la muerte del aficionado del Athletic, Iñigo Cabacas tras recibir un pelotazo de goma de la Ertzaintza en 2012. Ahora, la Fundación ‘Egiarizor’ (Deuda con la verdad) ha decidió arremeter contra el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Lo hace después de conocer que el ayuntamiento de la capital alavesa le concederá la medalla de oro de la ciudad por la “preservación y difusión de los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo”.

En ‘Egiarizor’ consideran que se trata de una condecoración “humillante e indecorosa”. Afirman que este centro promovido por el Ministerio del Interior desde 2021 “perpetúa la discriminación entre víctimas” e impulsa la “exclusión de miles víctimas provocadas por la violencia del Estado”. Llaman incluso a las instituciones, la "Comunidad educativa y al conjunto de agentes políticos y sociales" a rechazar el planteamiento memorístico que hace el "Centro 'Nacional' para la memoria de víctimas del terrorismo".

La entrega de la condecoración se llevará a cabo el próximo lunes día 5 de agosto. Tres días antes, la fundación afín al entorno de ETA ha convocado una rueda de prensa. Celebrarla el 2 de agosto no es casualidad. Ese día, pero de 1968, ETA llevó a cabo el que es considerado su primer atentado premeditado. Fue su venganza a lo sucedido casi dos meses antes, el 7 de junio de ese año. Aquella mañana un miembro de la banda terrorista, Txabi Etxebarrieta, asesinó al guardia Civil, José Antonio Pardines en Aduna (Gipuzkoa) tras detenerle en un control de tráfico. Poco después, el propio Etxebarrieta murió en un tiroteo con la Guardia Civil cuando iba a ser detenido.

El 2 de agosto próximo se cumplirán 56 años del asesinato del inspector jefe de policía, Melitón Manzanas a manos de ETA. La banda le disparó frente a su casa en Irún y en presencia de su mujer y su hija. La banda justificó su asesinato por considerarlo un agente franquista que practicó la tortura contra los opositores de la dictadura.

GAL, GRAPO, terrorismo islamista

Es precisamente la ausencia de la práctica de la tortura y los abusos policiales en su exposición permanente el eje de denuncia contra el Centro Memorial. Aseguran que en este centro sólo se hace referencia a las víctimas del terrorismo y se excluye a las víctimas de “la violencia del Estado”: “Pretenden imponer una lectura parcial sobre las décadas de violencia, alejándonos de los parámetros integrales que exige la construcción de la convivencia en términos democráticos”, asegura ‘Egiarizor’ en un manifiesto.

Desde el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo recuerdan fue la Ley de Víctimas de 2011 la que estableció su creación y el ámbito de su actuación, centrado en las víctimas del terrorismo reconocidas. Aseguran que abordan el estudio de la historia y de todas las víctimas del terrorismo que han sido reconocidas, tanto las de ETA, las más numerosas, como las víctimas del terrorismo de Estado, como las del GAL, las de la extrema derecha o las del terrorismo islamista.

Fuentes del centro insisten en que para incorporar a las víctimas de posibles casos de tortura o abusos policiales sería necesario promover un cambio de la Ley bajo la que se rige el centro. Una modificación que debería ampliar el contenido que en ella se otorga al centro. Señalan que, hoy por hoy, el objeto asignado se focaliza sobre las víctimas del terrorismo reconocidas: “Es como si en el centro memorial de las víctimas del 3 marzo de 1976 de Vitoria que se ha proyectado –en recuerdo a las cinco víctimas provocadas por las cargas policiales cuando  secundaban una protesta laboral- se pidiera que se incluyera también a las víctimas del terrorismo, sería absurdo, no es ese el objeto de ese centro”.   

10.501 víctimas reconocidas

Estas fuentes también rechazan otra de las acusaciones que sobre ellos lanza de modo reiterado desde el entorno de la izquierda abertzale, como que en él se homenajea a ‘torturadores’ y figuras como las de Melitón Manzanas: “Es algo falaz, sólo se le cita como víctimas del terrorismo, como el primer asesinato premeditado de ETA, un dato histórico relevante”: “Lo que realmente les molesta es que exista un centro memorial de víctimas del terrorismo, eso es todo”.

Actualmente el Ministerio del Interior reconoce 10.501 víctimas del terrorismo, entre ellas, 1.452 casos de fallecimiento, 5.020 heridos 4.029 víctimas más de secuestros, amenazas o daños de otro tipo. El 70% de los casos están relacionados con ETA. El resto, con otras organizaciones terroristas como los GRAPO o grupos islamistas.

El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo fue inaugurado el 1 de junio de 2021 para “difundir y preservar” la memoria de las víctimas y contribuir a construir la “memoria colectiva de la sociedad para con la defensa de las libertades, los derechos humanos y contra el terrorismo”.

Un relato "poliédrico y plural"

En ‘Egiarizor’ se presentan como una organización integrada por “víctimas del conflicto político”. Un “conflicto” y unas víctimas que contabilizan desde la Guerra Civil española de 1936 hasta nuestros días. Denuncian que ni España ni Francia reconocen a las víctimas de las torturas y de abusos policiales. Fue creada el 2 de abril de 2012, seis meses después de que ETA anunciara el cese de su actividad terrorista. Se presentan como una organización “contraria a todo uso de la violencia”: “Nunca debió de haber sucedido nada así” y reclaman un relato “poliédrico y plural” que garantice la “narración de la verdad completa”. También reclaman que no se “categorice las víctimas”: “Exigimos una respuesta igualitaria ante todas las vulneraciones de derechos humanos”.

En su cuantificación particular de víctimas de torturas y abusos policiales reclaman que sean reconocidas como víctimas 219 casos mortales, entre las que sólo estarían reconocidas 88. Entre las víctimas sitúan a las de la llamada ‘guerra sucia’, en la que incluyen las 29 víctimas de los Grupos Armados de Liberación (GAL), las 38 de la extrema derecha, 4 víctimas desaparecidas y otras 8 no reconocidas.

A ellas suman las víctimas mortales que asignan por la aplicación de “medidas excepcionales” del Estado, como la dispersión de los presos de ETA en cárceles alejadas de Euskadi y a la que culpan de los 16 muertos provocados en los desplazamientos para visitar a los internos. A la “política penitenciaria” responsabilizan de otras 35 muertes, a las “deportaciones” 9 y a la “inducción al suicidio” 4 más.